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Más pruebas para COVID, pero esperas demasiado largas por los resultados

El 15 de junio, Elliot Truslow fue a una farmacia CVS en Tucson, Arizona, para hacerse el test para el coronavirus. El hisopado nasal en el sitio de pruebas al paso tardó menos de 15 minutos.

Más de 22 días después, el estudiante graduado de la Universidad de Arizona todavía estaba esperando los resultados.

Primero le dijeron que tomaría de dos a cuatro días. Después, CVS dijo cinco o seis. El sexto día, la farmacia estimó que los tendría en 10.

Elliot Truslow fue a hacerse el test a un sitio de pruebas al paso en Tucson, Arizona, el 15 de junio. El 22 todavía estaba esperando los resultados.(Courtesy of Elliot Truslow)

“Es indignante”, dijo Truslow, de 30 años, que ha estado en cuarentena en su casa desde que fue a una manifestación de apoyo a Black Lives Matter en su universidad. Truslow nunca ha tenido síntomas. En este punto, los resultados de la prueba ya casi no importan.

La experiencia de Truslow es un ejemplo extremo de las crecientes y a menudo terribles esperas de los resultados de las pruebas para COVID-19 en los Estados Unidos.

En un hospital, los pacientes pueden tenerlos en un día. Pero las personas que se hacen las pruebas en clínicas de urgencias, en centros de salud comunitarios, farmacias y sitios de pruebas al paso que maneja el gobierno suelen esperar una semana o más.

Durante la primavera, la espera era de cuatro a cinco días.

Esto significa que los pacientes, y sus médicos, no tienen la información necesaria para saber si deben modificar conductas. Expertos en salud aconsejan a las personas que, mientras esperan, actúen como si tuvieran COVID-19, lo que significa que deben ponerse en cuarentena y evitar estar cerca de otras personas.

Pero reconocen que esto no es realista si la gente tiene que esperar una semana o más.

La alcaldesa de Atlanta, Keisha Lance Bottoms, quien anunció el lunes 6 de julio que había dado positivo para el virus, se quejó de que esperó ocho días por sus resultados en una entrevista en MSNBC el miércoles 8.

Durante ese tiempo, tuvo una serie de reuniones con funcionarios y electores de la Ciudad: “cosas que yo habría hecho de otra manera si hubiera sabido que había un resultado positivo en mi casa”, dijo en el programa Morning Joe.

“Por la lentitud en tener los resultados es que estamos en esta espiral ascendente de casos”, remarcó.

Esta lentitud también podría retrasar el regreso de los estudiantes a los campus escolares este otoño. Y ya está evitando que algunos equipos profesionales de béisbol entrenen a finales de julio.

Los retrasos podrían incluso frustrar el plan de Hawaii para recibir a más turistas. El estado había estado exigiendo a los visitantes que permanecieran en cuarentena durante 14 días, pero anunció el mes pasado que a partir del 1 de agosto se levantaría el mandato para los viajeros que pudieran demostrar que habían dado negativo para COVID en los tres días anteriores a su arribo a las islas.

En California, el gobernador Gavin Newsom habló de este problema con periodistas el miércoles 8. “Realmente estábamos progresando como nación, no solo como estado, y ahora estamos empezando a ver retrasos de varios días”, dijo.

Los retrasos incluso afectan a personas en poblaciones vulnerables de alto riesgo, dijo Newsom, citando un brote masivo en la prisión estatal de San Quintín, que ha estado enviando sus pruebas al laboratorio Quest.

El estado ahora está considerando asociarse con laboratorios locales, con la esperanza de que puedan proporcionar una respuesta más rápida.

El doctor Amesh Adalja, experto en enfermedades infecciosas del Centro Johns Hopkins para la Seguridad de la Salud en Baltimore, dijo que las largas esperas complican la respuesta nacional a la pandemia.

“Neutralizan la utilidad de la prueba”, dijo. “Necesitamos encontrar una manera de hacer que las pruebas sean más rápidas para que las personas sepan si pueden reanudar sus actividades normales o volver al trabajo”.

El problema es que los laboratorios que las realizan están abrumados por la demanda, que se ha disparado en el último mes.

“Reconocemos que los resultados de estas pruebas contienen información necesaria para guiar tratamientos y los esfuerzos de salud pública”, dijo Julie Khani, presidenta de la Asociación Americana de Laboratorios Clínicos, un grupo comercial.

Azza Altiraifi de Vienna, Virginia, se hizo el test para COVID en un CVS el 1 de julio. El 7 de julio todavía estaba esperando los resultados. Todavía tiene síntomas, incluyendo fatiga.(Courtesy of Azza Altiraifi)

La doctora Temple Robinson, CEO del Bond Community Health Center en Tallahassee, Florida, dijo que los resultados de las pruebas pasaron de estar en tres días a 10 en las últimas semanas.

Muchos pacientes pobres no tienen la capacidad de aislarse fácilmente porque viven en hogares pequeños con muchas personas. “La gente está tratando de cumplir con las reglas, pero no se les está dando las herramientas para ayudarlas si no saben si dieron positivo o negativo”, dijo.

Robinson no culpa a los grandes laboratorios. “Nadie estaba preparado para este volumen de pruebas”, dijo. “Es un momento muy aterrador”.

Azza Altiraifi, de 26 años, de Vienna, Virginia, lo sabe muy bien. Comenzó a sentirse enferma y con problemas para respirar el 28 de junio. A los pocos días tuvo escalofríos y dolor en las articulaciones, y luego una sensación de punción en los pies. Fue al CVS de su vecindario para hacerse la prueba el 1 de julio. Todavía estaba esperando el resultado.

Lo más frustrante de su situación es que su esposo es paramédico y su empleador no le permite ir a trabajar porque puede haber estado expuesto al virus. Su esposo se hizo la prueba el 6 de julio y está esperando noticias. No ha presentado síntomas.

Charlie Rice-Minoso, vocero de CVS Health, dijo que los pacientes esperan en promedio de cinco a siete días por los resultados. “Hay más espera a medida que aumenta la demanda de pruebas”, dijo.

