Tag: Children’s Health

Estados Unidos sigue siendo uno de los países con más partos prematuros. ¿Se puede solucionar?

El segundo embarazo de Tamara Etienne estuvo lleno de riesgos y preocupaciones desde el principio, exacerbado porque ya había sufrido un aborto espontáneo.

Como maestra de tercer grado en una escuela pública del condado de Miami-Dade, pasaba todo el día parada. Le pesaban las preocupaciones financieras, incluso teniendo seguro de salud y algo de licencia paga.

Y, como mujer negra, toda una vida de racismo la volvió desconfiada de las reacciones impredecibles en la vida diaria. Estaba agotada por el trato despectivo y desigual en el trabajo. Justamente el tipo de estrés que puede liberar cortisol, que, según estudios, aumenta el riesgo de parto prematuro.

“Lo experimento todo el tiempo, no camino sola, o lo hago con alguien a quien debo proteger. Sí, el nivel de cortisol en mi cuerpo es incontable”, expresó.

A los dos meses de embarazo, las náuseas implacables cesaron de repente. “Empecé a sentir que mis síntomas de embarazo estaban desapareciendo”, dijo. Entonces comenzó un extraño dolor de espalda.

Etienne y su esposo corrieron a la sala de emergencias, donde confirmaron que corría un grave riesgo de aborto espontáneo. Una cascada de intervenciones médicas —inyecciones de progesterona, monitoreo fetal en el hogar y reposo en cama— salvó a la niña, que nació a las 37 semanas.

Las mujeres en Estados Unidos tienen más probabilidades de dar a luz prematuramente que las de la mayoría de los países desarrollados. Esto coincide con tasas más altas de mortalidad materno infantil, miles de millones de gastos en cuidado intensivo y a menudo una vida de discapacidad para los prematuros que sobreviven.

Aproximadamente uno de cada 10 nacimientos vivos en 2021 ocurrió antes de las 37 semanas de gestación, según un informe de March of Dimes publicado en 2022. En comparación, investigaciones recientes citan tasas de nacimientos prematuros del 7,4% en Inglaterra y Gales, del 6% en Francia y del 5,8% en Suecia.

En su informe, March of Dimes encontró que las tasas de nacimientos prematuros aumentaron en casi todos los estados de 2020 a 2021. Vermont, con una tasa del 8%, tuvo la calificación más alta del país: una “A-”. Los resultados más sombríos se concentraron en los estados del sur, que obtuvieron calificaciones equivalentes a una “F”, con tasas de nacimientos prematuros del 11,5% o más.

Mississippi (15 %), Louisiana (13,5 %) y Alabama (13,1 %) fueron los estados con peor desempeño. El informe encontró que, en 2021, el 10,9% de los nacidos vivos en Florida fueron partos prematuros, por lo que obtuvo una “D”.

Desde que la Corte Suprema anulara Roe vs. Wade, muchos especialistas temen que la incidencia de nacimientos prematuros se dispare. El aborto ahora está prohibido en al menos 13 estados y estrictamente restringido en otros 12: los estados que restringen el aborto tienen menos proveedores de atención materna, según un reciente análisis de Commonwealth Fund.

Eso incluye Florida, donde los legisladores republicanos han promulgado leyes contra el aborto, incluida la prohibición de realizarlo después de las 15 semanas de gestación.

Florida es uno de los estados menos generosos cuando se trata de seguro médico público. Aproximadamente una de cada 6 mujeres en edad fértil no tiene seguro, lo que dificulta mantener un embarazo saludable. Las mujeres de Florida tienen el doble de probabilidades de morir por causas relacionadas con el embarazo y el parto que las de California.

“Me quita el sueño”, dijo la doctora Elvire Jacques, especialista en medicina materno-fetal del Memorial Hospital en Miramar, Florida.

Jacques explicó que las causas de los partos prematuros son variadas. Alrededor del 25% se inducen médicamente, por condiciones como la preeclampsia. Pero la investigación sugiere que muchos más tendrían sus raíces en una misteriosa constelación de condiciones fisiológicas.

“Es muy difícil identificar que una paciente tendrá un parto prematuro”, dijo Jacques. “Pero sí puedes identificar los factores estresantes en sus embarazos”.

Los médicos dicen que aproximadamente la mitad de todos los nacimientos prematuros debido a factores sociales, económicos y ambientales, y al acceso inadecuado a la atención médica prenatal, se pueden prevenir.

En el Memorial Hospital en Miramar, parte de un gran sistema de atención médica pública, Jacques recibe embarazos de alto riesgo referidos por otros obstetras del sur de Florida.

En la primera cita les pregunta: ¿Con quién vives? ¿Donde duermes? ¿Tienes adicciones? ¿Dónde trabajas? “Si no supiera que trabajan en una fábrica paradas cómo les podría recomendar que usaran medias de compresión para prevenir coágulos de sangre?”.

Jacques instó al gerente de una tienda a que permitiera a su empleada embarazada trabajar sentada. Persuadió a un imán para que le concediera a una futura mamá con diabetes un aplazamiento del ayuno religioso.

Debido a que la diabetes es un factor de riesgo importante, a menudo habla con los pacientes sobre cómo comer de manera saludable. Les pregunta: “De los alimentos que estamos discutiendo, ¿cuál crees que puedes pagar?”.

El acceso a una atención asequible separa a Florida de estados como California y Massachusetts, que tienen licencia familiar paga y bajas tasas de residentes sin seguro; y a Estados Unidos de otros países, dicen expertos en políticas de salud.

En países con atención médica socializada, “las mujeres no tienen que preocuparse por el costo financiero de la atención”, apuntó la doctora Delisa Skeete-Henry, jefa del departamento de obstetricia y ginecología de Broward Health en Fort Lauderdale. Y tienen licencias por maternidad pagas.

Sin embargo, a medida que aumentan los nacimientos prematuros en Estados Unidos, la riqueza no garantiza mejores resultados.

Nuevas investigaciones revelan que, sorprendentemente, en todos los niveles de ingresos, las mujeres negras y sus bebés experimentan resultados de parto mucho peores que sus contrapartes blancas. En otras palabras, todos los recursos que ofrece la riqueza no protegen a las mujeres negras ni a sus bebés de complicaciones prematuras, según el estudio, publicado por la Oficina Nacional de Investigación Económica.

Jamarah Amani es testigo de esto como directora ejecutiva de Southern Birth Justice Network y defensora de la atención de parteras y doulas en el sur de Florida. A medida que evalúa nuevos pacientes, busca pistas sobre los riesgos de nacimiento en los antecedentes familiares, análisis de laboratorio y ecografías. Y se centra en el estrés relacionado con el trabajo, las relaciones, la comida, la familia y el racismo.

“Las mujeres negras que trabajan en ambientes de alto estrés, incluso si no tienen problemas económicos, pueden enfrentar un parto prematuro”, dijo.

Recientemente, cuando una paciente mostró signos de trabajo de parto prematuro, Amani descubrió que su factura de electricidad estaba vencida, y que la empresa amenazaba con cortar el servicio. Amani encontró una organización que pagó la deuda.

De los seis embarazos de Tamara Etienne, dos terminaron en aborto espontáneo y cuatro fueron de riesgo de parto prematuro. Harta de la avalancha de intervenciones médicas, encontró una doula y una partera locales que la ayudaron en el nacimiento de sus dos hijos más pequeños.

“Pudieron guiarme a través de formas saludables y naturales para mitigar todas esas complicaciones”, dijo.

Sus propias experiencias con el embarazo dejaron un profundo impacto en Etienne. Desde entonces, ella misma se ha convertido en una doula.

The US Remains a Grim Leader in Preterm Births. Why? And Can We Fix It?

Tamara Etienne’s second pregnancy was freighted with risk and worry from its earliest days — exacerbated by a first pregnancy that had ended in miscarriage.

A third-grade teacher at an overcrowded Miami-Dade County public school, she spent harried days on her feet. Financial worries weighed heavy, even with health insurance and some paid time off through her job.

And as a Black woman, a lifetime of racism had left her wary of unpredictable reactions in daily life and drained by derogatory and unequal treatment at work. It’s the sort of stress that can release cortisol, which studies have shown heighten the risk for premature labor.

“I’m experiencing it every day, not walking alone, walking with someone I have to protect,” she said. “So the level of cortisol in my body when I’m pregnant? Immeasurable.”

Two months into the pregnancy, the unrelenting nausea suddenly stopped. “I started to feel like my pregnancy symptoms were going away,” she said. Then strange back pain started.

Etienne and her husband rushed to an emergency room, where a doctor confirmed she was at grave risk for a miscarriage. A cascade of medical interventions — progesterone injections, fetal monitoring at home, and bed rest while she took months off work — saved the child, who was born at 37 weeks.

Women in the U.S. are more likely to deliver their babies prematurely than those in most developed countries. It’s a distinction that coincides with high rates of maternal and infant death, billions of dollars in intensive care costs, and often lifelong disabilities for the children who survive.

About 1 in 10 live births in 2021 occurred before 37 weeks of gestation, according to a March of Dimes report released last year. By comparison, research in recent years has cited preterm birth rates of 7.4% in England and Wales, 6% in France, and 5.8% in Sweden.

