Tagged Disparities

Centros comunitarios de salud obtienen fondos a largo plazo

Luego de tres meses de espera, los centros comunitarios de salud obtuvieron un financiamiento clave a largo plazo, como parte de la legislación que firmó el presidente Donald Trump el viernes 9 de febrero para mantener al Gobierno en funcionamiento.

El Community Health Center Program sirve a 27 millones de personas en casi 10,000 clínicas sin fines de lucro en todo el país, la mayoría de las cuales se encuentran en áreas rurales y urbanas de bajos ingresos.

La legislación les otorga a los centros $3.8 mil millones para este año, y $4 mil millones en 2019.

En los últimos años, el Congreso ha asignado $3.6 mil millones anuales para los centros de salud. Eso representa alrededor del 20% de los presupuestos de las clínicas; gran parte del resto proviene de reembolsos por servicios. Defensores y directores de los centros aseguran que este dinero es fundamental para proporcionar servicios que no siempre están cubiertos por Medicare, Medicaid, o por seguros privados, incluidos los de salud mental y abuso de sustancias, transporte y visitas domiciliarias.

Se esperaba que el Congreso renovara el financiamiento a largo plazo para los centros el 22 de enero cuando los legisladores votaron el financiamiento por seis años del Programa de Seguro de Salud Infantil (CHIP). Uno de cada 10 niños cubiertos por CHIP recibe la mayor parte de su atención en un centro comunitario de salud.

Pero ese proyecto no se ocupó de los centros. Aunque el dinero federal se agotó el 1 de octubre, un parche presupuestario anterior les proporcionó fondos temporales hasta el 31 de marzo.

“Estamos atrapados en la disfunción política de Washington”, dijo una semana atrás Carmela Castellano-García, directora ejecutiva de la Asociación de Atención Primaria de California. “Estos centros son un salvavidas para millones de personas, especialmente en las zonas rurales, donde pueden ser el único proveedor de atención médica en millas a la redonda”.

Castellano-García dijo que el impasse presupuestario había obligado a muchos centros en el estado a congelar las contrataciones, posponer expansiones de servicios y utilizar las reservas financieras.

A nivel nacional, el 20% de los centros de salud ya habían congelado contratos, y el 4% despedido personal. Agregó que otro 53% podría haber despedido a empleados si no hubieran recibido los fondos federales, según una encuesta sobre centros de salud comunitarios realizada por la Universidad George Washington e investigadores de la Kaiser Family Foundation, publicada hace pocos días. (Kaiser Health News es un programa editorialmente independiente de la fundación).

Dan Hawkins, vicepresidente senior de la Asociación Nacional de Centros Comunitarios de Salud, con sede en Bethesda, Maryland, y expertos en políticas de salud, especularon que la razón del impasse en la asignación de fondos para los centros pudo ser por desacuerdos en el nivel de financiación y la cantidad de años. Según informes, los demócratas presionaron para que fuera de cinco o seis años, pero los republicanos pueden haber preferido un período más breve. Los senadores Debbie Stabenow (demócrata de Michigan) y Roy Blunt (republicano de Missouri), lideraron este debate.

Para los líderes de los centros comunitarios, y para los pacientes, la nueva asignación de fondos es un alivio.

California tiene la red de centros de salud más grande del país. Uno de cada 6 californianos -6,5 millones de personas- reciben atención médica en los cerca de 1,300 centros alrededor del estado. La mitad está inscrita en Medi-Cal, el programa estatal de Medicaid.

Dave Jones, director ejecutivo de Mountain Valleys Health Centers, que opera seis clínicas comunitarias cerca de la ciudad de Redding en el norte de California, dijo que podrían haber enfrentado el cierre de uno de sus seis locales de no haber recibido el dinero federal.

Anderson Valley Health Center, en Boonville, California, enfrentó la misma situación. El pequeño centro atiende a 2,800 pacientes por año, el 45% de los cuales son trabajadores agrícolas de bajos ingresos.

Chloë Guazzone-Rugebregt, directora ejecutiva del centro, dijo que la renovación de su edificio estaba esperando la señal de los fondos federales.