En el sur de Florida, el Distrito de Atención Médica del condado de Palm Beach, que ha examinado a decenas de miles de pacientes desde marzo, dijo que los resultados demoran entre siete y nueve días.

CityMD, una gran cadena de atención de urgencias en el área de la ciudad de Nueva York, les dice a los pacientes que probablemente tengan que esperar al menos siete días para obtener resultados debido a demoras en Quest Diagnostics.

Quest Diagnostics, uno de los laboratorios más grandes de los Estados Unidos, dijo que el tiempo promedio ha aumentado de cuatro a seis días en las últimas dos semanas. La compañía ha realizado casi 7 millones de pruebas para COVID este año.

“Quest está haciendo todo lo posible para agregar capacidad de prueba en medio de esta crisis y las demandas sin precedentes”, dijo la vocera Kimberly Gorode.

En Treasure Coast Community Health, en Vero Beach, Florida, les dicen a los pacientes que deben esperar de 10 a 12 días por los resultados.

La directora ejecutiva, Vicki Soule, dijo que Treasure Coast está inundada de llamadas diarias de pacientes que quieren conocer sus resultados.

“La ansiedad está en aumento”, expresó.

Julie Hall, de 48 años, de Chantilly, Virginia, se hizo la prueba el 27 de junio en un centro de atención de urgencias después de enterarse que su esposo había dado positivo para COVID-19 mientras se preparaba para la cirugía de reemplazo de cadera.

Estaba consternada por tener que esperar hasta el 3 de julio para obtener una respuesta. Hall dijo que ni ella ni su esposo presentaron síntomas. La mujer resultó negativa.

“Pero fue horrible por la incógnita y no saber si había expuesto a alguien más”, dijo sobre la cuarentena en casa esperando los resultados. “Cada vez que estornudabas, alguien decía ‘COVID’ a pesar de que te sentías completamente bien”.

La corresponsal Anna Maria Barry-Jester en California colaboró con esta historia.

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La tasa de vacunación contra la culebrilla aumenta, pero muchos quedan atrás

Preocupada por el alto costo del copago por la vacuna contra el herpes zóster (culebrilla), Jacky Felder, una beneficiaria de Medicare, optó por no vacunarse el año pasado.

Hace un mes, la mujer de Green Bay, Wisconsin, desarrolló la enfermedad: un sarpullido doloroso y picazón en el abdomen. “Afortunadamente, he tenido un caso bastante leve, pero he pasado una semana y media con mucho dolor”, dijo Felder, de 69 años.

Felder no está sola. A nivel nacional, alrededor del 35% de las personas de 60 años o más fueron vacunadas contra la culebrilla en 2018, comparado con el 7% en 2008, según un informe de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) lanzado el 9 de julio.

Sin embargo, el informe también muestra que los adultos de bajos ingresos y aquéllos que son de raza negra o hispanos (de todas las razas) tienen muchas menos probabilidades de vacunarse que los blancos no hispanos.

Alrededor del 39% de los adultos blancos no hispanos recibieron la vacuna contra el herpes zóster en 2018, en comparación con solo cerca del 19% de los adultos hispanos y de raza negra, según el informe.

Estos hallazgos son consistentes con las disparidades que existen con otras vacunas para adultos.

Los adultos con ingresos por debajo del nivel federal de pobreza ($12,760 anuales para un individuo) tienen solo la mitad de probabilidades de vacunarse que aquéllos con ingresos anuales de más de $25,000, revela el informe.

Cara James, CEO de la organización sin fines de lucro Grantmakers in Health y ex directora de la Oficina de Salud de las Minorías en los Centros para Servicios de Medicare & Medicaid (CMS), dijo que los las personas de raza negra y los hispanos son más propensos que los blancos no hispanos a no tener seguro médico o un proveedor de salud regular, lo que puede explicar sus tasas de vacunación más bajas.

También es probable que no tengan dinero para pagar la inyección.

Estas tasas de vacunación más bajas pueden tener un nuevo impacto negativo si se desarrolla una vacuna para COVID-19, analizó James.

Aunque están en mayor riesgo de contraer el coronavirus y experimentan casos más graves de COVID-19, es posible que estas comunidades no estén primeras en la fila para vacunarse debido a los costos y otros factores.

La culebrilla es causada por el mismo virus de la varicela, que puede permanecer inactivo en el cuerpo durante años. En uno de cada tres adultos, el virus puede reactivarse como culebrilla, y a menudo se presenta como una erupción cutánea dolorosa en cualquier parte del cuerpo.

El fabricante de medicamentos Merck ofreció la primera vacuna contra la culebrilla, llamada Zostavax, en los Estados Unidos, en 2006. A finales de 2017, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) aprobó una vacuna más moderna y más efectiva, Shingrix, y este mes Merck dejó de vender la suya.

Shingrix, desarrollada por GlaxoSmithKline, es 97% efectiva para prevenir la enfermedad en adultos de 50 a 69 años, en comparación con aproximadamente 51% en el caso de Zostavax. Los CDC recomiendan que todas las personas mayores de 50 años, incluidas las que fueron vacunadas con Zostavax, reciban Shingrix. No se requiere receta médica.

La Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA) requirió que los servicios de salud preventivos, incluidas las vacunas, se ofrecieran a las personas con seguro médico sin costos de bolsillo. Pero los beneficiarios de Medicare fueron excluidos en esta norma.

Aunque los beneficiarios de Medicare reciben vacunas gratuitas para la gripe y la neumonía, a menudo tienen que pagar de su bolsillo por otras vacunas, incluida la de la culebrilla. Los pagos los establece el plan de medicamentos que tengan.

El doctor William Schaffner, experto en enfermedades infecciosas de la Universidad de Vanderbilt en Nashville, dijo que recomienda que sus pacientes reciban la vacuna Shingrix antes de cumplir 65 años y de inscribirse en Medicare. Schaffner culpa al Congreso por agregar costos de vacunas para las personas con Medicare.