In its 2022 report card, the March of Dimes found the preterm birth rates increased in nearly every U.S. state from 2020 to 2021. Vermont, with a rate of 8%, merited the nation’s highest grade: an “A-.” The grimmest outcomes were concentrated in the Southern states, which largely earned “F” ratings, with preterm birth rates of 11.5% or higher. Mississippi (15%), Louisiana (13.5%), and Alabama (13.1%) were the worst performers. The March of Dimes report found 10.9% of live births in Florida were delivered preterm in 2021, earning the state a “D” rating.

Since the U.S. Supreme Court overturned Roe v. Wade, many maternal-fetal specialists worry that the incidence of premature birth will soar. Abortion is now banned in at least 13 states and sharply restricted in 12 others — states that restrict abortion have fewer maternal care providers than states with abortion access, according to a recent analysis by the Commonwealth Fund.

That includes Florida, where Etienne lives, and where Republican lawmakers have enacted a series of anti-abortion laws, including a ban on abortion after 15 weeks of gestation. Florida is one of the least generous states when it comes to public health insurance. About 1 in 6 women of childbearing age in Florida are uninsured, making it more difficult to begin a healthy pregnancy. Women are twice as likely to die from pregnancy and childbirth-related causes in Florida than in California.

“I lose sleep over this,” said Dr. Elvire Jacques, a maternal-fetal medicine specialist at Memorial Hospital in Miramar, Florida. “It’s hard to say, I expect [better birth outcomes] when I’m not investing anything from the beginning.”

***

The causes of preterm births are varied. About 25% are medically induced, Jacques said, when the woman or fetus is in distress because of conditions like preeclampsia, a pregnancy-related hypertensive disorder. But research suggests that far more early births are thought to be rooted in a mysterious constellation of physiological conditions.

“It’s very hard to identify that a patient will automatically have a preterm birth,” Jacques said. “But you can definitely identify stressors for their pregnancies.”

Physicians say that roughly half of all preterm births are preventable, caused by social, economic, and environmental factors, as well as inadequate access to prenatal health care. Risk factors include conditions such as diabetes and obesity, as well as more-hidden issues like stress or even dehydration.

At Memorial Hospital in Miramar, part of a large public health care system, Jacques takes on high-risk pregnancies referred from other OB-GYNs in South Florida.

When meeting a patient for the first time she asks: Who else is in your household? Where do you sleep? Do you have substance abuse issues? Where do you work? “If you don’t know that your patient works in a factory [standing] on an assembly line,” she said, “then how are you going to tell her to wear compression socks because that may help her prevent blood clots?”

Jacques has urged a store manager to let her pregnant patient sit while working. She persuaded an imam to grant a mom-to-be with diabetes a reprieve from religious fasting.

Because diabetes is a major risk factor, she often talks with patients about eating healthfully. For those who eat fast food, she asks them to try cooking at home. Instead of, “Can you pay for food?” she asks, “Of the foods we’re discussing, which one do you think you can afford?”

Access to affordable care separates Florida from states like California and Massachusetts — which have paid family leave and low rates of uninsured residents — and separates the U.S. from other countries, health policy experts say.

In countries with socialized health care, “women don’t have to worry about the financial cost of care,” said Dr. Delisa Skeete-Henry, chair of the obstetrics and gynecology department at Broward Health in Fort Lauderdale. “A lot of places have paid leave, [and pregnant patients] don’t have to worry about not being at work.”

Yet, as preterm births rise in the U.S., wealth does not ensure better pregnancy outcomes.

Startling new research shows that at every U.S. income level, Black women and their infants experience far worse birth outcomes than their white counterparts. In other words, all the resources that come with wealth do not protect Black women or their babies from preterm complications, according to the study, published by the National Bureau of Economic Research.

Jamarah Amani has seen this firsthand as executive director of the Southern Birth Justice Network and an advocate for midwifery and doula care in South Florida. As she evaluates new clients, she looks for clues about birth risks in a patient’s family history, lab work, and ultrasounds. She homes in quickly on stress related to work, relationships, food, family, and racism.

“I find Black women working in high-stress environments, even if they are not financially struggling, can face preterm birth,” she said. She develops “wellness plans” that include breathing, meditation, stretching, and walking.

Recently, when a patient showed signs of preterm labor, Amani discovered that her electricity bill was overdue and the utility was threatening to cut service. Amani found an organization to pay off the debt.

Of Tamara Etienne’s six pregnancies, two ended in miscarriage and four were threatened by preterm labor. Fed up with the onslaught of medical interventions, she found a local doula and midwife who helped guide her through the birth of her two youngest children.

“They were able to walk me through healthy, natural ways to mitigate all of those complications,” she said.

Her own pregnancy experiences left a profound impact on Etienne. She has since become a fertility doula herself.

Estrés pandémico, pandillas y miedo impulsaron un aumento de tiroteos adolescentes

Diego nunca imaginó que portaría un arma.

No lo pensó cuando niño, o durante un tiroteo fuera de su casa en el área de Chicago. Tampoco a los 12 años, cuando uno de sus amigos fue baleado.

La mente de Diego cambió a los 14, cuando él y sus amigos estaban listos para ir a la vigilia de Nuestra Señora de Guadalupe. Esa noche, en lugar de cánticos religiosos, escuchó disparos y gritos. Un pandillero le había disparado a dos personas, una de ellas un amigo suyo, quien recibió nueve balazos.

“Mi amigo se estaba desangrando”, dijo Diego, quien le pidió a KHN no utilizar su apellido para proteger su seguridad y privacidad. Mientras su amigo yacía en el suelo, “se estaba ahogando en su propia sangre”.

El ataque dejó al amigo de Diego paralizado de la cintura para abajo. Y a Diego, uno de un número creciente de adolescentes que son testigos de la violencia armada, traumatizado y con miedo de salir a la calle sin un arma.

Investigaciones muestran que los adolescentes expuestos a la violencia armada tienen el doble de probabilidades que otros de cometer un delito violento grave dentro de los dos años luego del trauma, lo que perpetúa un ciclo difícil de romper.

Diego pidió ayuda a sus amigos para tener una pistola y, en un país sobrecargado con armas de fuego, no tuvieron problemas para conseguirle una, que le dieron gratis.

“Me sentí más seguro con el arma”, dijo Diego, que ahora tiene 21 años. “Esperaba no usarla”.

Durante dos años, Diego mantuvo el arma solo como elemento de disuasión. Cuando finalmente apretó el gatillo, cambió su vida para siempre.

Tendencias inquietantes

Los medios de comunicación se centran en gran medida en los tiroteos masivos y el estado mental de las personas que los cometen.

Pero hay una epidemia mucho mayor de violencia armada —particularmente entre los jóvenes negros no hispanos, hispanos (que pueden ser de cualquier raza) y nativos americanos— que atrapa a muchos que ni siquiera tienen edad suficiente para obtener una licencia de conducir.

Estudios muestran que la exposición crónica al trauma puede cambiar la forma en que se desarrolla el cerebro de un niño. El trauma también puede desempeñar un papel central en la explicación de por qué algunos jóvenes buscan protección en las armas y terminan usándolas contra sus compañeros.

La cantidad de niños menores de 18 años que mataron a alguien con un arma de fuego aumentó de 836 en 2019 a 1,150 en 2020.

En la ciudad de Nueva York, la cantidad de jóvenes que mataron a alguien con un arma aumentó más del doble, pasando de 48 delincuentes juveniles en 2019 a 124 en 2022, según datos del departamento de policía de la ciudad.

La violencia armada juvenil aumentó más modestamente en otras ciudades; en muchos lugares, la cantidad de homicidios de adolescentes con armas de fuego subió en 2020, pero desde entonces se ha acercado a los niveles previos a la pandemia.

Investigadores que analizan las estadísticas del crimen enfatizan que los adolescentes no están impulsando el aumento general de la violencia armada, que ha aumentado en todas las edades. En 2020, el 7,5% de los arrestos por homicidio involucraron a menores de 18 años, una proporción ligeramente menor que en años anteriores.

A líderes locales les cuesta encontrar la mejor manera de responder a los tiroteos adolescentes.

Un puñado de comunidades, incluidas Pittsburgh; el condado de Fulton, en Georgia; y el condado de Prince George, en Maryland, han debatido o implementado toques de queda juveniles para frenar la violencia adolescente. Lo que no está en discusión: más personas de 1 a 19 años mueren por violencia armada que por cualquier otra causa.

Una vida de límites

El número devastador de la violencia armada se revela a diario en las salas de emergencia.

En el centro de trauma de UChicago Medicine, la cantidad de heridas de bala en menores de 16 años se ha duplicado en los últimos seis años, dijo el doctor Selwyn Rogers, director fundador del centro. La víctima más joven tenía 2 años.

“Escuchas a la madre gemir o al hermano decir: ‘No es cierto’”, dijo Rogers, quien trabaja con jóvenes locales como vicepresidente ejecutivo del hospital para salud comunitaria. “Tienes que estar presente en ese momento, pero luego salir por la puerta y lidiar con todo de nuevo”.

