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SACRAMENTO, CA. — El gobernador Gavin Newsom anunció el sábado 18 de marzo que se había seleccionado al fabricante de medicamentos genéricos Civica, con sede en Utah, para producir insulina de bajo costo para el estado, una medida sin precedentes que cumple su promesa de poner al gobierno estatal en competencia directa con las versiones de marca de las farmaceúticas que dominan el mercado.
“La gente no debería verse obligada a endeudarse para obtener recetas que salvan vidas”, dijo Newsom. “Los californianos tendrán acceso a algunas de las insulinas más económicas disponibles, lo que les ayudará a ahorrar miles de dólares cada año”.
El contrato, con un costo inicial de $50 millones que Newsom y los legisladores demócratas aprobaron el año pasado, estipula que Civica produzca insulina de marca estatal y ponga el medicamento a disposición de cualquier californiano que lo necesite, por correo y en las farmacias locales, independientemente de si tenga o no seguro de salud.
Y la insulina es solo el comienzo. Newsom dijo que el estado también buscará producir naloxona, el fármaco que revierte las sobredosis de opioides.
Allan Coukell, vicepresidente sénior de políticas públicas de Civica, le dijo a California Healthline que el fabricante de medicamentos sin fines de lucro también está en conversaciones con la administración de Newsom para producir potencialmente otros medicamentos genéricos. Pero se negó a dar más detalles y dijo que la compañía se enfoca primero en hacer que la insulina económica esté ampliamente disponible.
“Estamos muy entusiasmados con esta asociación con el estado de California”, dijo Coukell. “No buscamos tener el 100% del mercado, pero sí queremos que el 100% de las personas tenga acceso a insulina a un precio justo”.
A medida que los costos de la insulina para los consumidores se han disparado, los legisladores y activistas demócratas han pedido a la industria que los controle. Apenas unas semanas después que el presidente Joe Biden atacara a las grandes farmacéuticas por aumentar los precios de la insulina, los tres fabricantes de medicamentos que controlan ese mercado, Eli Lilly and Co., Novo Nordisk y Sanofi, anunciaron que reducirían drásticamente los precios de lista de algunos productos.
Newsom, quien anteriormente acusó a la industria farmacéutica de estafar a los californianos con “precios altísimos”, argumentó que el lanzamiento de la marca de genéricos estatal, CalRx, sumará competencia y ejercerá presión sobre la industria.
Funcionarios de la administración no dijeron cuándo estarían disponibles los productos de insulina de California, pero expertos dicen que podría ser tan pronto como en 2025. Coukell remarcó que el medicamento de marca estatal aún requerirá la aprobación de la Administración de Drogas y Alimentos (FDA), lo que puede demorar unos 10 meses.
La Pharmaceutical Research and Manufacturers of America, que cabildea en nombre de las empresas de marca, criticó la medida de California. Reid Porter, director senior de asuntos públicos estatales de PhRMA, dijo que Newsom solo “quiere sumar puntos políticos”.
“Si el gobernador quiere tener un impacto significativo en lo que los pacientes pagan por las insulinas y otros medicamentos, debería expandir su enfoque a otros en el sistema que a menudo hace que los pacientes paguen más por los medicamentos”, dijo Porter, culpando a las empresas intermediarias, conocidas como administradores de beneficios de farmacia, que negocian con los fabricantes en nombre de las aseguradoras para reembolsos y descuentos.
La Pharmaceutical Care Management Association, que representa a estos administradores, argumentó a su vez que son las compañías farmacéuticas las culpables de los altos precios.
Expertos en precios dicen que los administradores de beneficios farmacéuticos y los fabricantes de medicamentos comparten la culpa.
Funcionarios de la administración Newsom dicen que los costos inflados de la insulina obligan a algunos a pagar hasta $300 por vial o $500 por una caja de plumas inyectables, y que demasiados californianos con diabetes se saltan o racionan sus medicamentos. Esto puede provocar ceguera, amputaciones y afecciones potencialmente mortales, como enfermedades cardíacas e insuficiencia renal. Casi el 10% de los adultos de California tienen diabetes.
Civica está desarrollando tres tipos de insulina genérica, conocida como biosimilar, que estarán disponibles tanto en viales como en plumas inyectables. Se espera que sean intercambiables con productos de marca, incluidos Lantus, Humalog y NovoLog. Coukell dijo que la compañía pondría a disposición el medicamento por no más de $30 por vial, o $55 por cinco plumas inyectables.
Newsom dijo que la insulina estatal le ahorrará a muchos pacientes entre $2,000 y $4,000 al año, aunque siguen sin respuesta preguntas críticas sobre cómo California pondrá los productos en manos de los consumidores, incluida la forma en que persuadiría a las farmacias, las aseguradoras y los minoristas para que distribuyan los medicamentos.