“Hemos visto que una parte sustancial de la población recibe la vacuna, pero está lejos de la meta del 100%”, agregó Schaffner.

GlaxoSmithKline dijo que el afiliado promedio de Medicare paga $50 por cada una de las dos dosis de la vacuna, que generalmente se administran con unos meses de diferencia.

Para las personas sin seguro, Shingrix cuesta alrededor de $300 por las dos dosis.

Además del costo, otro factor que puede influir en la baja tasa de vacunación es el acceso. La demanda de Shingrix provocó una escasez de la vacuna poco después de su lanzamiento, pero ejecutivos de GlaxoSmithKline dicen que ahora tienen una buena cantidad de dosis para distribuir.

Alrededor de 17 millones de personas han recibido al menos una dosis de Shingrix, aunque la vacuna se recomienda para más de 100 millones, dijo Sean Clements, vocero del laboratorio. En comparación, dijo que entre 20 y 25 millones de personas recibieron Zostavax después de 14 años en el mercado.

La doctora Anjali Mahoney, médica de familia en Los Ángeles y vicepresidenta de asuntos clínicos de la Escuela de Medicina Keck de la Universidad del Sur de California, dijo que estaba complacida de escuchar sobre el gran aumento en las personas que reciben la vacuna.

“Aproximadamente 1 de cada 3 personas contraen herpes zóster en su vida, y eso no es algo que quieran tener”, dijo. Las complicaciones y el dolor que causa la culebrilla, agregó, pueden durar años, mucho después que la erupción haya desaparecido.

También dijo que las barreras por los costos para los beneficiarios de Medicare mantienen los números más bajos de lo que deberían ser.

Felder, cuyos ingresos se limitan a lo que recibe del Seguro Social, dijo que incluso $50 por dosis sería demasiado para pagar la vacuna contra la culebrilla. Espera vacunarse si recibe otro cheque de estímulo federal.

“No es correcto que las personas que tienen Medicare paguen por esto, porque muchas personas pueden enfermar gravemente por el herpes zóster”, agregó.

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¿Funcionarán las aplicaciones de rastreo para COVID?

Cuando le dije a mi hija de 18 años, Caroline, que pronto podría descargar una aplicación para alertarla si se había estado recientemente en una situación de riesgo cerca de alguien con COVID-19, y que los funcionarios de salud pública esperaban combatir la pandemia con esas apps, su respuesta fue tajante.

“OK, pero nadie las va a usar”, respondió.

El pesimismo de mi hija, una joven adicta a los teléfonos inteligentes, es el reto que enfrentan los tecnólogos de todo el país al tratar de desarrollar e implementar aplicaciones para rastrear  la pandemia en un momento en el que resurge en la mayoría de los estados.

A los que desarrollan aplicaciones, y a los expertos en salud pública que los observan de cerca, les preocupa que si no involucran a suficientes personas, las aplicaciones no lograrán captar un número significativo de infecciones, y de personas en riesgo de infección.

Su éxito depende de un alto nivel de cumplimiento y competencia en salud pública, algo de lo que los Estados Unidos ha carecido durante la crisis de COVID.

“Ni siquiera podemos hacer que la gente use máscaras en este país”, dijo el doctor Eric Topol, director del Scripps Research Translational Institute en San Diego. “¿Cómo vamos a hacer que sean diligentes en el uso de sus teléfonos para ayudar en el rastreo de contactos?”

Las aplicaciones de rastreo, un puñado de las cuales se han puesto a disposición del público en los Estados Unidos, permiten a los teléfonos celulares enviarse señales entre sí cuando están cerca, y si están equipados con la misma aplicación, o una compatible.

Los dispositivos mantienen un registro de todos sus encuentros digitales y, más tarde, alertan a los usuarios cuando alguien con quien estuvieron en proximidad física da positivo para COVID.

Para que una aplicación detenga un brote en una comunidad determinada, el 60% de la población tendría que utilizarla, aunque una tasa de participación menor podría reducir el número de casos y muertes, según un estudio reciente. Algunos dicen que una tasa de adopción tan baja como del 10% podría proporcionar beneficios.

En algunos lugares donde se han ofrecido este tipo de aplicaciones, el uso no ha alcanzado ni siquiera ese bajo umbral. En Francia, menos del 3% de la población había activado la aplicación respaldada por el gobierno, StopCovid, a fines de junio. La aplicación de Italia había atraído a alrededor del 6% de la población.

El porcentaje de residentes que han descargado la aplicación respaldada por Dakota del Norte y del Sur, Care19, está por debajo del 10%.

Una excepción es Alemania, donde más del 14% de la población descargó la Corona Warn App en la primera semana después de su lanzamiento.

Las aplicaciones para COVID-19 están generalmente destinadas a complementar el trabajo de los rastreadores de contactos, que hacen un seguimiento de las personas que han dado positivo en las pruebas del virus, preguntándoles dónde han estado y con quién.

Los rastreadores se ponen en contacto con los individuos potencialmente expuestos y les aconsejan qué hacer, como hacerse la prueba o la autocuarentena.

Hasta ahora, en los Estados Unidos el rastreo de contactos, lento y laborioso en en el mejor de los casos, ha sido un fracaso: se ha desplegado un número insuficiente de personas, a veces mal entrenadas, y las personas infectadas a las cuales han contactado a menudo no cooperan.

Las perspectivas del rastreo digital no parecen mejores. “Idealmente, debía existir una forma digital de complementar el rastreo de contactos”, explicó Topol. Pero “no hay ningún lugar aún a nivel mundial donde haya pruebas de que esta idea pueda ayudar realmente a la gente”.

Cerca de 20 aplicaciones de rastreo están en uso o en desarrollo en los Estados Unidos.

Un número creciente de desarrolladores de aplicaciones del país apuntan a las agencias de salud estatales porque Google, el fabricante de software para teléfonos móviles Android, y el fabricante de iPhone Apple no permiten que una aplicación utilice su plataforma conjunta sin el respaldo de un estado. La tecnología de Google-Apple, a pesar de su uso muy limitado hasta ahora, es considerada por muchos como la plataforma más prometedora.