En los últimos años, el sistema judicial ha luchado por equilibrar la necesidad de seguridad pública con la compasión por los menores, según investigaciones que muestran que el cerebro de una persona joven no madura por completo hasta los 25 años.

La mayoría de los delincuentes jóvenes “superan la edad” del comportamiento delictivo o violento casi al mismo tiempo, a medida que desarrollan más autocontrol y habilidades de pensamiento de largo alcance.

Dr. Selwyn Rogers sits on a chair in a hospital lobby. He wears a white doctor's coat and looks directly at the camera. The room is sunny and spacious.
El doctor Selwyn Rogers es el director fundador del centro de medicina del trauma de UChicago. En los últimos seis años, ha visto duplicarse el número de heridas de bala en menores de 16.(UChicago Medicine)

Sin embargo, los adolescentes acusados de tiroteos a menudo son enjuiciados​​ como adultos, lo que significa que enfrentan castigos más severos, dijo Josh Rovner, director de justicia juvenil en Sentencing Project, que aboga por la reforma del sistema judicial.

En 2019, aproximadamente 53,000 menores fueron acusados como adultos, lo que puede tener graves repercusiones para la salud. Estos adolescentes tienen más probabilidades de ser victimizados mientras están presos, dijo Rovner, y de ser arrestados nuevamente después de quedar libres.

Los jóvenes pueden pasar gran parte de sus vidas en un “aislamiento” impuesto por la pobreza, sin aventurarse más allá de sus vecindarios, aprendiendo poco sobre las oportunidades que existen en el resto del mundo, dijo Rogers. Millones de niños estadounidenses, en particular niños negros no hispanos, latinos y nativos americanos, viven en entornos plagados de pobreza, violencia y consumo de drogas.

La pandemia de covid-19 amplificó todos esos problemas, desde el desempleo hasta la inseguridad alimentaria y de vivienda.

Aunque nadie puede decir con certeza qué provocó el aumento de tiroteos en 2020, la investigación ha relacionado durante mucho tiempo la desesperanza y la falta de confianza en la policía, que aumentó después del asesinato de George Floyd ese año, con un mayor riesgo de violencia comunitaria.

Las ventas de armas se dispararon un 64% entre 2019 y 2020, mientras que se cancelaron muchos programas de prevención de la violencia.

Una de las pérdidas más graves que enfrentaron los niños durante la pandemia fue el cierre de las escuelas durante un año o más, justamente las instituciones que proporcionan tal vez la única fuerza estabilizadora en sus jóvenes vidas.

“La pandemia encendió el fuego debajo de la olla”, dijo Elise White, subdirectora de investigación Center for Justice Innovation, un entidad sin fines de lucro que trabaja con comunidades y sistemas de justicia. “Mirando hacia atrás, es fácil restar importancia ahora a lo incierto que se sintió ese momento [de la pandemia]. Cuanto más insegura se sienta la gente, cuanto más sientan que no hay seguridad a su alrededor, más probable es que porten armas”.

Por supuesto, la mayoría de los niños que experimentan dificultades nunca infringen la ley. Múltiples estudios han encontrado que la mayor parte de la violencia armada es perpetrada por un número relativamente pequeño de personas.

Incluso la presencia de un adulto solidario puede proteger a los niños de involucrarse en la delincuencia, explicó el doctor Abdullah Pratt, médico de emergencias de UChicago Medicine que perdió a su hermano por la violencia con armas de fuego.

Pratt también perdió a cuatro amigos por la violencia con armas durante la pandemia. Los cuatro murieron en su sala de emergencias; uno era el hijo de una enfermera del hospital.

Aunque Pratt creció en una parte de Chicago donde las pandillas callejeras eran comunes, se benefició del apoyo de padres amorosos y fuertes modelos a seguir, como maestros y entrenadores de fútbol americano. A Pratt también lo protegió su hermano mayor, quien lo cuidaba y se aseguraba de que las pandillas dejaran en paz al futuro médico.

“Todo lo que he podido lograr”, dijo Pratt, “es porque alguien me ayudó”.

Crecer en una “zona de guerra”

Diego no tenía adultos en casa que lo ayudaran a sentirse seguro.

A menudo, sus propios padres eran violentos. Una vez, en un ataque de ira por la borrachera, su padre lo agarró por la pierna y lo zarandeó por la habitación, contó Diego; y su madre una vez le arrojó una tostadora a su padre.

A los 12 años, los esfuerzos de Diego para ayudar a la familia a pagar las facturas atrasadas —vendiendo marihuana, y robando autos y apartamentos— llevaron a su padre a echarlo de la casa.

A los 13 años, Diego se unió a una pandilla del barrio. Los pandilleros, que contaron historias similares sobre huir del hogar para escapar del abuso, le dieron comida y un lugar para quedarse. “Éramos como una familia”, dijo Diego. Cuando tenían hambre y no había comida en casa, “íbamos juntos a una gasolinera a robar algo de desayuno”.

Pero Diego, que era más pequeño que la mayoría de los demás, vivía con miedo. A los 16, pesaba solo 100 libras. Los chicos más grandes lo intimidaban y lo golpeaban. Y su exitosa actividad, vender mercadería robada en la calle por dinero en efectivo, llamó la atención de pandilleros rivales, quienes amenazaron con robarle.

Los niños que experimentan violencia crónica pueden desarrollar una “mentalidad de zona de guerra”, volviéndose hipervigilantes ante las amenazas, a veces sintiendo peligro donde no existe, dijo James Garbarino, profesor emérito de psicología en la Universidad de Cornell y la Universidad de Loyola-Chicago.

Los niños que viven con miedo constante tienen más probabilidades de buscar protección en las armas de fuego o en las pandillas. Se puede activar para que tomen medidas preventivas, como disparar un arma sin pensar, contra lo que perciben como una amenaza.

Dr. Abdullah Pratt stands at a reception desk in a medical building. He wears a white doctor's coat and gently smiles at the camera.
El doctor Abdullah Pratt es un médico de emergencias de UChicago Medicine, quien perdió su hermano por la violencia con armas de fuego. Dice que la presencia de un adulto que apoye puede proteger a un menor del criminal.(UChicago Medicine)

“Sus cuerpos están constantemente listos para pelear”, dijo Gianna Tran, subdirectora ejecutiva del East Bay Asian Youth Center en Oakland, California, que trabaja con jóvenes en riesgo.

A diferencia de los perpetradores de tiroteos masivos, que compran armas y municiones porque tienen la intención de asesinar, la mayor parte de la violencia adolescente no es premeditada, dijo Garbarino.

En las encuestas, la mayoría de los jóvenes que portan armas, incluidos los pandilleros, dicen que lo hacen por miedo o para disuadir ataques, en lugar de perpetrarlos. Pero el miedo a la violencia comunitaria, tanto de los rivales como de la policía, puede avivar una carrera armamentista urbana, en la que los menores sienten que solo los tontos no portan armas.

“Fundamentalmente, la violencia es una enfermedad contagiosa”, dijo el doctor Gary Slutkin, fundador de Cure Violence Global, que trabaja para prevenir la violencia comunitaria.

Aunque un pequeño número de adolescentes se vuelven duros y despiadados, Pratt dijo que ve muchos más tiroteos causados ​​por la “pobre resolución de un conflicto” y la impulsividad de los adolescentes en lugar de un deseo de matar.

De hecho, las armas de fuego y un cerebro adolescente inmaduro son una mezcla peligrosa, enfatizó Garbarino. El alcohol y las drogas pueden aumentar el riesgo. Cuando se enfrentan a una situación potencialmente de vida o muerte, pueden actuar sin pensar.

Cuando Diego tenía 16 años, estaba acompañando a una niña a la escuela y se les acercaron tres jóvenes, incluido un pandillero, quien, usando un lenguaje obsceno y amenazante, le preguntó a Diego si también estaba en una pandilla. Diego dijo que trató de pasar de largo, y uno de ellos parecía tener un arma.

“No sabía cómo disparar un arma”, dijo Diego. “Solo quería que huyeran”.

En las noticias sobre el tiroteo, testigos dijeron que escucharon cinco disparos. “Lo único que recuerdo es el sonido de los disparos”, dijo Diego. “Todo lo demás fue en cámara lenta”.

Diego había disparado a dos de los muchachos en las piernas. La niña corrió por un lado y él por otro. La policía lo arrestó en su casa unas horas después. Fue juzgado como adulto, condenado por dos cargos de intento de homicidio y sentenciado a 12 años.

Una segunda oportunidad

En las últimas dos décadas, el sistema judicial ha realizado cambios importantes en la forma en que trata a los niños.

Los arrestos de jóvenes por delitos violentos bajaron dramáticamente un 67% entre 2006 y 2020, y 40 estados han hecho que sea más difícil acusar a menores como adultos.

Los estados también están adoptando alternativas a la cárcel, como hogares grupales que permiten a los adolescentes permanecer en sus comunidades, al tiempo que brindan tratamiento para ayudarlos a cambiar su conducta.

Debido a que Diego tenía 17 años cuando fue sentenciado, fue enviado a un centro de menores, donde recibió terapia por primera vez.