MMaría Soto, de 72 años, y su esposo Efrén, de 77, sus seis hijos adultos y 13 nietos, se atienden en el Anderson Valley Health Center, en Boonville, California. (Esther Soto/Cortesía de María Soto)

María Soto, de 72 años y su esposo, Efrén, de 77, junto con sus seis hijos adultos y sus 13 nietos, reciben atención en Anderson. Los abuelos Soto, ambos jubilados, tienen Medicare. El resto de la familia tiene seguro privado o está inscrito en Medi-Cal.

“La clínica juega un papel muy importante en nuestras vidas”, dijo María Soto. “Confiamos en este centro de salud para todos nuestros cuidados regulares. No tengo idea de a dónde iríamos si tuviera que cerrar”.

Charles Allbaugh y Paula Tomko, quienes dirigen Central Virginia Health Services, dijeron que también se han demorado en contratar personal y expandir los servicios en su red de 16 clínicas que atienden a 43,000 residentes de Virginia, a la espera del resultado del debate sobre los fondos.

“El Congreso juega al fútbol político con nosotros”, dijo Tomko. “No es la forma en que deberían funcionar las cosas”.

Jean Grutzius estuvo de acuerdo. Su madre de 97 años se atiende en una de las clínicas de Tomko, cerca de la pequeña ciudad de Bumpass.

“Sin la clínica, estaríamos en grandes problemas”, dijo Grutzius. Su madre, Eleanor Ciombor, está ciega y sorda, en silla de ruedas y toma múltiples medicamentos, incluso para una afección psiquiátrica. Ciombor, quien vive con su hija, está inscrita tanto en Medicare como en Medicaid. Su único ingreso es $900 por mes del Seguro Social.

“Recibe una gran atención [en la clínica] y nos cuesta poco”, dijo Grutzius, quien tiene 75 años y también vive con un ingreso fijo. “No podría pagar de otra manera. Estoy rezando para que el centro obtenga la financiación que necesita”.

Los fondos para los centros fueron apoyados sólidamente por la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA). Entre 2010 y 2016, ese financiamiento impulsó un aumento del 50% en el número de locales de centros de salud en todo el país y un incremento del 33% en el número de pacientes atendidos.

Los centros de salud también participaron activamente en el registro de personas para los mercados de seguros de ACA y para Medicaid en los estados que ampliaron ese programa bajo el Obamacare.

Sin embargo, a pesar de la creciente división partidista sobre ACA, los legisladores votaron abrumadoramente -y en un acuerdo bipartidista- en 2015 para extender los fondos del centro de salud al nivel de $3.6 mil millones anuales durante dos años adicionales.

“Estos son dólares federales muy bien gastados, y $3.6 mil millones no es un gran gasto federal”, dijo Peter Shin, profesor asociado de políticas y gestión de salud en la Universidad George Washington, en Washington, DC. “De hecho, hay un fuerte argumento de por qué deberían obtener más dinero”.

Shin dijo que la investigación muestra que los centros ahorran dinero al gobierno federal a largo plazo. Lo hacen proporcionando atención primaria, preventiva y prenatal de rutina que mantiene a las personas fuera del hospital y previene las costosas visitas a las salas de emergencias.

El experto dijo que, según un estimado, los centros de salud ahorran al gobierno federal casi $25 mil millones anuales en costos para los afiliados de Medicare y Medicaid.

Centros comunitarios de salud obtienen fondos a largo plazo

Luego de tres meses de espera, los centros comunitarios de salud obtuvieron un financiamiento clave a largo plazo, como parte de la legislación que firmó el presidente Donald Trump el viernes 9 de febrero para mantener al Gobierno en funcionamiento.

El Community Health Center Program sirve a 27 millones de personas en casi 10,000 clínicas sin fines de lucro en todo el país, la mayoría de las cuales se encuentran en áreas rurales y urbanas de bajos ingresos.

La legislación les otorga a los centros $3.8 mil millones para este año, y $4 mil millones en 2019.

En los últimos años, el Congreso ha asignado $3.6 mil millones anuales para los centros de salud. Eso representa alrededor del 20% de los presupuestos de las clínicas; gran parte del resto proviene de reembolsos por servicios. Defensores y directores de los centros aseguran que este dinero es fundamental para proporcionar servicios que no siempre están cubiertos por Medicare, Medicaid, o por seguros privados, incluidos los de salud mental y abuso de sustancias, transporte y visitas domiciliarias.