Sin embargo, a muchos estados no les interesa tanto la tecnología de Google-Apple, ni del rastreo de contactos digitales en general. En una encuesta de Business Insider publicada en junio, sólo tres estados dijeron que se habían comprometido con el modelo de Google-Apple, mientras que 19 de ellos, incluída California, no se comprometieron. Diecisiete estados no tenían planes para ningun sistema de rastreo basado en teléfonos inteligentes. Los 11 restantes no respondieron o no fueron claros en cuanto a sus planes.

En abril, el gobernador de California, Gavin Newsom, dijo que su oficina estaba trabajando con Apple y Google para hacer que esta tecnología formara parte del plan del estado para salir de la orden de quedarse en casa. Dos meses más tarde, el Estado Dorado parece haberse retractado de la idea.

En su lugar, está capacitando a 20,000 rastreadores de contactos con la esperanza de que se pongan en marcha este mes. El Departamento de Salud Pública del estado dijo a California Healthline, en un correo electrónico, que la mayoría de los rastreos de contacto “se pueden hacer por teléfono, texto, correo electrónico y chat”.

La confianza es importante

Entre los múltiples obstáculos que impiden el uso satisfactorio de las aplicaciones de rastreo digital figura la indiferencia o la hostilidad a las medidas anti-COVID. Algunas personas ni siquiera usan máscaras o desconfían de otros esfuerzos de salud pública.

Además, en la medida en que las personas adopten el rastreo telefónico, podría pasar por alto los posibles brotes entre las poblaciones más afectadas: los adultos mayores y las personas de bajos ingresos, que suelen tener menos acceso a los teléfonos inteligentes.

“Si el uso es alto entre las personas de 20 años y bajo entre las personas mayores y en las residencias, no queremos que los mayores y las residencias pierdan la atención que deberían recibir a través de los esfuerzos de rastreo de contactos”, señaló Greg Nojeim, director del Proyecto de Libertad, Seguridad y Tecnología del Center for Technology and Democracy en Washington, D.C.

Los desafíos técnológicos no resueltos también podrían obstaculizar la eficacia de las aplicaciones.

Para captar los encuentros cercanos de riesgo entre usuarios, algunas aplicaciones emplean el GPS para rastrear su ubicación. Otras usan Bluetooth, que mide la proximidad de dos teléfonos celulares entre sí sin revelar su paradero.

Ninguno de los dos enfoques es perfecto para medir la distancia, y ambos podrían evaluar incorrectamente una amenaza de COVID para los usuarios. El GPS puede decir si dos personas están en la misma dirección, pero no si están en diferentes pisos de un edificio.

El Bluetooth determina la distancia basándose en la fuerza de la señal de un teléfono. Pero la fuerza de la señal puede distorsionarse si un teléfono está en el bolso o en el bolsillo de alguien, y los objetos metálicos también pueden interferir con ella.

La mayor barrera para la aceptación pública es la cuestión de la privacidad. Los defensores del sistema Google-Apple, que utiliza Bluetooth, dicen que las dos compañías mejoraron las perspectivas de aceptación al abordar preocupaciones fundamentales de privacidad.

Google-Apple no permitirá que las aplicaciones rastreen la ubicación de los usuarios de teléfonos inteligentes y garantiza que todos los contactos rastreados se almacenen en los teléfonos de las personas, y no en una base de datos centralizada que daría a las autoridades de salud pública un mayor acceso a la información.

Esto significa que cada decisión basada en los datos de rastreo depende de los usuarios de los teléfonos inteligentes. Ellos deciden si notifican a otros usuarios de la aplicación si contraen el virus o si siguen el consejo —de ponerse en cuarentena y contactar con las autoridades de salud pública— que acompañaría a una alerta de posible exposición.

El sistema Google-Apple facilita la comunicación entre las aplicaciones que lo utilizan, lo que podría ser especialmente importante en regiones multiestatales —el área metropolitana de Washington, por ejemplo— donde cada estado podría tener una aplicación diferente y la gente suele viajar de un lado a otro de las fronteras estatales.

Pero los desarrolladores de aplicaciones que no utilizan la plataforma Google-Apple tendrán dificultades para sincronizarse con ella, especialmente si sus aplicaciones rastrean lugares o utilizan un servidor centralizado.

Entre ellas se encuentran la aplicación Care19 en las Dakotas y Healthy Together, la aplicación de Utah, que utilizan tanto el GPS como la Wi-Fi para rastrear ubicaciones. Healthy Together también permite a los funcionarios de salud pública ver los nombres, números de teléfono e historial de ubicación de las personas.

Estos modelos son un anatema para los defensores de la privacidad, lo que podría limitar su uso. De hecho, Dakota del Norte ha anunciado que está planeando una segunda aplicación basada en la tecnología de Google-Apple.

Sin embargo, algunos expertos en salud pública advierten que el fuerte enfoque de privacidad de Google-Apple, con exclusión de otros factores importantes, puede limitar el valor de las aplicaciones para hacer frente a la pandemia.

“Apple-Google, al asociarse, ha definido de forma bastante estrecha lo que es aceptable”, indicó Jeffrey Kahn, director del Instituto Berman de Bioética de la Universidad Johns Hopkins. “Si estas cosas van a funcionar como todo el mundo espera, tenemos que tener una discusión más completa y pormenorizada sobre todas las cuestiones importantes”.

Las apps no te alertan en tiempo real necessariamente. Puede ser hasta 2 semanas después. Depende de cuándo la otra persona se entere que ha contraído el virus. Los teléfonos “recuerdan” todos los encuentros de cierta distancia ppor hasta unas dos semanas.

Esta historia de KHN se publicó primero en California Healthline, un servicio de la California Health Care Foundation.

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Pruebas para el VPH y el cáncer cervical podrían hacerse en casa

Pasa un pequeño hisopo por la vagina para recoger células. Luego lo colocas en un kit de detección y lo envías por correo.