Diego terminó la escuela secundaria mientras estaba tras las rejas, y obtuvo un título de un colegio comunitario. Con otros jóvenes reclusos fue de excursión a teatros y al acuario, lugares en los que nunca había estado. La directora del centro de detención le pidió que la acompañara a eventos sobre la reforma de la justicia juvenil, donde lo invitaron a contar su historia.

Para Diego, esas fueron experiencias reveladoras: se dio cuenta de que había visto muy poco de Chicago, a pesar de que había pasado su vida allí.

“Mientras estás creciendo, lo único que ves es a tu comunidad”, dijo Diego, quien fue liberado después de cuatro años, cuando el gobernador conmutó su sentencia. “Asumes que el mundo entero es así”.

La editora de datos de KHN Holly K. Hacker y la investigadora Megan Kalata contribuyeron con este informe.

Pandemic Stress, Gangs, and Utter Fear Fueled a Rise in Teen Shootings

Diego never imagined he’d carry a gun.

Not as a child, when shots were fired outside his Chicago-area home. Not at age 12, when one of his friends was gunned down.

Diego’s mind changed at 14, when he and his friends were getting ready to walk to midnight Mass for the feast of Our Lady of Guadalupe. But instead of hymns, Diego heard gunfire, and then screaming. A gang member shot two people, including one of Diego’s friends, who was hit nine times.

“My friend was bleeding out,” said Diego, who asked KHN not to use his last name to protect his safety and privacy. As his friend lay on the ground, “he was choking on his own blood.”

The attack left Diego’s friend paralyzed from the waist down. And it left Diego, one of a growing number of teens who witness gun violence, traumatized and afraid to go outside without a gun.

Research shows that adolescents exposed to gun violence are twice as likely as others to perpetrate a serious violent crime within two years, perpetuating a cycle that can be hard to interrupt.

Diego asked his friends for help finding a handgun and — in a country supersaturated with firearms — they had no trouble procuring one, which they gave him free.

“I felt safer with the gun,” said Diego, now 21. “I hoped I wouldn’t use it.”

For two years, Diego kept the gun only as a deterrent. When he finally pulled the trigger, it changed his life forever.

Disturbing Trends

The news media focuses heavily on mass shootings and the mental state of the people who commit them. But there is a far larger epidemic of gun violence — particularly among Black, Hispanic, and Native American youth — ensnaring some kids not even old enough to get a driver’s license.

Research shows that chronic exposure to trauma can change the way a child’s brain develops. Trauma also can play a central role in explaining why some young people look to guns for protection and wind up using them against their peers.

The number of children under 18 who killed someone with a firearm jumped from 836 in 2019 to 1,150 in 2020.

In New York City, the number of young people who killed someone with a gun more than doubled, rising from 48 juvenile offenders in 2019 to 124 in 2022, according to data from the city’s police department.

Youth gun violence increased more modestly in other cities; in many places, the number of teen gun homicides rose in 2020 but has since fallen closer to pre-pandemic levels.

Researchers who analyze crime statistics stress that teens are not driving the overall rise in gun violence, which has increased across all ages. In 2020, 7.5% of homicide arrests involved children under 18, a slightly smaller share than in previous years.

Local leaders have struggled with the best way to respond to teen shootings.

A handful of communities — including Pittsburgh; Fulton County, Georgia; and Prince George’s County, Maryland — have debated or implemented youth curfews to curb teen violence. What’s not in dispute: More people ages 1 to 19 die by gun violence than by any other cause.

A Lifetime of Limits

The devastating toll of gun violence shows up in emergency rooms every day.

At the UChicago Medicine trauma center, the number of gunshot wounds in children under 16 has doubled in the past six years, said Dr. Selwyn Rogers, the center’s founding director. The youngest victim was 2. “You hear the mother wail, or the brother say, ‘It’s not true,’” said Rogers, who works with local youth as the hospital’s executive vice president for community health engagement. “You have to be present in that moment, but then walk out the door and deal with it all over again.”

Dr. Selwyn Rogers sits on a chair in a hospital lobby. He wears a white doctor's coat and looks directly at the camera. The room is sunny and spacious.
Dr. Selwyn Rogers is the founding director of UChicago Medicine’s trauma center. In the past six years, the trauma center has seen the number of gunshot wounds in children under 16 double.(UChicago Medicine)

In recent years, the justice system has struggled to balance the need for public safety with compassion for kids, based on research that shows a young person’s brain doesn’t fully mature until age 25. Most young offenders “age out” of criminal or violent behavior around the same time, as they develop more self-control and long-range thinking skills.

Yet teens accused of shootings are often charged as adults, which means they face harsher punishments than kids charged as juveniles, said Josh Rovner, director of youth justice at the Sentencing Project, which advocates for justice system reform.

About 53,000 juveniles in 2019 were charged as adults, which can have serious health repercussions. These teens are more likely to be victimized while incarcerated, Rovner said, and to be arrested again after release.

Young people can spend much of their lives in a poverty-imposed lockdown, never venturing far beyond their neighborhoods, learning little about opportunities that exist in the wider world, Rogers said. Millions of American children — particularly Black, Hispanic, and Native American kids — live in environments plagued by poverty, violence, and drug use.

The covid-19 pandemic amplified all those problems, from unemployment to food and housing insecurity.

Although no one can say with certainty what spurred the surge in shootings in 2020, research has long linked hopelessness and lack of trust in police — which increased after the murder of George Floyd that year — to an increased risk of community violence. Gun sales soared 64% from 2019 to 2020, while many violence prevention programs shut down.

One of the most serious losses children faced during the pandemic was the closure of schools — institutions that might provide the only stabilizing force in their young lives — for a year or more in many places.

“The pandemic just turned up the fire under the pot,” said Elise White, deputy director of research at the nonprofit Center for Justice Innovation, which works with communities and justice systems. “Looking back, it’s easy to underplay now just how uncertain that time [during the pandemic] felt. The more that people feel uncertain, the more they feel there’s no safety around them, the more likely they are to carry weapons.”

Of course, most children who experience hardship never break the law. Multiple studies have found that most gun violence is perpetrated by a relatively small number of people.

The presence of even one supportive adult can protect children from becoming involved with crime, said Dr. Abdullah Pratt, a UChicago Medicine emergency physician who lost his brother to gun violence.

Pratt also lost four friends to gun violence during the pandemic. All four died in his emergency room; one was the son of a hospital nurse.

Although Pratt grew up in a part of Chicago where street gangs were common, he benefited from the support of loving parents and strong role models, such as teachers and football coaches. Pratt was also protected by his older brother, who looked out for him and made sure gangs left the future doctor alone.

“Everything I’ve been able to accomplish,” Pratt said, “is because someone helped me.”

Growing Up in a ‘War Zone’

Diego had no adults at home to help him feel safe.

His parents were often violent. Once, in a drunken rage, Diego’s father grabbed him by the leg and swung him around the room, Diego said, and his mother once threw a toaster at his father.

At age 12, Diego’s efforts to help the family pay overdue bills — by selling marijuana and stealing from unlocked cars and apartments — led his father to throw him out of the house.

At 13, Diego joined a gang made up of neighborhood kids. Gang members — who recounted similar stories about leaving the house to escape abuse — gave him food and a place to stay. “We were like a family,” Diego said. When the kids were hungry, and there was no food at home, “we’d go to a gas station together to steal some breakfast.”

Dr. Abdullah Pratt stands at a reception desk in a medical building. He wears a white doctor's coat and gently smiles at the camera.
Dr. Abdullah Pratt is a UChicago Medicine emergency physician who lost his brother to gun violence. Pratt says the presence of even one supportive adult can protect children from becoming involved with crime.(UChicago Medicine)

But Diego, who was smaller than most of the others, lived in fear. At 16, Diego weighed only 100 pounds. Bigger boys bullied and beat him up. And his successful hustle — selling stolen merchandise on the street for cash — got the attention of rival gang members, who threatened to rob him.

Children who experience chronic violence can develop a “war zone mentality,” becoming hypervigilant to threats, sometimes sensing danger where it doesn’t exist, said James Garbarino, an emeritus professor of psychology at Cornell University and Loyola University-Chicago. Kids who live with constant fear are more likely to look to firearms or gangs for protection. They can be triggered to take preemptive action — such as firing a gun without thinking — against a perceived threat.

“Their bodies are constantly ready for a fight,” said Gianna Tran, deputy executive director of the East Bay Asian Youth Center in Oakland, California, which works with young people living in poverty, trauma, and neglect.

Unlike mass shooters, who buy guns and ammunition because they’re intent on murder, most teen violence is not premeditated, Garbarino said.

In surveys, most young people who carry guns — including gang members — say they do so out of fear or to deter attacks, rather than perpetrate them. But fear of community violence, both from rivals and the police, can stoke an urban arms race, in which kids feel that only the foolish walk around without a weapon.

“Fundamentally, violence is a contagious disease,” said Dr. Gary Slutkin, founder of Cure Violence Global, which works to prevent community violence.