El año pasado, Newsom también obtuvo $50 millones en capital inicial para construir una instalación para fabricar insulina; Coukell dijo que Civica está explorando la construcción de una planta en California.
El movimiento de California, aunque nunca antes lo había intentado un gobierno estatal, podría verse afectado por las recientes decisiones de la industria para reducir los precios de la insulina. En marzo, Lilly, Novo Nordisk y Sanofi se comprometieron a reducir los precios. Con Lilly ofreciendo un vial a $25 por mes, Novo Nordisk prometió importantes reducciones que llevarían el precio de un vial genérico particular a $48, y Sanofi fijó un vial a $64.
La oficina del gobernador dijo que le costará al estado $30 por vial para fabricar y distribuir insulina y se venderá a ese precio. Si lo hace, argumenta la administración, “evitará el atroz cambio de costos que ocurre en los juegos de precios farmacéuticos tradicionales”.
Expertos en precios de medicamentos dijeron que la producción de genéricos en California podría reducir aún más los costos de la insulina y beneficiar a las personas con planes médicos con deducibles altos o sin seguro.
“Este es un movimiento extraordinario en la industria farmacéutica, no solo para la insulina, sino potencialmente para todo tipo de medicamentos”, dijo Robin Feldman, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de California en San Francisco. “Es una industria muy difícil de quebrantar, pero California está lista para hacer precisamente eso”.
El segundo embarazo de Tamara Etienne estuvo lleno de riesgos y preocupaciones desde el principio, exacerbado porque ya había sufrido un aborto espontáneo.
Como maestra de tercer grado en una escuela pública del condado de Miami-Dade, pasaba todo el día parada. Le pesaban las preocupaciones financieras, incluso teniendo seguro de salud y algo de licencia paga.
Y, como mujer negra, toda una vida de racismo la volvió desconfiada de las reacciones impredecibles en la vida diaria. Estaba agotada por el trato despectivo y desigual en el trabajo. Justamente el tipo de estrés que puede liberar cortisol, que, según estudios, aumenta el riesgo de parto prematuro.
“Lo experimento todo el tiempo, no camino sola, o lo hago con alguien a quien debo proteger. Sí, el nivel de cortisol en mi cuerpo es incontable”, expresó.
A los dos meses de embarazo, las náuseas implacables cesaron de repente. “Empecé a sentir que mis síntomas de embarazo estaban desapareciendo”, dijo. Entonces comenzó un extraño dolor de espalda.
Etienne y su esposo corrieron a la sala de emergencias, donde confirmaron que corría un grave riesgo de aborto espontáneo. Una cascada de intervenciones médicas —inyecciones de progesterona, monitoreo fetal en el hogar y reposo en cama— salvó a la niña, que nació a las 37 semanas.
Aproximadamente uno de cada 10 nacimientos vivos en 2021 ocurrió antes de las 37 semanas de gestación, según un informe de March of Dimes publicado en 2022. En comparación, investigaciones recientes citan tasas de nacimientos prematuros del 7,4% en Inglaterra y Gales, del 6% en Francia y del 5,8% en Suecia.
En su informe, March of Dimes encontró que las tasas de nacimientos prematuros aumentaron en casi todos los estados de 2020 a 2021. Vermont, con una tasa del 8%, tuvo la calificación más alta del país: una “A-”. Los resultados más sombríos se concentraron en los estados del sur, que obtuvieron calificaciones equivalentes a una “F”, con tasas de nacimientos prematuros del 11,5% o más.
Mississippi (15 %), Louisiana (13,5 %) y Alabama (13,1 %) fueron los estados con peor desempeño. El informe encontró que, en 2021, el 10,9% de los nacidos vivos en Florida fueron partos prematuros, por lo que obtuvo una “D”.
Desde que la Corte Suprema anulara Roe vs. Wade, muchos especialistas temen que la incidencia de nacimientos prematuros se dispare. El aborto ahora está prohibido en al menos 13 estados y estrictamente restringido en otros 12: los estados que restringen el aborto tienen menos proveedores de atención materna, según un reciente análisis de Commonwealth Fund.
Eso incluye Florida, donde los legisladores republicanos han promulgado leyes contra el aborto, incluida la prohibición de realizarlo después de las 15 semanas de gestación.
Florida es uno de los estados menos generosos cuando se trata de seguro médico público. Aproximadamente una de cada 6 mujeres en edad fértil no tiene seguro, lo que dificulta mantener un embarazo saludable. Las mujeres de Florida tienen el doble de probabilidades de morir por causas relacionadas con el embarazo y el parto que las de California.
“Me quita el sueño”, dijo la doctora Elvire Jacques, especialista en medicina materno-fetal del Memorial Hospital en Miramar, Florida.
Jacques explicó que las causas de los partos prematuros son variadas. Alrededor del 25% se inducen médicamente, por condiciones como la preeclampsia. Pero la investigación sugiere que muchos más tendrían sus raíces en una misteriosa constelación de condiciones fisiológicas.