Se esperaba que el Congreso renovara el financiamiento a largo plazo para los centros el 22 de enero cuando los legisladores votaron el financiamiento por seis años del Programa de Seguro de Salud Infantil (CHIP). Uno de cada 10 niños cubiertos por CHIP recibe la mayor parte de su atención en un centro comunitario de salud.

Pero ese proyecto no se ocupó de los centros. Aunque el dinero federal se agotó el 1 de octubre, un parche presupuestario anterior les proporcionó fondos temporales hasta el 31 de marzo.

“Estamos atrapados en la disfunción política de Washington”, dijo una semana atrás Carmela Castellano-García, directora ejecutiva de la Asociación de Atención Primaria de California. “Estos centros son un salvavidas para millones de personas, especialmente en las zonas rurales, donde pueden ser el único proveedor de atención médica en millas a la redonda”.

Castellano-García dijo que el impasse presupuestario había obligado a muchos centros en el estado a congelar las contrataciones, posponer expansiones de servicios y utilizar las reservas financieras.

A nivel nacional, el 20% de los centros de salud ya habían congelado contratos, y el 4% despedido personal. Agregó que otro 53% podría haber despedido a empleados si no hubieran recibido los fondos federales, según una encuesta sobre centros de salud comunitarios realizada por la Universidad George Washington e investigadores de la Kaiser Family Foundation, publicada hace pocos días. (Kaiser Health News es un programa editorialmente independiente de la fundación).

Dan Hawkins, vicepresidente senior de la Asociación Nacional de Centros Comunitarios de Salud, con sede en Bethesda, Maryland, y expertos en políticas de salud, especularon que la razón del impasse en la asignación de fondos para los centros pudo ser por desacuerdos en el nivel de financiación y la cantidad de años. Según informes, los demócratas presionaron para que fuera de cinco o seis años, pero los republicanos pueden haber preferido un período más breve. Los senadores Debbie Stabenow (demócrata de Michigan) y Roy Blunt (republicano de Missouri), lideraron este debate.

Para los líderes de los centros comunitarios, y para los pacientes, la nueva asignación de fondos es un alivio.

California tiene la red de centros de salud más grande del país. Uno de cada 6 californianos -6,5 millones de personas- reciben atención médica en los cerca de 1,300 centros alrededor del estado. La mitad está inscrita en Medi-Cal, el programa estatal de Medicaid.

Dave Jones, director ejecutivo de Mountain Valleys Health Centers, que opera seis clínicas comunitarias cerca de la ciudad de Redding en el norte de California, dijo que podrían haber enfrentado el cierre de uno de sus seis locales de no haber recibido el dinero federal.

Anderson Valley Health Center, en Boonville, California, enfrentó la misma situación. El pequeño centro atiende a 2,800 pacientes por año, el 45% de los cuales son trabajadores agrícolas de bajos ingresos.

Chloë Guazzone-Rugebregt, directora ejecutiva del centro, dijo que la renovación de su edificio estaba esperando la señal de los fondos federales.

MMaría Soto, de 72 años, y su esposo Efrén, de 77, sus seis hijos adultos y 13 nietos, se atienden en el Anderson Valley Health Center, en Boonville, California. (Esther Soto/Cortesía de María Soto)

María Soto, de 72 años y su esposo, Efrén, de 77, junto con sus seis hijos adultos y sus 13 nietos, reciben atención en Anderson. Los abuelos Soto, ambos jubilados, tienen Medicare. El resto de la familia tiene seguro privado o está inscrito en Medi-Cal.

“La clínica juega un papel muy importante en nuestras vidas”, dijo María Soto. “Confiamos en este centro de salud para todos nuestros cuidados regulares. No tengo idea de a dónde iríamos si tuviera que cerrar”.

Charles Allbaugh y Paula Tomko, quienes dirigen Central Virginia Health Services, dijeron que también se han demorado en contratar personal y expandir los servicios en su red de 16 clínicas que atienden a 43,000 residentes de Virginia, a la espera del resultado del debate sobre los fondos.