Although a small number of teens become hardened and remorseless, Pratt said, he sees far more shootings caused by “poor conflict resolution” and teenage impulsivity rather than a desire to kill.

Indeed, firearms and an immature teenage brain are a dangerous mix, Garbarino said. Alcohol and drugs can magnify the risk. When confronted with a potentially life-or-death situation, kids may act without thinking.

When Diego was 16, he was walking a girl to school and they were approached by three boys, including a gang member who, using obscene and threatening language, asked if Diego was also in a gang. Diego said he tried to walk past the boys, one of whom appeared to have a gun.

“I didn’t know how to fire a gun,” Diego said. “I just wanted them to get away.”

In news accounts of the shooting, witnesses said they heard five gunshots. “The only thing I remember is the sound of the shots,” Diego said. “Everything else was going in slow motion.”

Diego had shot two of the boys in the legs. The girl ran one way, and he ran another. Police arrested Diego at home a few hours later. He was tried as an adult, convicted of two counts of attempted homicide, and sentenced to 12 years.

A Second Chance

In the past two decades, the justice system has made major changes in the way it treats children.

Youth arrests for violent crime plummeted 67% from 2006 to 2020, and 40 states have made it harder to charge minors as adults. States also are adopting alternatives to incarceration, such as group homes that allow teens to remain in their communities, while providing treatment to help them change their behavior.

Because Diego was 17 when he was sentenced, he was sent to a juvenile facility, where he received therapy for the first time.

Diego finished high school while behind bars and went on to earn an associate’s degree from a community college. He and other young inmates went on field trips to theaters and the aquarium — places he had never been. The detention center director asked Diego to accompany her to events about juvenile justice reform, where he was invited to tell his story.

Those were eye-opening experiences for Diego, who realized he had seen very little of Chicago, even though he had spent his life there.

“Growing up, the only thing you see is your community,” said Diego, who was released after four years in detention, when the governor commuted his sentence. “You assume that is what the whole world is like.”

KHN data editor Holly K. Hacker and researcher Megan Kalata contributed to this report.

Pandemic Stress, Gangs, and Utter Fear Fueled a Rise in Teen Shootings

Diego never imagined he’d carry a gun.

Not as a child, when shots were fired outside his Chicago-area home. Not at age 12, when one of his friends was gunned down.

Diego’s mind changed at 14, when he and his friends were getting ready to walk to midnight Mass for the feast of Our Lady of Guadalupe. But instead of hymns, Diego heard gunfire, and then screaming. A gang member shot two people, including one of Diego’s friends, who was hit nine times.

“My friend was bleeding out,” said Diego, who asked KHN not to use his last name to protect his safety and privacy. As his friend lay on the ground, “he was choking on his own blood.”

The attack left Diego’s friend paralyzed from the waist down. And it left Diego, one of a growing number of teens who witness gun violence, traumatized and afraid to go outside without a gun.

Research shows that adolescents exposed to gun violence are twice as likely as others to perpetrate a serious violent crime within two years, perpetuating a cycle that can be hard to interrupt.

Diego asked his friends for help finding a handgun and — in a country supersaturated with firearms — they had no trouble procuring one, which they gave him free.

“I felt safer with the gun,” said Diego, now 21. “I hoped I wouldn’t use it.”

For two years, Diego kept the gun only as a deterrent. When he finally pulled the trigger, it changed his life forever.

Disturbing Trends

The news media focuses heavily on mass shootings and the mental state of the people who commit them. But there is a far larger epidemic of gun violence — particularly among Black, Hispanic, and Native American youth — ensnaring some kids not even old enough to get a driver’s license.

Research shows that chronic exposure to trauma can change the way a child’s brain develops. Trauma also can play a central role in explaining why some young people look to guns for protection and wind up using them against their peers.

The number of children under 18 who killed someone with a firearm jumped from 836 in 2019 to 1,150 in 2020.

In New York City, the number of young people who killed someone with a gun more than doubled, rising from 48 juvenile offenders in 2019 to 124 in 2022, according to data from the city’s police department.

Youth gun violence increased more modestly in other cities; in many places, the number of teen gun homicides rose in 2020 but has since fallen closer to pre-pandemic levels.

Researchers who analyze crime statistics stress that teens are not driving the overall rise in gun violence, which has increased across all ages. In 2020, 7.5% of homicide arrests involved children under 18, a slightly smaller share than in previous years.

Local leaders have struggled with the best way to respond to teen shootings.

A handful of communities — including Pittsburgh; Fulton County, Georgia; and Prince George’s County, Maryland — have debated or implemented youth curfews to curb teen violence. What’s not in dispute: More people ages 1 to 19 die by gun violence than by any other cause.

A Lifetime of Limits

The devastating toll of gun violence shows up in emergency rooms every day.

At the UChicago Medicine trauma center, the number of gunshot wounds in children under 16 has doubled in the past six years, said Dr. Selwyn Rogers, the center’s founding director. The youngest victim was 2. “You hear the mother wail, or the brother say, ‘It’s not true,’” said Rogers, who works with local youth as the hospital’s executive vice president for community health engagement. “You have to be present in that moment, but then walk out the door and deal with it all over again.”

Dr. Selwyn Rogers sits on a chair in a hospital lobby. He wears a white doctor's coat and looks directly at the camera. The room is sunny and spacious.
Dr. Selwyn Rogers is the founding director of UChicago Medicine’s trauma center. In the past six years, the trauma center has seen the number of gunshot wounds in children under 16 double.(UChicago Medicine)

In recent years, the justice system has struggled to balance the need for public safety with compassion for kids, based on research that shows a young person’s brain doesn’t fully mature until age 25. Most young offenders “age out” of criminal or violent behavior around the same time, as they develop more self-control and long-range thinking skills.

Yet teens accused of shootings are often charged as adults, which means they face harsher punishments than kids charged as juveniles, said Josh Rovner, director of youth justice at the Sentencing Project, which advocates for justice system reform.

About 53,000 juveniles in 2019 were charged as adults, which can have serious health repercussions. These teens are more likely to be victimized while incarcerated, Rovner said, and to be arrested again after release.

Young people can spend much of their lives in a poverty-imposed lockdown, never venturing far beyond their neighborhoods, learning little about opportunities that exist in the wider world, Rogers said. Millions of American children — particularly Black, Hispanic, and Native American kids — live in environments plagued by poverty, violence, and drug use.

The covid-19 pandemic amplified all those problems, from unemployment to food and housing insecurity.

Although no one can say with certainty what spurred the surge in shootings in 2020, research has long linked hopelessness and lack of trust in police — which increased after the murder of George Floyd that year — to an increased risk of community violence. Gun sales soared 64% from 2019 to 2020, while many violence prevention programs shut down.

One of the most serious losses children faced during the pandemic was the closure of schools — institutions that might provide the only stabilizing force in their young lives — for a year or more in many places.

“The pandemic just turned up the fire under the pot,” said Elise White, deputy director of research at the nonprofit Center for Justice Innovation, which works with communities and justice systems. “Looking back, it’s easy to underplay now just how uncertain that time [during the pandemic] felt. The more that people feel uncertain, the more they feel there’s no safety around them, the more likely they are to carry weapons.”

Of course, most children who experience hardship never break the law. Multiple studies have found that most gun violence is perpetrated by a relatively small number of people.

The presence of even one supportive adult can protect children from becoming involved with crime, said Dr. Abdullah Pratt, a UChicago Medicine emergency physician who lost his brother to gun violence.

Pratt also lost four friends to gun violence during the pandemic. All four died in his emergency room; one was the son of a hospital nurse.

Although Pratt grew up in a part of Chicago where street gangs were common, he benefited from the support of loving parents and strong role models, such as teachers and football coaches. Pratt was also protected by his older brother, who looked out for him and made sure gangs left the future doctor alone.

“Everything I’ve been able to accomplish,” Pratt said, “is because someone helped me.”

Growing Up in a ‘War Zone’

Diego had no adults at home to help him feel safe.

His parents were often violent. Once, in a drunken rage, Diego’s father grabbed him by the leg and swung him around the room, Diego said, and his mother once threw a toaster at his father.

At age 12, Diego’s efforts to help the family pay overdue bills — by selling marijuana and stealing from unlocked cars and apartments — led his father to throw him out of the house.

At 13, Diego joined a gang made up of neighborhood kids. Gang members — who recounted similar stories about leaving the house to escape abuse — gave him food and a place to stay. “We were like a family,” Diego said. When the kids were hungry, and there was no food at home, “we’d go to a gas station together to steal some breakfast.”

Dr. Abdullah Pratt stands at a reception desk in a medical building. He wears a white doctor's coat and gently smiles at the camera.
Dr. Abdullah Pratt is a UChicago Medicine emergency physician who lost his brother to gun violence. Pratt says the presence of even one supportive adult can protect children from becoming involved with crime.(UChicago Medicine)

But Diego, who was smaller than most of the others, lived in fear. At 16, Diego weighed only 100 pounds. Bigger boys bullied and beat him up. And his successful hustle — selling stolen merchandise on the street for cash — got the attention of rival gang members, who threatened to rob him.