“Es muy difícil identificar que una paciente tendrá un parto prematuro”, dijo Jacques. “Pero sí puedes identificar los factores estresantes en sus embarazos”.
Los médicos dicen que aproximadamente la mitad de todos los nacimientos prematuros debido a factores sociales, económicos y ambientales, y al acceso inadecuado a la atención médica prenatal, se pueden prevenir.
En el Memorial Hospital en Miramar, parte de un gran sistema de atención médica pública, Jacques recibe embarazos de alto riesgo referidos por otros obstetras del sur de Florida.
En la primera cita les pregunta: ¿Con quién vives? ¿Donde duermes? ¿Tienes adicciones? ¿Dónde trabajas? “Si no supiera que trabajan en una fábrica paradas cómo les podría recomendar que usaran medias de compresión para prevenir coágulos de sangre?”.
Jacques instó al gerente de una tienda a que permitiera a su empleada embarazada trabajar sentada. Persuadió a un imán para que le concediera a una futura mamá con diabetes un aplazamiento del ayuno religioso.
Debido a que la diabetes es un factor de riesgo importante, a menudo habla con los pacientes sobre cómo comer de manera saludable. Les pregunta: “De los alimentos que estamos discutiendo, ¿cuál crees que puedes pagar?”.
El acceso a una atención asequible separa a Florida de estados como California y Massachusetts, que tienen licencia familiar paga y bajas tasas de residentes sin seguro; y a Estados Unidos de otros países, dicen expertos en políticas de salud.
En países con atención médica socializada, “las mujeres no tienen que preocuparse por el costo financiero de la atención”, apuntó la doctora Delisa Skeete-Henry, jefa del departamento de obstetricia y ginecología de Broward Health en Fort Lauderdale. Y tienen licencias por maternidad pagas.
Sin embargo, a medida que aumentan los nacimientos prematuros en Estados Unidos, la riqueza no garantiza mejores resultados.
Nuevas investigaciones revelan que, sorprendentemente, en todos los niveles de ingresos, las mujeres negras y sus bebés experimentan resultados de parto mucho peores que sus contrapartes blancas. En otras palabras, todos los recursos que ofrece la riqueza no protegen a las mujeres negras ni a sus bebés de complicaciones prematuras, según el estudio, publicado por la Oficina Nacional de Investigación Económica.
Jamarah Amani es testigo de esto como directora ejecutiva de Southern Birth Justice Network y defensora de la atención de parteras y doulas en el sur de Florida. A medida que evalúa nuevos pacientes, busca pistas sobre los riesgos de nacimiento en los antecedentes familiares, análisis de laboratorio y ecografías. Y se centra en el estrés relacionado con el trabajo, las relaciones, la comida, la familia y el racismo.
“Las mujeres negras que trabajan en ambientes de alto estrés, incluso si no tienen problemas económicos, pueden enfrentar un parto prematuro”, dijo.
Recientemente, cuando una paciente mostró signos de trabajo de parto prematuro, Amani descubrió que su factura de electricidad estaba vencida, y que la empresa amenazaba con cortar el servicio. Amani encontró una organización que pagó la deuda.
De los seis embarazos de Tamara Etienne, dos terminaron en aborto espontáneo y cuatro fueron de riesgo de parto prematuro. Harta de la avalancha de intervenciones médicas, encontró una doula y una partera locales que la ayudaron en el nacimiento de sus dos hijos más pequeños.
“Pudieron guiarme a través de formas saludables y naturales para mitigar todas esas complicaciones”, dijo.
Sus propias experiencias con el embarazo dejaron un profundo impacto en Etienne. Desde entonces, ella misma se ha convertido en una doula.
No lo pensó cuando niño, o durante un tiroteo fuera de su casa en el área de Chicago. Tampoco a los 12 años, cuando uno de sus amigos fue baleado.
La mente de Diego cambió a los 14, cuando él y sus amigos estaban listos para ir a la vigilia de Nuestra Señora de Guadalupe. Esa noche, en lugar de cánticos religiosos, escuchó disparos y gritos. Un pandillero le había disparado a dos personas, una de ellas un amigo suyo, quien recibió nueve balazos.
“Mi amigo se estaba desangrando”, dijo Diego, quien le pidió a KHN no utilizar su apellido para proteger su seguridad y privacidad. Mientras su amigo yacía en el suelo, “se estaba ahogando en su propia sangre”.
Investigaciones muestran que los adolescentes expuestos a la violencia armada tienen el doble de probabilidades que otros de cometer un delito violento grave dentro de los dos años luego del trauma, lo que perpetúa un ciclo difícil de romper.
Diego pidió ayuda a sus amigos para tener una pistola y, en un país sobrecargado con armas de fuego, no tuvieron problemas para conseguirle una, que le dieron gratis.