Una prueba sencilla como ésta, que se puede hacer en casa, ayudaría a los Estados Unidos a acercarse a la erradicación del cáncer de cuello uterino o cáncer cervical.

El año que viene, el Instituto Nacional del Cáncer (NCI) lanzará un estudio en diferentes localidades que involucrará a unas 5,000 mujeres para evaluar si la autoprueba casera puede equivaler a la que realiza el médico en un consultorio.

Casi 14,000 estadounidenses este año serán diagnosticadas con un cáncer que es prevenible, y más de 4,000 morirán. Las mujeres que no tienen seguro o que no pueden acceder a servicios médicos regulares tienen más probabilidades de no hacerse pruebas de detección que salvan vidas, dijo Vikrant Sahasrabuddhe, de la División de Prevención del Cáncer del NCI.

Sin salir de sus casas, las mujeres podrían recolectar células vaginales y cervicales para analizarlas en la detección del virus del papiloma humano (VPH), que causa virtualmente todos los cánceres cervicales, de la misma manera que las muestras de heces en casa pueden usarse para detectar el cáncer de colon, añadió.

“Sigue existiendo un número constante de mujeres que padece cáncer cervical cada año”, explicó Sahasrabuddhe, que supervisa los estudios sobre los cánceres relacionados con el VPH. “Y ese número no va a bajar”.

Las autoridades federales esperan que la investigación acelere un test aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) que podría formar parte de las directrices de evaluación si se demuestra que tomar la muestra en casa es eficaz, señaló Sahasrabuddhe.

En lugar de esperar a que las empresas que realizan las pruebas de VPH para los médicos hagan estudios de automuestreo, los funcionarios federales se unirán a empresas, instituciones académicas y otros en una asociación público-privada, explicó. Los funcionarios del NCI, que esperan gastar unos $6 millones en fondos federales, supervisarán los datos y el análisis del estudio.

“Queremos acelerar ese proceso”, indicó Sahasrabuddhe.

El automuestreo del VPH, existente en países como Australia y los Países Bajos, es uno de los enfoques de los investigadores del cáncer cervical en los Estados Unidos. Otra estrategia clave consiste en vacunar a las adolescentes contra el VPH, que se transmite a través de la actividad sexual. En 2018, casi el 54% de las niñas habían sido vacunadas al llegar a los 17 años, al igual que casi el 49% de los niños, según los datos federales más recientes.

Los países que han tenido más éxito en la reducción del cáncer cervical —un análisis predice que Australia está en vías de eliminar la enfermedad— han hecho hincapié en la vacunación contra el VPH en adolescentes.

Las autoridades siguen aconsejando a las mujeres vacunadas que se sometan regularmente a pruebas de detección, ya que la vacuna no protege contra todas las cepas que causan el cáncer de cuello uterino.

Sin embargo, a veces es un desafío.

Para algunas, el acceso o el costo puede ser un problema. La mayoría de los planes médicos cubren los exámenes y también hay algunos programas públicos, pero las mujeres sin seguro que no los conocen tienen que pagar por la consulta y la prueba.

Además, las mujeres no siempre salir del trabajo o encontrar una guardería, o pueden haber tenido “emociones o experiencias negativas en el pasado con los exámenes pélvicos”, señaló Rachel Winer, profesora de epidemiología de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Washington que estudia el automuestreo del VPH.

Invertir la tendencia

Unas 4 de cada 5 mujeres se someten regularmente a pruebas de detección de cáncer cervical, pero los índices alcanzaron su punto máximo alrededor del año 2000 y han disminuido ligeramente desde entonces, según datos federales.

Otro análisis de registros médicos de 27,418 mujeres de Minnesota, de entre 30 y 65 años, encontró que casi el 65% se había hecho la prueba en 2016, según publicó el año pasado el Journal of Women’s Health.

“Lamentablemente, creo que nuestros datos probablemente reflejan mejor lo que está sucediendo con los índices de evaluación en nuestro país”, expresó la doctora Kathy MacLaughlin, autora del estudio e investigadora de la Clínica Mayo en Rochester, Minnesota.

Un obstáculo para la prueba podría ser la complejidad de las directrices, dijo MacLaughlin. En lugar de un examen anual fácil de recordar, las evaluaciones ocurren en intervalos de más de un año. La edad de la mujer ayuda a determinar cuándo se recomienda la prueba de VPH o la citología vaginal (el Papanicolau), que recoge células del cuello uterino para buscar cambios precancerosos.

“El reto es cómo recordar que debemos hacer algo cada tres o cada cinco años”, comentó MacLaughlin.

Logística en casa

Si bien el NCI aún no ha decidido el tipo de automuestreo que utilizará, la técnica generalmente requiere que la mujer inserte un pequeño hisopo en su vagina y lo rote varias veces para recolectar las células.

Luego desliza el hisopo en un contenedor de muestras que tiene una solución conservante y devuelve el kit para el análisis del VPH.

Según un informe publicado en 2018 en la revista médica BMJ, la precisión de la identificación del VPH era similar cuando las muestras eran recogidas por las mujeres en casa que cuando lo hacía un médico.

También se estudia una prueba de VPH en orina, que podría resultar más fácil de realizar para las mujeres, dijo Jennifer Smith, profesora de epidemiología de la Escuela Gillings de Salud Pública Global de la Universidad de Carolina del Norte.

Antes que las compañías puedan aplicar para pruebas caseras aprobadas por la FDA, el automuestreo de las mujeres debe ser comparable en la detección del VPH, aunque no sea tan preciso, como cuando lo hace un médico, señaló Sahasrabuddhe.

Los funcionarios del NCI aún están ultimando los detalles del estudio. Pero el plan es invitar a participar a cuatro compañías que ya fabrican pruebas de VPH para médicos, dijo Sahasrabuddhe.

Las empresas pagarán el costo de las pruebas y las futuras tarifas relacionadas con la solicitud de licencias a través de la FDA. Sahasrabuddhe espera que los resultados del estudio estén disponibles para 2024, si no antes.