Children who experience chronic violence can develop a “war zone mentality,” becoming hypervigilant to threats, sometimes sensing danger where it doesn’t exist, said James Garbarino, an emeritus professor of psychology at Cornell University and Loyola University-Chicago. Kids who live with constant fear are more likely to look to firearms or gangs for protection. They can be triggered to take preemptive action — such as firing a gun without thinking — against a perceived threat.

“Their bodies are constantly ready for a fight,” said Gianna Tran, deputy executive director of the East Bay Asian Youth Center in Oakland, California, which works with young people living in poverty, trauma, and neglect.

Unlike mass shooters, who buy guns and ammunition because they’re intent on murder, most teen violence is not premeditated, Garbarino said.

In surveys, most young people who carry guns — including gang members — say they do so out of fear or to deter attacks, rather than perpetrate them. But fear of community violence, both from rivals and the police, can stoke an urban arms race, in which kids feel that only the foolish walk around without a weapon.

“Fundamentally, violence is a contagious disease,” said Dr. Gary Slutkin, founder of Cure Violence Global, which works to prevent community violence.

Although a small number of teens become hardened and remorseless, Pratt said, he sees far more shootings caused by “poor conflict resolution” and teenage impulsivity rather than a desire to kill.

Indeed, firearms and an immature teenage brain are a dangerous mix, Garbarino said. Alcohol and drugs can magnify the risk. When confronted with a potentially life-or-death situation, kids may act without thinking.

When Diego was 16, he was walking a girl to school and they were approached by three boys, including a gang member who, using obscene and threatening language, asked if Diego was also in a gang. Diego said he tried to walk past the boys, one of whom appeared to have a gun.

“I didn’t know how to fire a gun,” Diego said. “I just wanted them to get away.”

In news accounts of the shooting, witnesses said they heard five gunshots. “The only thing I remember is the sound of the shots,” Diego said. “Everything else was going in slow motion.”

Diego had shot two of the boys in the legs. The girl ran one way, and he ran another. Police arrested Diego at home a few hours later. He was tried as an adult, convicted of two counts of attempted homicide, and sentenced to 12 years.

A Second Chance

In the past two decades, the justice system has made major changes in the way it treats children.

Youth arrests for violent crime plummeted 67% from 2006 to 2020, and 40 states have made it harder to charge minors as adults. States also are adopting alternatives to incarceration, such as group homes that allow teens to remain in their communities, while providing treatment to help them change their behavior.

Because Diego was 17 when he was sentenced, he was sent to a juvenile facility, where he received therapy for the first time.

Diego finished high school while behind bars and went on to earn an associate’s degree from a community college. He and other young inmates went on field trips to theaters and the aquarium — places he had never been. The detention center director asked Diego to accompany her to events about juvenile justice reform, where he was invited to tell his story.

Those were eye-opening experiences for Diego, who realized he had seen very little of Chicago, even though he had spent his life there.

“Growing up, the only thing you see is your community,” said Diego, who was released after four years in detention, when the governor commuted his sentence. “You assume that is what the whole world is like.”

KHN data editor Holly K. Hacker and researcher Megan Kalata contributed to this report.

Journalists Discuss Insulin Prices, Gun Violence, Distracted Driving, and More

Midwest KHN correspondent Bram Sable-Smith discussed the Eli Lilly news on insulin prices on “PBS NewsHour” and insulin prices on Slate’s “What Next” on March 1.


KHN contributor Andy Miller discussed Georgia’s legislative wrap-up including Medicaid work requirements on Georgia Public Broadcasting’s “Lawmakers” on Feb. 28. He also discussed health care for foster children on WUGA’s “The Georgia Health Report” on Feb. 3.


Senior KHN correspondent Julie Appleby discussed how the end of the public health emergency will affect costs for covid-19 vaccines, treatments, and masks on KMOX’s “Health Matters” on Feb. 25.


KHN correspondent Cara Anthony discussed the youngest victims of gun violence and those who dig their graves on America’s Heroes Group on Feb. 25.


KHN contributor Eric Berger discussed distracted driving laws and why Missouri still doesn’t have one on St. Louis Public Radio’s “St. Louis on the Air” on Feb 24.


Schools Struggle With Lead in Water While Awaiting Federal Relief

PHILIPSBURG, Mont. — On a recent day in this 19th-century mining town turned tourist hot spot, students made their way into the Granite High School lobby and past a new filtered water bottle fill station.

Water samples taken from the drinking fountain the station replaced had a lead concentration of 10 parts per billion — twice Montana’s legal limit for schools of 5 parts per billion for the toxic metal.

Thomas Gates, the principal and superintendent of the small Philipsburg School District, worries the new faucets, sinks, and filters the district installed for roughly 30 water sources are temporary fixes. The high school, built in 1912, is likely laced with aged pipes and other infrastructure, like so much of this historic town.

“If we change faucets or whatever, lead is still getting pushed in,” Gates said.

The school in Philipsburg is one of hundreds in Montana grappling with how to remove lead from their water after state officials mandated schools test for it. So far, 74% of schools that submitted samples found at least one faucet or drinking fountain with high lead levels. Many of those schools are still trying to trace the source of the problem and find the money for long-term fixes.

In his Feb. 7 State of the Union address, President Joe Biden said the infrastructure bill he championed in 2021 will help fund the replacement of lead pipes that serve “400,000 schools and child care centers, so every child in America can drink clean water.”

Chris Cornelius stands in front of a filtered water bottle station in a school hallway.
Chris Cornelius, head custodian of Philipsburg Public Schools, stands at a filtered water bottle fill station that replaced a drinking fountain with a lead concentration of 10 parts per billion — twice Montana’s legal limit of 5 per billion.(Katheryn Houghton / KHN)

However, as of mid-February, states were still waiting to hear how much infrastructure money they’ll receive, and when. And schools are trying to figure out how to respond to toxic levels of lead now. The federal government hasn’t required schools and child care centers to test for lead, though it has awarded grants to states for voluntary testing.

During the past decade, nationwide unease has been stirred by news of unsafe drinking water in places like Flint, Michigan. Politicians have promised to increase checks in schools where kids — who are especially vulnerable to lead poisoning — drink water daily. Lead poisoning slows children’s development, causing learning, speech, and behavioral challenges. The metal can cause organ and nervous system damage.

A new report by advocacy group Environment America Research & Policy Center showed that most states fall short in providing oversight for lead in schools. And the testing that has happened to this point shows widespread contamination from rural towns to major cities.

At least 19 states require schools to test for lead in drinking water. A 2022 law in Colorado requires child care providers and schools that serve any kids from preschool through fifth grade to test their drinking water by May 31 and, if needed, make repairs. Meanwhile, California leaders, who mandated lead testing in schools in 2017, are considering requiring districts to install filters on water sources with high levels of lead.

As states boost scrutiny, schools are left with complicated and expensive fixes.

As it passed the infrastructure bill, Congress set aside $15 billion to replace lead pipes, and $200 million for lead testing and remediation in schools.

White House spokesperson Abdullah Hasan didn’t provide the source of the 400,000 figure Biden cited as the number of schools and child care centers slated for pipe replacement. Several clean-water advocacy organizations didn’t know where the number came from, either.

Part of the issue is that no one knows how many lead pipes are funneling drinking water into schools.

The Environmental Protection Agency estimates between 6 million and 10 million lead service lines are in use nationwide. Those are the small pipes that connect water mains to plumbing systems in buildings. Other organizations say there could be as many as 13 million.

But the problem goes beyond those pipes, said John Rumpler, senior director for the Clean Water for America Campaign at Environment America.

Typically lead pipes connected to public water systems are too small to serve larger schools. Water contamination in those buildings is more likely to come from old faucets, fountains, and internal plumbing.

“Lead is contaminating schools’ drinking water” when there aren’t lead pipes connecting to a municipal water source, Rumpler said. Because of their complex plumbing systems, schools have “more places along the way where lead can be in contact with water.”

Montana has collected more data on lead-contaminated school water than most other states. But gaps remain. Of the state’s 591 schools, 149 haven’t submitted samples to the state, despite an initial 2021 deadline.

Jon Ebelt, spokesperson with the Montana Department of Public Health and Human Services, said the state made its deadline flexible due to the covid-19 pandemic and is working with schools that need to finish testing.

Greg Montgomery, who runs Montana’s lead monitoring program, said sometimes testing stalled when school districts ran into staff turnover. Some smaller districts have one custodian to make sure testing happens. Larger districts may have maintenance teams for the work, but also have a lot more ground to cover.

Outside Burley McWilliams’ Missoula County Public Schools office, about 75 miles northwest of Philipsburg, sit dozens of water samples in small plastic bottles for a second round of lead testing. Director of operations and maintenance for the district of roughly 10,000 students, McWilliams said lead has become a weekly topic of discussion with his schools’ principals, who have heard concerns from parents and employees.

Several of the district’s schools had drinking fountains and classroom sinks blocked off with bags taped over faucets, signs of the work left to do.

The district spent an estimated $30,000 on initial fixes for key water sources by replacing parts like faucets and sinks. The school received federal covid money to buy water bottle stations to replace some old infrastructure. But if the new parts don’t fix the problem, the district will likely need to replace pipes — which isn’t in the budget.