“Me sentí más seguro con el arma”, dijo Diego, que ahora tiene 21 años. “Esperaba no usarla”.
Durante dos años, Diego mantuvo el arma solo como elemento de disuasión. Cuando finalmente apretó el gatillo, cambió su vida para siempre.
Tendencias inquietantes
Los medios de comunicación se centran en gran medida en los tiroteos masivos y el estado mental de las personas que los cometen.
Estudios muestran que la exposición crónica al trauma puede cambiar la forma en que se desarrolla el cerebro de un niño. El trauma también puede desempeñar un papel central en la explicación de por qué algunos jóvenes buscan protección en las armas y terminan usándolas contra sus compañeros.
La cantidad de niños menores de 18 años que mataron a alguien con un arma de fuego aumentó de 836 en 2019 a 1,150 en 2020.
En la ciudad de Nueva York, la cantidad de jóvenes que mataron a alguien con un arma aumentó más del doble, pasando de 48 delincuentes juveniles en 2019 a 124 en 2022, según datos del departamento de policía de la ciudad.
La violencia armada juvenil aumentó más modestamente en otras ciudades; en muchos lugares, la cantidad de homicidios de adolescentes con armas de fuego subió en 2020, pero desde entonces se ha acercado a los niveles previos a la pandemia.
Investigadores que analizan las estadísticas del crimen enfatizan que los adolescentes no están impulsando el aumento general de la violencia armada, que ha aumentado en todas las edades. En 2020, el 7,5% de los arrestos por homicidio involucraron a menores de 18 años, una proporción ligeramente menor que en años anteriores.
A líderes locales les cuesta encontrar la mejor manera de responder a los tiroteos adolescentes.
Un puñado de comunidades, incluidas Pittsburgh; el condado de Fulton, en Georgia; y el condado de Prince George, en Maryland, han debatido o implementado toques de queda juveniles para frenar la violencia adolescente. Lo que no está en discusión: más personas de 1 a 19 años mueren por violencia armada que por cualquier otra causa.
Una vida de límites
El número devastador de la violencia armada se revela a diario en las salas de emergencia.
En el centro de trauma de UChicago Medicine, la cantidad de heridas de bala en menores de 16 años se ha duplicado en los últimos seis años, dijo el doctor Selwyn Rogers, director fundador del centro. La víctima más joven tenía 2 años.
“Escuchas a la madre gemir o al hermano decir: ‘No es cierto’”, dijo Rogers, quien trabaja con jóvenes locales como vicepresidente ejecutivo del hospital para salud comunitaria. “Tienes que estar presente en ese momento, pero luego salir por la puerta y lidiar con todo de nuevo”.
En los últimos años, el sistema judicial ha luchado por equilibrar la necesidad de seguridad pública con la compasión por los menores, según investigaciones que muestran que el cerebro de una persona joven no madura por completo hasta los 25 años.
La mayoría de los delincuentes jóvenes “superan la edad” del comportamiento delictivo o violento casi al mismo tiempo, a medida que desarrollan más autocontrol y habilidades de pensamiento de largo alcance.
El doctor Selwyn Rogers es el director fundador del centro de medicina del trauma de UChicago. En los últimos seis años, ha visto duplicarse el número de heridas de bala en menores de 16.(UChicago Medicine)
Sin embargo, los adolescentes acusados de tiroteos a menudo son enjuiciados como adultos, lo que significa que enfrentan castigos más severos, dijo Josh Rovner, director de justicia juvenil en Sentencing Project, que aboga por la reforma del sistema judicial.
En 2019, aproximadamente 53,000 menores fueron acusados como adultos, lo que puede tener graves repercusiones para la salud. Estos adolescentes tienen más probabilidades de ser victimizados mientras están presos, dijo Rovner, y de ser arrestados nuevamente después de quedar libres.
Los jóvenes pueden pasar gran parte de sus vidas en un “aislamiento” impuesto por la pobreza, sin aventurarse más allá de sus vecindarios, aprendiendo poco sobre las oportunidades que existen en el resto del mundo, dijo Rogers. Millones de niños estadounidenses, en particular niños negros no hispanos, latinos y nativos americanos, viven en entornos plagados de pobreza, violencia y consumo de drogas.
Aunque nadie puede decir con certeza qué provocó el aumento de tiroteos en 2020, la investigación ha relacionado durante mucho tiempo la desesperanza y la falta de confianza en la policía, que aumentó después del asesinato de George Floyd ese año, con un mayor riesgo de violencia comunitaria.
Las ventas de armas se dispararon un 64% entre 2019 y 2020, mientras que se cancelaron muchos programas de prevención de la violencia.
Una de las pérdidas más graves que enfrentaron los niños durante la pandemia fue el cierre de las escuelas durante un año o más, justamente las instituciones que proporcionan tal vez la única fuerza estabilizadora en sus jóvenes vidas.