“El Congreso juega al fútbol político con nosotros”, dijo Tomko. “No es la forma en que deberían funcionar las cosas”.

Jean Grutzius estuvo de acuerdo. Su madre de 97 años se atiende en una de las clínicas de Tomko, cerca de la pequeña ciudad de Bumpass.

“Sin la clínica, estaríamos en grandes problemas”, dijo Grutzius. Su madre, Eleanor Ciombor, está ciega y sorda, en silla de ruedas y toma múltiples medicamentos, incluso para una afección psiquiátrica. Ciombor, quien vive con su hija, está inscrita tanto en Medicare como en Medicaid. Su único ingreso es $900 por mes del Seguro Social.

“Recibe una gran atención [en la clínica] y nos cuesta poco”, dijo Grutzius, quien tiene 75 años y también vive con un ingreso fijo. “No podría pagar de otra manera. Estoy rezando para que el centro obtenga la financiación que necesita”.

Los fondos para los centros fueron apoyados sólidamente por la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA). Entre 2010 y 2016, ese financiamiento impulsó un aumento del 50% en el número de locales de centros de salud en todo el país y un incremento del 33% en el número de pacientes atendidos.

Los centros de salud también participaron activamente en el registro de personas para los mercados de seguros de ACA y para Medicaid en los estados que ampliaron ese programa bajo el Obamacare.

Sin embargo, a pesar de la creciente división partidista sobre ACA, los legisladores votaron abrumadoramente -y en un acuerdo bipartidista- en 2015 para extender los fondos del centro de salud al nivel de $3.6 mil millones anuales durante dos años adicionales.

“Estos son dólares federales muy bien gastados, y $3.6 mil millones no es un gran gasto federal”, dijo Peter Shin, profesor asociado de políticas y gestión de salud en la Universidad George Washington, en Washington, DC. “De hecho, hay un fuerte argumento de por qué deberían obtener más dinero”.

Shin dijo que la investigación muestra que los centros ahorran dinero al gobierno federal a largo plazo. Lo hacen proporcionando atención primaria, preventiva y prenatal de rutina que mantiene a las personas fuera del hospital y previene las costosas visitas a las salas de emergencias.

El experto dijo que, según un estimado, los centros de salud ahorran al gobierno federal casi $25 mil millones anuales en costos para los afiliados de Medicare y Medicaid.

Upsurge Of Suburban Poor Discover Health Care’s Nowhere Land

The promise of cheaper housing brought Shari Castaneda to Palmdale, Calif., in northern Los Angeles County, about nine years ago.

The single mom with five kids had been struggling to pay the bills. “I kept hearing that the rent was a lot cheaper out here, so I moved,” she said.

But when she developed health problems — losing her balance and falling — Castaneda found fewer care options in her new town. Unable to find local specialty care, she traveled nearly 65 miles to a public hospital in Los Angeles, where doctors discovered a tumor on her spine.

Then she had to drive nearly 75 miles to the City of Hope cancer center in Duarte, Calif., for an operation to remove the growth. The procedure left her partially paralyzed. “I walked into the hospital and I never really walked again.”

Castaneda, 58, receives Social Security disability payments and is enrolled in Medi-Cal, the state’s Medicaid program for low-income people. “There are no doctors available here,” said Castaneda. “I called every single one of them in the book, and nobody takes Medi-Cal out here.” Instead, Castaneda now sees doctors nearly 50 miles away in Northridge.

Suburbs in the United States, often perceived as enclaves of the affluent, are home to nearly 17 million Americans who live in poverty — more than in cities or rural areas — and growing demand for care strains the capacity of suburban health services to provide for them, according to a recent study in Health Affairs. Suburban areas have historically received a fraction of health funding that cities have, leaving them with inadequate infrastructure and forcing people like Castaneda to scramble for the medical attention they need.

The Health Affairs study found that about a fifth of the suburban poor are uninsured, and many who do have health insurance — especially people on Medi-Cal — either can’t find providers or must travel far for appointments.