The state initially set aside $40,000 for schools’ lead mitigation, which McWilliams said translated to about $1,000 for his district.

“That’s the one frustration that I had with this process: There’s no additional funding for it,” McWilliams said. He hopes state or federal dollars come through soon. He expects the latest round of testing to be done in March.

Montgomery said Feb. 14 that he expects to hear “any day now” what federal funding the state will receive to help reimburse schools for lead mitigation.

Back in Philipsburg, Chris Cornelius, the schools’ head custodian, has a handwritten list on his desk of all the water sources with high lead levels. The sink in the corner of his office has a new sign saying in bold letters that “the water is not safe to drink.”

According to state data, half the 55 faucets in the high school building had lead concentrations high enough to need to be fixed, replaced, or shut off.

Cornelius worked to fix problem spots: new sinks in the gym locker rooms, new faucets and inlet pipes on every fixture that tested high, water bottle fill stations with built-in filtration systems like the one in the school’s lobby.

Chris Cornelius is leaning over a sink examining a faucet which he has removed. In his other hand, he holds a wrench.
Chris Cornelius, head custodian of Philipsburg Public Schools in Montana, checks a faucet filter in a home economics classroom. Despite a new faucet and inlet pipes, this sink is one of several in the district that continue to show lead levels beyond the state’s threshold. (Katheryn (Katheryn Houghton / KHN)

Samples from many fixtures tested safe. But some got worse, meaning in parts of the building, the source of the problem goes deeper.

Cornelius was preparing to test a third time. He plans to run the water 12 to 14 hours before the test and remove faucet filters that seem to catch grime coming from below. He hopes that will lessen the concentration enough to pass the state’s thresholds.

The EPA recommends collecting water samples for testing at least eight hours after the fixtures were last used, which “maximizes the likelihood that the highest concentrations of lead will be found.”

If the water sources’ lead concentrations come back high again, Cornelius doesn’t know what else to do.

“I have exhausted possibilities at this point,” Cornelius said. “My last step is to put up more signs or shut it off.”

KHN correspondent Rachana Pradhan contributed to this report.

Surprise-Billing Law Loophole: When ‘Out of Network’ Doesn’t Quite Mean Out of Network

It was the first day of her family’s vacation in the San Juan Islands last June when Danielle Laskey, who was 26 weeks pregnant, thought she was leaking amniotic fluid.

A registered nurse, Laskey called her OB-GYN back home in Seattle, who said to seek immediate care. Staff members at a nearby emergency department found no leakage. But her OB-GYN still wanted to see her as soon as possible.

Laskey and her husband, Jacob, made the three-hour trip to the Swedish Maternal & Fetal Specialty Center-First Hill. Laskey had sought the clinic’s specialized care for this pregnancy, her second, after a dangerous complication with her first: The placenta had become embedded in the uterine muscles.

Back in Seattle, doctors at the clinic found Laskey’s water had broken early, posing a serious risk to her and the fetus, and ordered her immediate admission to Swedish Medical Center/First Hill. She delivered her son after seven weeks in the hospital. Though she was treated for multiple postpartum complications, she was well enough to be discharged the next day. Her son, who is healthy, went home a month later.

Laskey soon developed a fever and body aches, and she was told by her OB-GYN to go to Swedish’s emergency department. She said doctors there wanted to admit her when she arrived Aug. 20 and scheduled a procedure for Aug. 26 to remove a fragment of placenta that her body had not eliminated on its own.

Laskey, who had already spent weeks away from her 3-year-old daughter, chose to go home. She returned for the procedure, which went well, and she was home the same day.

Then the bills came.

The Patient: Danielle Laskey, 31, was covered by a state-sponsored plan offered by her employer, a local school district, and administered by Regence BlueShield.

Medical Service: In-patient hospital services for 51 days, plus a one-day stay that included a second placenta removal procedure.

Service Provider: Swedish Medical Center/First Hill, part of Providence Health & Services, a large, nonprofit, Catholic health system.

Total Bill: Swedish, through Regence, billed about $120,000 in cost sharing for Laskey’s initial hospitalization and about $15,000 for her second visit and procedure.

What Gives: The specialized clinic caring for Laskey before her hospital admission was in her insurance plan’s network. The clinic’s doctors admit patients only to Swedish Medical Center, one of the Seattle area’s only specialized providers for Laskey’s condition — which, given that connection, she assumed was also in the network.

So after being urgently admitted to Swedish, Laskey believed her bills would be largely covered, with the couple expected to pay $2,000 at most for their portion of in-network care because of her plan’s out-of-pocket cost limit.

It turned out Swedish was out of network for Laskey’s plan and, at first, Regence determined that Laskey’s hospitalizations were not emergencies. In November, a Regence case manager initially told Jacob that Laskey’s lengthy hospitalization was an emergency admission and out-of-network charges would not apply. But then she called back and said the charges would apply after all, because Laskey had not come in through the emergency department.

Both Washington state and federal laws prohibit insurers and providers from billing patients for out-of-network charges in emergency situations. The couple said neither Swedish nor Regence told them before or during the two hospitalizations that Swedish was out of network, and that they never knowingly signed anything agreeing to accept out-of-network charges.

Jacob, who works as a psychiatrist at a different hospital, said he mentioned the surprise-billing laws to the case manager, but she replied that the laws did not apply to his family’s situation.

It was only after Regence was contacted by KHN that the insurer explained its reasoning to the reporter: Regence said the Swedish hospital, while out of network for Danielle, had a broader contract with the insurer as a “participating provider” and so the insurer was not in violation of surprise-billing laws by approving Swedish’s out-of-network coinsurance charges.

The broader contract allowed Swedish to bill members of any Regence plan who receive out-of-network services there 50% coinsurance — the patient’s portion of the overall cost the insurer allows the provider to charge — with no out-of-pocket maximum for the patient.

What’s the difference between a hospital that’s “in network” and one that’s a “participating provider”? In this case, by contracting with Regence as an out-of-network but also participating provider, Swedish straddled the line between being in and out of network — designations that traditionally indicate whether a provider has a contract with an insurer or not.

Setting the terms with an insurer for providing its members emergency or other care appears to allow hospitals to sidestep new surprise-billing laws that prevent out-of-network providers from charging high, unpredictable rates in emergencies, according to government and private-sector medical billing experts.

Experts said they had not heard of out-of-network providers evading surprise-billing laws by being contracted as “participating providers” until KHN asked about Laskey’s case.

Ellen Montz, director of the Center for Consumer Information and Insurance Oversight at the Centers for Medicare & Medicaid Services, said that under the federal No Surprises Act the definition of a “participating” emergency facility that’s subject to the law’s surprise billing protections depends on whether the facility has a contract with the insurer specifying the terms and conditions under which an emergency service is provided to a plan member.

Matthew Fiedler, a senior fellow at the University of Southern California-Brookings Schaeffer Initiative for Health Policy who studies out-of-network billing, said Laskey’s case seems to fall into a “weird” gray area of the state and federal laws protecting patients from out-of-network charges in emergency situations.

If there had been no contract between Regence and Swedish, the laws clearly would have prohibited those charges. But since there was a contract specifying a 50% coinsurance rate when Swedish was out of network for a particular Regence plan, those laws legally may not apply, Fiedler said.

After he declined to apply for the hospital’s financial assistance program, Jacob said Swedish also notified the couple in November that they had two months to pay or be sent to collections.

Natalie Kozimor, a spokesperson for Providence Swedish, said the hospital disagreed with “some of the details and characterizations of events” presented by the Laskeys, though she did not specify what those were. She said Swedish assisted Danielle with her appeal to Regence.

“We had no luck with Swedish taking any role or responsibility with regard to our billing or advocating on our behalf,” Jacob said. “They basically just referred us to their financial department to put us on a payment plan.”

A photo shows a woman taking care of an infant baby lying on a padded floor mat.
Danielle Laskey at her home just outside Seattle, with her infant son.(Ryan Henriksen for KHN)

The Resolution: In December, the couple appealed Regence’s approval of Swedish’s out-of-network charges for the 51-day hospitalization, claiming it was an emergency and that there was no in-network hospital with the expertise to treat her condition. They also filed a complaint with the state insurance commissioner’s office.

The office told KHN that the “participating provider” contract does not override the laws barring out-of-network charges in emergency situations. “Danielle had an emergency and Regence acknowledges it was an emergency, so she cannot be balance-billed,” said Stephanie Marquis, public affairs director for the Washington state Office of the Insurance Commissioner.

On Jan. 13, Regence said it would grant the Laskeys’ appeal to cover the first hospitalization as an in-network service, erasing the biggest part of Swedish’s bill but still leaving the family on the hook for the $15,000 bill for Danielle’s second visit and procedure.

On Jan. 27, two days after KHN contacted Regence and Swedish about Danielle Laskey’s case, a Regence representative called and informed her that her second hospitalization also would be reclassified as an in-network service.

Ashley Bach, a Regence spokesperson, confirmed to KHN that both stays now will be covered as emergency, in-network services, eliminating Swedish’s coinsurance charges. But in what appears to be contrary to the insurance commissioner’s stance, he said the bills had not violated state or federal laws prohibiting out-of-network charges in emergency situations because of the contract with Swedish covering all its plans.