“La pandemia encendió el fuego debajo de la olla”, dijo Elise White, subdirectora de investigación Center for Justice Innovation, un entidad sin fines de lucro que trabaja con comunidades y sistemas de justicia. “Mirando hacia atrás, es fácil restar importancia ahora a lo incierto que se sintió ese momento [de la pandemia]. Cuanto más insegura se sienta la gente, cuanto más sientan que no hay seguridad a su alrededor, más probable es que porten armas”.
Por supuesto, la mayoría de los niños que experimentan dificultades nunca infringen la ley. Múltiples estudios han encontrado que la mayor parte de la violencia armada es perpetrada por un número relativamente pequeño de personas.
Incluso la presencia de un adulto solidario puede proteger a los niños de involucrarse en la delincuencia, explicó el doctor Abdullah Pratt, médico de emergencias de UChicago Medicine que perdió a su hermano por la violencia con armas de fuego.
Pratt también perdió a cuatro amigos por la violencia con armas durante la pandemia. Los cuatro murieron en su sala de emergencias; uno era el hijo de una enfermera del hospital.
Aunque Pratt creció en una parte de Chicago donde las pandillas callejeras eran comunes, se benefició del apoyo de padres amorosos y fuertes modelos a seguir, como maestros y entrenadores de fútbol americano. A Pratt también lo protegió su hermano mayor, quien lo cuidaba y se aseguraba de que las pandillas dejaran en paz al futuro médico.
“Todo lo que he podido lograr”, dijo Pratt, “es porque alguien me ayudó”.
Crecer en una “zona de guerra”
Diego no tenía adultos en casa que lo ayudaran a sentirse seguro.
A menudo, sus propios padres eran violentos. Una vez, en un ataque de ira por la borrachera, su padre lo agarró por la pierna y lo zarandeó por la habitación, contó Diego; y su madre una vez le arrojó una tostadora a su padre.
A los 12 años, los esfuerzos de Diego para ayudar a la familia a pagar las facturas atrasadas —vendiendo marihuana, y robando autos y apartamentos— llevaron a su padre a echarlo de la casa.
A los 13 años, Diego se unió a una pandilla del barrio. Los pandilleros, que contaron historias similares sobre huir del hogar para escapar del abuso, le dieron comida y un lugar para quedarse. “Éramos como una familia”, dijo Diego. Cuando tenían hambre y no había comida en casa, “íbamos juntos a una gasolinera a robar algo de desayuno”.
Pero Diego, que era más pequeño que la mayoría de los demás, vivía con miedo. A los 16, pesaba solo 100 libras. Los chicos más grandes lo intimidaban y lo golpeaban. Y su exitosa actividad, vender mercadería robada en la calle por dinero en efectivo, llamó la atención de pandilleros rivales, quienes amenazaron con robarle.
Los niños que experimentan violencia crónica pueden desarrollar una “mentalidad de zona de guerra”, volviéndose hipervigilantes ante las amenazas, a veces sintiendo peligro donde no existe, dijo James Garbarino, profesor emérito de psicología en la Universidad de Cornell y la Universidad de Loyola-Chicago.
Los niños que viven con miedo constante tienen más probabilidades de buscar protección en las armas de fuego o en las pandillas. Se puede activar para que tomen medidas preventivas, como disparar un arma sin pensar, contra lo que perciben como una amenaza.
El doctor Abdullah Pratt es un médico de emergencias de UChicago Medicine, quien perdió su hermano por la violencia con armas de fuego. Dice que la presencia de un adulto que apoye puede proteger a un menor del criminal.(UChicago Medicine)
“Sus cuerpos están constantemente listos para pelear”, dijo Gianna Tran, subdirectora ejecutiva del East Bay Asian Youth Center en Oakland, California, que trabaja con jóvenes en riesgo.
A diferencia de los perpetradores de tiroteos masivos, que compran armas y municiones porque tienen la intención de asesinar, la mayor parte de la violencia adolescente no es premeditada, dijo Garbarino.
En las encuestas, la mayoría de los jóvenes que portan armas, incluidos los pandilleros, dicen que lo hacen por miedo o para disuadir ataques, en lugar de perpetrarlos. Pero el miedo a la violencia comunitaria, tanto de los rivales como de la policía, puede avivar una carrera armamentista urbana, en la que los menores sienten que solo los tontos no portan armas.
“Fundamentalmente, la violencia es una enfermedad contagiosa”, dijo el doctor Gary Slutkin, fundador de Cure Violence Global, que trabaja para prevenir la violencia comunitaria.
Aunque un pequeño número de adolescentes se vuelven duros y despiadados, Pratt dijo que ve muchos más tiroteos causados por la “pobre resolución de un conflicto” y la impulsividad de los adolescentes en lugar de un deseo de matar.