Si una mujer da positivo en las pruebas de VPH podría necesitar una biopsia, para buscar células anormales o cáncer cervical, indicó Sahasrabuddhe.

Si se desarrolla un test casero aprobado por la FDA, es crucial que las mujeres sin seguro y otras que no tienen acceso fácil a la atención médica puedan conseguirlo, enfatizó Smith.

“Porque no se envían kits al azar a los hogares”, dijo Smith, “y nadie se asegura que tengan a alguien con quien hablar sobre los resultados y que puedan tener un seguimiento”.

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A pesar del aumento de casos, California frena fondos multimillonarios para pruebas de COVID

En abril, el gobernador Gavin Newsom lanzó una iniciativa estatal multimillonaria para que las pruebas de COVID-19 llegaran a las personas y a los lugares con menos acceso: pueblos rurales y vecindarios desfavorecidos del centro de la ciudad.

Pero ahora, citando costos, California está frenando esta expansión, incluso cuando el estado está teniendo devastadores récords de nuevas infecciones y aumentos de dos dígitos en las hospitalizaciones.

El estado ya no financiará nuevos sitios de prueba, a pesar de las súplicas de los condados para obtener asistencia adicional. También ha cerrado algunos espacios y los ha trasladado a otros lugares.

Y el gobierno ha amenazado con cerrar los sitios subutilizados, de acuerdo con casi dos docenas de entrevistas con funcionarios de salud pública de los condados.

Aunque es pronto para evaluar, han surgido algunos ganadores y perdedores: el condado de El Dorado, al este de Sacramento, perdió uno de sus sitios de prueba en la ciudad de Shingle Springs en junio por no agendar suficientes citas, mientras que el condado de Fresno ganó un sitio que había sido retirado de otra parte, dijo el doctor Rais Vohra, su oficial de salud.

Sin embargo, el condado de San Mateo ha pedido tres veces a los funcionarios estatales un segundo lugar de pruebas financiado por el estado para abordar las brechas en las pruebas en los vecindarios de minorías de raza negra y de trabajadores agrícolas, pero se le ha “dicho que no repetidamente”, dijo Justin Mates, subdirector del condado.

Por eso, el condado transformó su único sitio estatal en una unidad de prueba itinerante.

“La equidad es ciertamente una preocupación para nosotros”, dijo Mates. “Realmente necesitamos ayuda con el acceso a pruebas si vamos a llegar a nuestros residentes latinos y lugares como East Palo Alto”, una ciudad diversa cuya población es principalmente latina, afroamericana, asiática y de nativos de las Islas del Pacífico.

California ha comprometido hasta $132 millones en contratos con dos compañías privadas de pruebas para COVID-19, Verily Life Sciences y OptumServe, para ofrecer pruebas gratuitas en más de 100 sitios que la administración de Newsom ha identificado como “desérticos para pruebas”.

La expansión ha elevado drásticamente los números de pruebas generales del estado, que aumentaron de 16,000 por día en abril a 105,000 el lunes 29 de junio.

Las pruebas también están disponibles en ubicaciones financiadas por condados, farmacias privadas, hospitales y clínicas comunitarias.

Mark Ghaly, secretario estatal de Salud y Servicios Humanos, confirmó que el estado está retirando los sitios de los condados que no están generando números lo suficientemente altos y cortando fondos para nuevos espacios.

“Lo que quieres es que el dinero vaya a donde más se necesita”, dijo Ghaly. “No sería prudente o sabio mantener el gasto en un lugar donde no se están utilizando los recursos”.

El propio Newsom ha expresado su preocupación por los precios, dados los déficits presupuestarios “sin precedentes”. “Hay un gran costo asociado con las pruebas”, dijo a fines de junio.

Un funcionario de la administración de Newsom confirmó que el estado quiere ver que los condados llenen al menos el 80% de las citas para pruebas en cada ubicación. Y si las pruebas caen por debajo del 50% durante unos días o más, se les advierte que los sitios podrían transferirse a otro lugar.

Los condados argumentan que existe un beneficio para la salud pública al mantener abiertas las ubicaciones de bajo rendimiento, simplemente para garantizar que las pruebas estén disponibles para las comunidades rurales y postergadas.

En todo el estado, están luchando para salvar sitios financiados por el estado, incluso cuando están siendo abrumados por los crecientes casos de coronavirus vinculados en gran medida a reuniones sociales.

“Es cómo podemos identificar rápidamente dónde está el virus y si hay puntos calientes”, dijo la doctora Olivia Kasirye, oficial de salud del condado de Sacramento, donde celebraciones familiares y reuniones con alto consumo de alcohol están elevando las tasas de infección.

El condado de Contra Costa vio caer sus números de pruebas en junio y corría el riesgo de perder un sitio financiado por el estado hasta que demostrara que podía cumplir con las citas a cerca del 80% de su capacidad, dijo el doctor Chris Farnitano, su oficial de salud.

Al condado de Riverside se le advirtió el 16 de junio de que un sitio financiado por el estado al norte de Temecula sería “trasladado a otro condado” si no cubría el 50% de sus citas, según un correo electrónico del grupo de trabajo de pruebas del estado.

Lo mismo se le dijo al condado de Mendocino, que podría perder su sitio financiado por el estado, la única prueba gratuita disponible a dos horas de manejo para algunos residentes de áreas rurales.

El condado de Alameda se sintió tan frustrado con los requisitos estatales que emprendió una expansión de pruebas por cuenta propia.

“Nos dimos cuenta que no podíamos depender del estado, especialmente para llegar a nuestras comunidades vulnerables”, dijo la doctora Jocelyn Freeman Garrick, doctora de la sala de emergencias del Hospital Highland en Oakland, quien lidera la fuerza de pruebas del condado.

El condado de El Dorado, que perdió su sitio, hasta ahora ha mantenido un recuento relativamente bajo de casos de COVID-19.

Ghaly dijo que el estado está trabajando con los condados en peligro de perder sitios para darles la oportunidad de llenar los espacios de prueba. Los funcionarios estatales se negaron a decir cuántos condados han perdido sitios, pero a medida que las nuevas infecciones se han disparado, los números de las pruebas están comenzando a recuperarse.