“Under the Washington state and federal balance-billing laws, the definitions of whether a provider is considered in network hinges on whether there is a contract with a specific provider,” Bach said.

The Takeaway: More than a year after the federal surprise-billing law took effect, patients can still get hammered by surprise bills resulting from health plans’ limited provider networks and ambiguities about what is considered emergency medical care. The loopholes are out there, and patients like Laskey are just discovering them.

Washington state Rep. Marcus Riccelli, chair of the House Health Care and Wellness Committee, said he will ask the state’s public and private insurers what steps they could take to avoid provider network gaps and out-of-network billing surprises like this. He said he will also review whether there is a loophole in state law that needs to be closed by the legislature.

Fiedler said policymakers need to consider addressing what looks like a major gap in the new laws protecting consumers from surprise bills, since it’s possible that other insurers across the country have similar contracts with hospitals. “Potentially this is a significant loophole, and it’s not what lawmakers were aiming for,” he said.

Congress might have to fix the problem, since the federal agencies that administer the No Surprises Act may not have authority to do anything about it, he added.

Bruce Alexander, a CMS spokesperson, said the Departments of Health & Human Services, Labor, and Treasury are looking into this issue. While the agencies can’t predict whether a new rule or guidance will be needed to address it, he said, “they remain committed to protecting consumers from surprise medical bills.”

In the meantime, patients, even in emergencies, should ask their doctors before a hospital admission whether the hospital is in their plan network, out of network, or (watch for these words) a “participating provider.”

As the Laskeys discovered, hospital billing departments may offer little help in resolving surprise billing. So, while it is worth contesting questionable charges to the provider, it’s also usually an option to quickly appeal to your state insurance department or commissioner.

Bill of the Month is a crowdsourced investigation by KHN and NPR that dissects and explains medical bills. Do you have an interesting medical bill you want to share with us? Tell us about it!

The Kids Are Not OK

The Host

Teen girls “are experiencing record high levels of violence, sadness, and suicide risk,” according to a new survey from the Centers for Disease Control and Prevention. In 2021, according to the survey, nearly 3 in 5 U.S. teen girls reported feeling “persistently sad or hopeless.”

Meanwhile, a conservative judge in Texas has delayed his ruling in a case that could ban a key drug used in medication abortion. A group of anti-abortion doctors is suing to challenge the FDA’s approval decades ago of the abortion pill mifepristone.

This week’s panelists are Julie Rovner of KHN, Alice Miranda Ollstein of Politico, Joanne Kenen of the Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health and Politico, and Sandhya Raman of CQ Roll Call.

Among the takeaways from this week’s episode:

  • American teenagers reported record rates of sadness in 2021, with especially high levels of depression in girls and teens identifying as LGBTQ+, according to a startling CDC report. Sexual violence, mass shootings, cyberbullying, and climate change are among the intensifying problems plaguing young people.
  • New polling shows more Americans are dissatisfied with abortion policy than ever before, as a U.S. district court judge in Texas makes a last call for arguments on the fate of mifepristone. The case is undermining confidence in continued access to the drug, and many providers are discussing using only misoprostol for medication abortions. Misoprostol is used with mifepristone in the current two-drug regimen but is safe and effective, though slightly less so, when used on its own.
  • There are big holes in federal health privacy protections, and some companies that provide health care, like mental health services, exploit those loopholes to sell personal, identifying information about their customers. And this week, Republican Gov. Glenn Youngkin of Virginia blocked a state law that would have banned search warrants for data collected by menstrual tracking apps.
  • California plans to manufacture insulin, directly taking on high prices for the diabetes drug. While other states have expressed interest in following suit, it will likely be up to wealthy, populous California to prove the concept.

Plus, for “extra credit” the panelists suggest health policy stories they read this week that they think you should read, too:

Julie Rovner: NPR’s “Is the Deadly Fungi Pandemic in ‘The Last of Us’ Actually Possible?” by Michaeleen Doucleff

Alice Ollstein: The New York Times’ “Childbirth Is Deadlier for Black Families Even When They’re Rich, Expansive Study Finds,” by Claire Cain Miller, Sarah Kliff, and Larry Buchanan; interactive produced by Larry Buchanan and Shannon Lin

Joanne Kenen: NPR’s “In Tennessee, a Medicaid Mix-Up Could Land You on a ‘Most Wanted’ List,” by Blake Farmer

Sandhya Raman: Bloomberg Businessweek’s “Zantac’s Maker Kept Quiet About Cancer Risks for 40 Years,” by Anna Edney, Susan Berfield, and Jef Feeley

Also mentioned in this week’s podcast:


To hear all our podcasts, click here.

And subscribe to KHN’s What the Health? on SpotifyApple PodcastsStitcherPocket Casts, or wherever you listen to podcasts.

More Young Colorado Children Are Consuming Marijuana Despite Efforts to Stop Them

The number of children — especially very young ones — ingesting marijuana is rising in Colorado despite regulations meant to keep edibles out of kids’ hands, and state leaders said they have no plans to revisit those rules this year.

The number of reports the Rocky Mountain Poison and Drug Safety office received of kids age 5 or younger exposed to marijuana skyrocketed from 56 in 2017 to 151 in 2021. By 2021, this age group made up nearly half of all marijuana exposures — in which the drug is ingested, inhaled, or absorbed through the skin — reported to the office, which is part of the nonprofit Denver Health organization.

In each of those five years, children were most often accidentally exposed by eating edibles — gummies, cookies, drinks, and other products infused with the psychoactive chemical tetrahydrocannabinol, or THC — and not by inhaling smoke or consuming the drug in other forms, like capsules or tinctures. In 2017, 35 children age 5 or younger were unintentionally exposed to marijuana through edibles, compared with 97 in 2021. Exposures don’t necessarily mean the children were poisoned or overdosed, according to the poison and drug safety office.

Marijuana exposures among children are increasing nationwide, with Colorado playing a notable role in this trend. However, the federal government has yet to create uniform protocols, and Colorado health officials haven’t conveyed any plans to revise the regulations meant to prevent children from consuming marijuana.

“Marijuana laws and regulations are regularly evaluated by lawmakers, state agencies, local agencies and the various stakeholders,” Shannon Gray, a spokesperson at the Marijuana Enforcement Division, which regulates the marijuana industry in the state, wrote in an email to KHN. “A top priority is preventing youth access and to the extent we see opportunity in rules to address youth access, we do so.”

Since legalized recreational marijuana sales began in 2014, Colorado has implemented a handful of directives to stop children from mistaking these products for safe, delicious sweets.

Regulations state that:

  • No edibles may be manufactured in the shape of a human, an animal, or a fruit.
  • All edibles must be sold in child-resistant packaging.
  • “Candy” or “candies” isn’t allowed on packaging.
  • Advertising must not include cartoon characters, or anything else meant to appeal to children.
  • The universal THC symbol (! THC) must be on all packaging and stamped on all edible products.

Data from Rocky Mountain Poison and Drug Safety does not distinguish between incidents involving marijuana sold by licensed retailers and those involving marijuana from sources that don’t follow the state’s packaging rules, state health department spokesperson Gabi Johnston told KHN.

When asked whether the mandates are effective, Gray said the Marijuana Enforcement Division has “observed material compliance with these regulations” among marijuana businesses.

Regulation changes could be considered, including those proposed by state legislators, Gray said. But no forthcoming bills concern edible mandates, according to Jarrett Freedman, spokesperson for the Colorado House of Representatives majority. Democrats control both houses of the state legislature.

One limitation of regulating marijuana packaging is that most children 5 and younger can’t read, said Dr. Marit Tweet, a medical toxicologist at the Southern Illinois University School of Medicine. And, she said, many parents don’t know how to store marijuana safely.

The state health department has worked to address this knowledge gap through its Retail Marijuana Education program, established in 2014 to teach the public about safe, legal, and responsible cannabis use. One fact sheet advises parents to store marijuana in a locked area, keep products in child-resistant packaging, and avoid using marijuana around children.

Public health officials also launched a series of marijuana education campaigns in 2018 targeting new parents and adults who influence kids’ behavior. Between fiscal years 2015 and 2020, the department spent roughly $22.8 million on those efforts.

It’s hard to say exactly how well marijuana regulations in states like Colorado are working, said Tweet. “It’s possible if those regulations weren’t in place that the numbers would be even higher.”

What’s happening in Colorado is part of a national trend. In a study published in January, researchers looked at the number of children younger than 6 who ingested marijuana edibles nationwide from 2017 to 2021. They found 207 reported cases in 2017. In 2021, that number rose to 3,054 cases, according to data from the National Poison Data System.

The legalization of cannabis has likely played a significant role in the rise of accidental child exposures, said Tweet, a co-author of the study. “It’s more readily available and more of an opportunity for the children to get into.”

Parents may also feel less stigma nowadays in reaching out to poison centers and health clinics, she said.

To understand what factors are driving these numbers, more research is needed into marijuana regulations and the number of child exposures nationwide, said Tweet.