De hecho, las armas de fuego y un cerebro adolescente inmaduro son una mezcla peligrosa, enfatizó Garbarino. El alcohol y las drogas pueden aumentar el riesgo. Cuando se enfrentan a una situación potencialmente de vida o muerte, pueden actuar sin pensar.
Cuando Diego tenía 16 años, estaba acompañando a una niña a la escuela y se les acercaron tres jóvenes, incluido un pandillero, quien, usando un lenguaje obsceno y amenazante, le preguntó a Diego si también estaba en una pandilla. Diego dijo que trató de pasar de largo, y uno de ellos parecía tener un arma.
“No sabía cómo disparar un arma”, dijo Diego. “Solo quería que huyeran”.
En las noticias sobre el tiroteo, testigos dijeron que escucharon cinco disparos. “Lo único que recuerdo es el sonido de los disparos”, dijo Diego. “Todo lo demás fue en cámara lenta”.
Diego había disparado a dos de los muchachos en las piernas. La niña corrió por un lado y él por otro. La policía lo arrestó en su casa unas horas después. Fue juzgado como adulto, condenado por dos cargos de intento de homicidio y sentenciado a 12 años.
Una segunda oportunidad
En las últimas dos décadas, el sistema judicial ha realizado cambios importantes en la forma en que trata a los niños.
Los estados también están adoptando alternativas a la cárcel, como hogares grupales que permiten a los adolescentes permanecer en sus comunidades, al tiempo que brindan tratamiento para ayudarlos a cambiar su conducta.
Debido a que Diego tenía 17 años cuando fue sentenciado, fue enviado a un centro de menores, donde recibió terapia por primera vez.
Diego terminó la escuela secundaria mientras estaba tras las rejas, y obtuvo un título de un colegio comunitario. Con otros jóvenes reclusos fue de excursión a teatros y al acuario, lugares en los que nunca había estado. La directora del centro de detención le pidió que la acompañara a eventos sobre la reforma de la justicia juvenil, donde lo invitaron a contar su historia.
Para Diego, esas fueron experiencias reveladoras: se dio cuenta de que había visto muy poco de Chicago, a pesar de que había pasado su vida allí.
“Mientras estás creciendo, lo único que ves es a tu comunidad”, dijo Diego, quien fue liberado después de cuatro años, cuando el gobernador conmutó su sentencia. “Asumes que el mundo entero es así”.
La editora de datos de KHN Holly K. Hacker y la investigadora Megan Kalata contribuyeron con este informe.
AMARILLO, Texas – En el vasto Panhandle de Texas, azotado por un viento y sol implacables, las mujeres deben conducir durante horas para llegar a Haven Health, una clínica en Amarillo.
Haven es una de las más de 3,200 clínicas federales de planificación familiar en todo el país, que atiende a los hablantes de inglés y español, proporcionando anticoncepción, pruebas de embarazo e infecciones de transmisión sexual, y detección de cáncer de cuello uterino. Todo a bajo costo o sin cargo para pacientes que están ansiosos, son pobres, o ambas cosas.
Esos pacientes incluyen adolescentes menores de 18 años, que buscan píldoras anticonceptivas o anticoncepción de acción prolongada.
Pero bajo una sorprendente decisión judicial emitida en diciembre, un juez federal dictaminó que estas clínicas violan la ley estatal de Texas y los derechos constitucionales federales, cortando de raíz una fuente vital de atención médica para mujeres jóvenes en el estado.
Defensores de la salud de las mujeres y proveedores de atención médica han denunciado la decisión del juez conservador designado por el presidente Donald Trump, que está en el centro de otros casos de derechos reproductivos. Dicen que es demasiado amplia y sin precedentes. (El fallo se aplica a las regulaciones nacionales, pero por ahora se sigue solo en Texas).
“Ni siquiera podemos proporcionar anticonceptivos para un problema ginecológico”, dijo Carolena Cogdill, directora ejecutiva de Haven Health, quien dijo que el fallo del juez federal de distrito Matthew Kacsmaryk ha tenido un efecto escalofriante en la atención.
“Recibimos a una joven que tenía un sangrado anormal y queríamos recetarle anticonceptivos para ayudar a controlar ese sangrado. Y no pudimos hacerlo porque tenía 16 años”. La paciente había dicho que su madre no entendería, creyendo que su hija “iba a salir y tener relaciones sexuales”, dijo Cogdill.
La ley de Texas ha exigido durante mucho tiempo que las adolescentes tengan el permiso de los padres para obtener anticonceptivos recetados. Pero bajo el programa federal Título X, ciertas clínicas podrían proporcionar anticonceptivos sin el consentimiento de los padres. Establecido en 1970, Título X evolucionó a partir de la era de la “Guerra contra la Pobreza” y fue aprobado con un amplio apoyo bipartidista.