La lista de condados en riesgo de perder un sitio ha disminuido de alrededor de una docena a principios de junio a unos pocos la última semana de junio.

Expertos en salud pública dicen que enfocándose tan intensamente en los números de las pruebas y no en las pruebas adecuadas en los vecindarios de minorías, se corre el riesgo de abandonar las comunidades que ya enfrentan enormes barreras para la atención médica como el racismo y la pobreza.

“Si ignoras estas comunidades, seguiremos viendo las mismas urgencias que estamos viendo ahora”, dijo el doctor Tony Iton, ex alto funcionario de salud del condado de Alameda y ahora vicepresidente senior de California Endowment, que está trabajando con los condados para expandir las pruebas en vecindarios desatendidos.

Las barreras socioeconómicas arraigadas también hacen que sea difícil obtener y mantener los números de prueba. Por ejemplo, las personas que desean hacerse la prueba en sitios estatales a menudo necesitan acceso a Internet y una dirección de correo electrónico. La mayoría son al paso, por lo que deben tener un vehículo.

Muchas personas de bajos ingresos no pueden cumplir con esos requisitos, y los inmigrantes indocumentados temen que proporcionar información personal para obtener una prueba pueda exponerlos a los funcionarios de inmigración, dijo el doctor Marty Fenstersheib, ex funcionario de salud del condado de Santa Clara que lidera el programa de pruebas.

“Si las personas tienen miedo de venir y hacerse la prueba, no habrá ningún beneficio”, dijo.

Los contratos estatales que financian los sitios de prueba se extendieron en junio, pero expirarán el 31 de agosto, y los funcionarios de la administración no han dicho a los condados si el estado continuará financiándolos, dijo Mimi Hall, presidenta de la Asociación de Ejecutivos de Salud del Condado de California y directora de salud pública del condado de Santa Cruz.

“Es difícil planificar cuando no sabemos cuánto tiempo podremos mantenerlos”, expresó Hall.

Esta historia de KHN fue publicada primero en California Healthline, un servicio de la California Health Care Foundation.

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Un sistema de salud pública devastado enfrenta más recortes en medio del virus

El sistema de salud pública de los Estados Unidos ha subsistido en la precariedad durante décadas y carece de los recursos necesarios para enfrentar la peor crisis de salud en un siglo.

Mientras enfrentan juntos una pandemia que ha enfermado al menos a 2.3 millones de personas en el país, y matado a más de 120,000, y que ha costado millones de empleos y $3 mil millones en dinero de rescate federal, a los trabajadores de salud de los gobiernos estatales y locales a veces se les paga tan poco que califican para ayuda pública. Rastrean al coronavirus en registros compartidos por fax. Trabajando los siete días de la semana por meses, temiendo que se congelen sus salarios, que los despidan, e incluso la reacción negativa del público.

Desde 2010, el gasto para los departamentos de salud pública estatales ha disminuido un 16% per cápita, y el gasto para los departamentos de salud locales ha bajado un 18%, según un análisis de KHN y Associated Press. Al menos 38,000 empleos de salud pública locales y estatales han desaparecido desde la recesión de 2008, dejando en algunos lugares una fuerza laboral esquelética.

KHN y AP entrevistaron a más de 150 trabajadores de salud pública, legisladores y expertos, analizaron registros de gastos de cientos de departamentos de salud estatales y locales, e indagaron en las legislaturas estatales. La investigación reveló que, a todo nivel, el sistema está amenazado por la falta de financiación y medios.

A lo largo del tiempo, los departamentos de salud estatales y locales han recibido tan poco apoyo que se encontraron sin dirección, ignorados e incluso vilipendiados.

En medio de la recesión económica causada por la pandemia, los estados, las ciudades y los condados han comenzado a cesantear y despedir al personal, aun cuando los estados están reabriendo y comienzan a aumentar los casos de COVID.

“No le decimos al departamento de bomberos, ‘lo siento. No hubo incendios el año pasado, por lo que vamos a quitarle el 30% de su presupuesto’. Eso sería una locura, ¿verdad?”, dijo el doctor Gianfranco Pezzino, oficial de salud en el condado de Shawnee, en Kansas. “Pero lo hacemos con la salud pública, día tras día”.

El Departamento de Salud del condado de Toledo-Lucas, en Ohio, gastó solo $40 por persona en 2017. Cuando atacó el coronavirus, tenía tan poco personal que las tareas de Jennifer Gottschalk, supervisora ​​de salud ambiental, incluían supervisar las inspecciones de campamentos y piscinas, y el control de roedores, además de la preparación para brotes.

Cuando Gottschalk, de 42 años, y cinco colegas se enfermaron con COVID-19, se encontró respondiendo llamadas de trabajo desde su cama del hospital. “Tienes que hacer lo que tienes que hacer para que el trabajo se haga”, expresó.

Casi dos tercios de los estadounidenses viven en condados que gastan más del doble en vigilancia policial que en la atención médica no hospitalaria, que incluye la salud pública.

La subvaloración de la salud pública contrasta con su papel multidimensional. A diferencia del sistema de atención médica que está dirigido a las personas, el de salud pública se centra en la salud de las comunidades en general. Las agencias están legalmente obligadas a proporcionar una amplia gama de servicios esenciales.

Jennifer Gottschalk, supervisora de salud del medio ambiente del Departamento de Salud del condado de Toledo-Lucas, en su oficina en Toledo, Ohio. “La semana pasada los gritos de los residentes por dos horas seguidas sobre regulaciones que no puedo controlar me dejaron completamente agotada”, dijo a mediados de junio.(AP Photo/Paul Sancya)

“A la salud pública le encanta decir: cuando hacemos nuestro trabajo, no pasa nada. Pero nadie nos da una medalla por eso”, dijo Scott Becker, director ejecutivo de la Asociación de Laboratorios de Salud Pública. “Les hacemos pruebas al 97% de los bebés de los Estados Unidos para detectar trastornos metabólicos, y otros problemas. Testeamos el agua. ¿Te gusta nadar en el lago y no te gusta que tenga excremento? Piensa en nosotros”.