The Affordable Care Act cut California’s uninsured rate from 17 percent in 2013 to about 7 percent last year due largely to the Medicaid expansion, which added more than 3.7 million adults to the state’s Medi-Cal rolls. But that has not ensured access to health care for millions of suburbanites, said Alina Schnake-Mahl, a doctoral candidate at the Harvard T.H. Chan School of Public Health in Boston, who was lead author of the Health Affairs study.

“That really goes against the idea that everyone in the suburbs is insured because everyone has a white-collar job with coverage,” she said.

Coverage doesn’t equate to care even for patients with Medi-Cal, as Castaneda can attest. Before the health law, they had trouble finding doctors who would see them because of Medi-Cal’s low payment rates. That problem intensified as millions more signed up for Medi-Cal, driving many enrollees to seek services at safety-net care facilities.

Health care services in the suburbs “are not robust enough to fill the needs” of a growing low-income population, said Charlie Gillig, supervising attorney at the Health Consumer Center of Neighborhood Legal Services of Los Angeles County, which has advised Castaneda about medical transportation services under Medi-Cal.

One-half of California’s 39 million residents live in suburbs, and rates of poverty among them range from nearly 25 percent around Bakersfield, in the Central Valley, to about 8 percent in the suburbs outside San Francisco, according to an analysis by Elizabeth Kneebone, research director at University of California-Berkeley’s Terner Center for Housing Innovation and a senior fellow at the Brookings Institution. The same analysis showed that 2.7 million suburban Californians lived below the poverty line in 2016, compared with 1.9 million in major cities.

Castaneda, who uses an oversized power wheelchair, says it’s difficult — “often impossible” — to arrange for a ride in a van. Getting to the doctor has become a long, painful ordeal.

And that’s if she can even schedule a visit, said Castaneda, noting that she also faces long wait times for her doctor in Northridge, a suburb that has seen an influx of patients from poorer areas. “You can’t get an appointment when you’re sick … so I’ve just been waiting and waiting,” she said. “They told me, ‘If you get sick enough, just go to the emergency room.’”

Of course, it can also be tough to get a clinic appointment or see a specialist in cities, but in the suburbs, Gillig said, “geography exacerbates an already existing problem.”

In his recent book on the changing geography of poverty, Scott Allard, a professor of public policy and governance at the University of Washington, showed that funding for human services was as much as eight times higher in urban areas than in the suburbs.

California’s metropolitan areas have had many decades to build up massive health care systems to serve the poor, including county hospitals, federally qualified health centers and community clinics. But the current scale of suburban poverty is a recent development.

Policymakers struggle to serve the health needs of cities in eastern Contra Costa County, about 50 miles from San Francisco. In Oakley, for example, business and community leaders lobbied hard for a new health center, which opened in 2011.

“There’s a huge need out here, especially for people who are undocumented or uninsured. They don’t have anywhere else to go,” said Leticia Cazares, regional manager for La Clinica, which operates the new health center. The clinic has two doctors and a nurse practitioner to serve 3,000 patients, most of whom are on Medi-Cal.

Many of the people who visit community clinics like the one in Oakley lack insurance, either because they are undocumented immigrants or because they make too much money to qualify for Medi-Cal — or subsidized coverage under Obamacare — and can’t afford it on their own.

Alex G.’s family fits both scenarios. Her husband, Edward, and 8-year-old son — also named Alex — are U.S. citizens, but she is an undocumented immigrant. The family lives in Brentwood, a town of about 60,000 in eastern Contra Costa County.

A 32-year-old community college student who declined to give her last name for fear of deportation, Alex has applied for permanent residency — a long process with an uncertain outcome.

Her husband has “a good job” as a programmer of industrial machines. He has employer-based insurance, but it covers only him. For Alex and her son to be covered, the family would have to pay $1,200 a month. Given California’s high cost of living, “we just can’t afford to pay that,” Alex said. Her husband’s salary of $70,000 is too high for Medi-Cal or Obamacare subsidies.

Alex recently experienced sharp stomach pains and had to wait several days for a mobile clinic that parks in front of a nearby community center once a week.

Whenever her son has an ear infection or a fever, Alex takes him to the free mobile clinic. “Not having insurance, I worry all the time about him getting sick,” she said.