La legislación fue firmada por el entonces presidente republicano Richard Nixon, para brindar servicios de planificación familiar a personas de bajos ingresos, incluidos menores, con el objetivo de reducir el embarazo adolescente.
Pero en julio de 2022, semanas después de que la Corte Suprema revocara la protección constitucional para el aborto en Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization, Alexander R. Deanda, padre de tres hijas adolescentes que vive en Amarillo, demandó al Departamento de Salud y Servicios Humanos. Argumentó que el gobierno había violado su derecho constitucional a liderar la crianza de sus hijas.
En su demanda, Deanda, quien es cristiano, dijo que estaba “criando a cada una de sus hijas de acuerdo con la enseñanza cristiana sobre cuestiones de sexualidad” y que no podía tener “la seguridad de que sus hijas no podrán acceder a anticonceptivos recetados” que “facilitan la promiscuidad sexual y el sexo pre-matrimonial”.
En su opinión, Kacsmaryk estuvo de acuerdo y escribió que “el uso de anticonceptivos (al igual que el aborto) viola los principios tradicionales de muchas religiones, incluidas las prácticas de los demandantes de fe cristiana”.
Además, Kacsmaryk, quien también es cristiano, dijo que la existencia de clínicas federales que operan en Texas, donde la ley estatal requiere el permiso de los padres para que las adolescentes reciban anticonceptivos, representaba un “daño inmediato”.
“Las clínicas del Título X están abiertas la mayoría de los días y, por lo tanto, presentan un riesgo continuo, continuo e inminente”, escribió el juez.
La decisión, que hace referencia al catecismo católico y a textos religiosos del siglo IV, sorprendió a expertos legales como Elizabeth Sepper, profesora de derecho en la Universidad de Texas en Austin, quien dijo que esta narrativa era parte de la creciente influencia de la teología cristiana conservadora en los tribunales.
“Estamos viendo cada vez más argumentos religiosos que llegan a los tribunales disfrazados de argumentos legales”, dijo Sepper. “Creo que estamos viendo un movimiento que comenzó con una exención religiosa, diciendo ‘Permítanme estructurar mi atención médica para que se adapte a mi moral’, y ahora se está avanzando hacia una agenda que dice, ‘Permítanme estructurar toda la atención médica de acuerdo con mi moral’”.
Ni Deanda ni su abogado, Jonathan Mitchell, el artífice de la prohibición del aborto en Texas antes de Dobbs, respondieron a las solicitudes de comentarios.
Los efectos del embarazo adolescente en la vida de una mujer pueden ser profundos. La mitad de las madres adolescentes reciben un diploma de escuela secundaria a los 22 años, en comparación con el 90% de las mujeres jóvenes que no dan a luz en la adolescencia. Los nacimientos de adolescentes pueden conducir a malos resultados para la próxima generación: los hijos de madres adolescentes tienen más probabilidades de abandonar la escuela secundaria y terminar en la cárcel o prisión durante la adolescencia.
El doctor Stephen Griffin, profesor asistente en la Universidad Tecnológica de Texas en Lubbock, y obstetra y ginecólogo, describió el acceso a los métodos anticonceptivos para las mujeres jóvenes como un “problema de seguridad”, y agregó que muchos padres subestiman la actividad sexual de sus adolescentes.
“Sabemos que las personas que se identifican como asistentes regulares a la iglesia tienen más probabilidades de subestimar el comportamiento arriesgado de sus hijos en términos de sexo”, dijo Griffin. “Y que los padres que sienten que tienen líneas abiertas de comunicación con sus hijos” también subestiman el riesgo.
Expertos en salud dicen que es probable que la decisión judicial que prohíbe el acceso a la anticoncepción aumente esos números, siguiendo los pasos de otras restricciones a la atención de la salud reproductiva en el estado.
“El aborto es ilegal en Texas. Los niños no reciben educación sexual integral en las escuelas. Un gran [número] de personas en Texas viven sin seguro médico”, dijo Stephanie LeBleu, directora interina de Every Body Texas, que administra las más de 150 clínicas del Título X del estado. “Así que hace que sea muy difícil obtener servicios de salud sexual”.
La administración Biden apeló la decisión de Texas en febrero. Mientras tanto, LeBleu dijo que aquí no queda ninguna red de seguridad para los adolescentes.
“Les roba su humanidad”, dijo. “Les roba potencialmente su futuro. Y les roba su autonomía corporal, y creo que los jóvenes son más que capaces de tomar decisiones sobre su propia atención médica”.
Décadas de investigación muestran que es más probable que los adolescentes busquen atención de salud sexual si pueden hacerlo de manera confidencial. Pero para los tejanos como Christi Covington, la creencia es que la ley no debería hacer excepciones, ni siquiera en los casos más difíciles.