El público no ve los desastres que se evitan. Y es fácil no prestar atención a lo que no vemos.

Una historia de privaciones

Las promesas ocasionales del gobierno federal de apoyar los esfuerzos locales de salud pública han sido efímeras.

Por ejemplo, la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA) estableció el Fondo de Prevención y Salud Pública, que se suponía alcanzaría los $2 mil millones anuales para 2015. Pero la administración Obama y el Congreso lo postergaron por otras prioridades, y ahora la administración Trump está presionando para derogar ACA, lo cual lo eliminaría.

Si no se hubiera tocado, los departamentos de salud estatales y locales hubieran recibido eventualmente un monto adicional de $12.4 mil millones, lo que los hubiera fortalecido frente a la actual pandemia.

Los líderes locales y estatales tampoco lograron priorizar la salud pública. En Carolina del Norte, por ejemplo, la fuerza laboral de salud pública del condado de Wake se redujo de 882 personas en 2007 a 614 una década después, incluso cuando la población creció un 30%.

Años de recortes financieros dejaron frágil a esta fuerza laboral predominantemente femenina. En 2017, más de una quinta parte de los trabajadores de salud pública en los departamentos locales o regionales fuera de las grandes ciudades ganaron $35,000 o menos al año, según una investigación realizada por la Asociación de Oficiales de Salud Territoriales y Estatales y la Fundación Beaumont.

Casi la mitad de los trabajadores de salud pública planean retirarse o irse de sus organizaciones en los próximos cinco años, y la razón que encabeza la lista es una remuneración deficiente.

María Fernanda rastrea contactos de personas con COVID en el Departamento de Salud del condado de Miami-Dade, en su oficina de El Doral, en Florida, en mayo. En los estados, los departamentos de salud locales, encargados de realizar este trabajo de detectives tienen una fuerza laboral mucho menor de la que se requiere para esta tarea.(AP Photo/Lynne Sladky)

Hace dos años, Julia Crittendon, ahora de 46 años, aceptó un trabajo en el departamento de salud estatal de Kentucky. Pasaba sus días reuniendo información sobre las parejas sexuales de las personas para combatir la propagación del VIH y la sífilis. Ganaba tan poco que calificó para Medicaid, el programa de salud federal gerenciado por los estados para los estadounidenses de bajos recursos. Al no ver oportunidades de crecimiento, renunció.

Desde que comenzó la pandemia, líderes de salud pública estatales y locales han renunciado en masa. Desde abril, al menos 32 presentaron su renuncia, se retiraron o fueron despedidos en 16 estados, según una revisión de KHN/AP.

De mal en peor

Scott Lockard, director de salud pública para el Departamento de Salud del distrito Kentucky River, en Appalachia, está luchando contra el virus con un servicio celular 3G, registros en papel y un tercio de los empleados comparado con los que tenía el departamento hace 20 años.

En la zona rural de Missouri, Melanie Hutton, administradora del Centro de Salud Pública del condado de Cooper, dijo que su estado le dio $18,000 al servicio de ambulancias local para combatir COVID y proporcionó máscaras a los departamentos de bomberos y policía.

“Para nosotros, ni una moneda de cinco centavos, ni una máscara”, contó. “Obtuvimos [cinco] galones de desinfectante de manos casero hecho por prisioneros”.

La Asociación de Oficiales de Salud Territoriales y Estatales dijo que, desde que comenzó la pandemia, el gobierno federal ha asignado más de $13 mil millones para actividades de los departamentos de salud estatales y locales, incluyendo rastreo de contactos, control de infecciones y actualizaciones tecnológicas.

En el condado de Fairfax, en Virginia, las pruebas para COVID-19 han estado disponibles sin costo y sin una orden del doctor. El día de la foto, el 23 de mayo, de 10 am a 6 pm, oficiales planeaban hacerle la prueba a unas 1,000 personas, mientras cientos hacían fila en autos y a pie, en este sitio de pruebas al paso en Annandale.(AP Photo/Jacquelyn Martin)

Pero al menos 14 estados ya han recortado los presupuestos o los empleos del departamento de salud, o estuvieron considerando activamente estos recortes en junio, según una revisión de KHN/AP.

Las reducciones amenazan con limitar programas cruciales como clínicas de inmunización, control de mosquitos, diabetes y programas de nutrición para adultos mayores. Estos recortes pueden hacer que las comunidades ya vulnerables lo sean aún más, dijo E. Oscar Alleyne, jefe de programas y servicios de la Asociación Nacional de Oficiales de Salud del Condado y la Ciudad.

Las personas que han pasado sus vidas trabajando en la salud pública temen estar viendo un patrón que les resulta familiar: los funcionarios descuidan esta infraestructura y luego, cuando surge una crisis, responden con una rápida inyección de efectivo.

Si bien ese dinero temporal es necesario para combatir la pandemia, expertos en salud pública dicen que no solucionará la base erosionada, que es la encargada de proteger la salud de la nación mientras miles continúan muriendo.

Contribuyeron con este informe: los escritores de Associated Press Mike Stobbe en Nueva York; Mike Householder en Toledo, Ohio; Lindsay Whitehurst en Salt Lake City, Utah; Brian Witte en Annapolis, Maryland; Jim Anderson en Denver; Sam Metz en Carson City, Nevada; Summer Ballentine en Jefferson City, Missouri; Alan Suderman en Richmond, Virginia; Sean Murphy en Oklahoma City, Oklahoma; Mike Catalini en Trenton, New Jersey; David Eggert en Lansing, Michigan; Andrew DeMillo en Little Rock, Arkansas; Jeff Amy en Atlanta; Melinda Deslatte en Baton Rouge, Louisiana; Morgan Lee en Santa Fe, New Mexico; Mark Scolforo en Harrisburg, Pennsylvania; y el escritor de Economía de AP Christopher Rugaber, en Washington, D.C.