Covington vive en Round Rock, un suburbio de Austin. Se crió en una gran familia evangélica y está transmitiendo esas enseñanzas a sus tres hijos. Dejando de lado las objeciones religiosas al control de la natalidad, dijo que se debe respetar la unidad familiar.
“Dios diseñó el mundo para que haya padres y luego tenemos nuestra descendencia y que los padres cuiden a esos niños, y eso está diseñado”, dijo. “Y lo vemos reflejado en la naturaleza”.
En cuanto al control de la natalidad, dijo, “se siente como una curita”.
“Démosles control de la natalidad, y entonces no tendremos que lidiar con lo que está sucediendo en nuestra sociedad, donde estas adolescentes quedan embarazadas tan rápido y tan fácilmente”, dijo Covington.
Agregó que ya está obligada a dar permiso para el cuidado de la salud de sus hijos, incluidas las vacunas. “Honestamente, tengo que dar mi consentimiento en todas partes para la otra atención médica de mis hijos”, dijo. “¿Por qué decidiríamos que esta área está exenta?”.
Pero Rebecca Gudeman, directora sénior de salud del National Center for Youth Law, dijo que el 60% de los adolescentes involucran a sus padres en estas decisiones.
“Lo hacen no porque la ley les exija hacerlo, sino porque es lo que quieren hacer”, dijo Gudeman.
Algunos jóvenes, dijo, simplemente no pueden involucrar a sus padres o tutores, incluidas parejas como Victoria y Richard Robledo, quienes comenzaron a salir y tener relaciones sexuales cuando ambos eran menores de edad. Victoria dijo que en esos primeros días decidió obtener un control de la natalidad, pero no podía acudir a su madre, una católica devota, en busca de consejo.
“Éramos un hogar hispano típico”, recordó Victoria. “Y, por lo general, en hogares como el mío, no quieren hablar de novios, sexo ni nada de eso”.
Pero Victoria encontró una clínica a menos de una milla de su escuela secundaria y pudo obtener anticonceptivos sin costo. La pareja ahora está casada, vive en Clovis, Nuevo México, al otro lado de la frontera estatal, y tiene dos hijos.
Victoria dijo que poder protegerse del embarazo cuando era adolescente cambió el curso de su vida, permitiéndole ir a la universidad y a su esposo unirse al ejército.
“No nos preocupaba el hecho de que pudiéramos tener un hijo”, dijo. “Ambos pudimos salir y vivir nuestras propias vidas”.
Tras casi cinco décadas de intentos, la industria farmacéutica está a punto de suministrar vacunas eficaces contra el virus respiratorio sincitial (VRS), que ha llevado al hospital a 90,000 niños en lo que va del invierno.
Sin embargo, solo una de las vacunas está diseñada para administrarse a bebés, y un error en la redacción de la ley puede imposibilitar que los niños de bajos ingresos tengan el mismo acceso a la vacuna que los que tienen un buen seguro.
Desde 1994, la vacunación sistemática es un derecho de la infancia en el marco del programa Vacunas para los Niños, a través del cual el gobierno federal compra millones de vacunas y las suministra gratuitamente a través de pediatras y clínicas a los niños sin seguro, con seguro insuficiente o con Medicaid, que son más de la mitad de todos los menores estadounidenses.
La ley de 1993 por la que se creó el programa no incluye específicamente las inyecciones de anticuerpos, que se utilizaban raramente y solo como terapia de emergencia al momento en que se redactó el proyecto de ley.
Pero la primera inmunización que probablemente esté disponible para los bebés, llamada nirsevimab –se aprobó en Europa en diciembre y se prevé que la Administración de Drogas y Alimentos (FDA) la apruebe este verano–, no es una vacuna sino un anticuerpo monoclonal, que neutraliza los virus del VRS en el torrente sanguíneo.
La doctora Kelly Moore, presidenta del grupo de defensa Immunize.org, dijo que no hay duda que el Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (ACIP) de Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) recomendará administrar el anticuerpo a los bebés. Ahora los CDC están analizando si nirsevimab sería elegible para el programa Vacunas para los Niños, dijo a KHN Kristen Nordlund, vocera de la agencia.
No hacerlo “condenaría a miles y miles de niños a hospitalizaciones y enfermedades graves por razones semánticas, a pesar de la existencia de una inmunización que funciona igual que una vacuna estacional”, afirmó.
Funcionarios de Sanofi, que está produciendo la inyección de nirsevimab junto con AstraZeneca, se negaron a indicar un precio, pero dijeron que el rango sería similar al de un curso de vacuna pediátrica. Los CDC pagan alrededor de $650 por la vacuna de rutina más costosa, las cuatro inyecciones contra la infección neumocócica. En otras palabras, la aprobación de la FDA convertiría al nirsevimab en un fármaco de gran éxito con un valor de miles de millones anuales si se administra a una gran parte de los aproximadamente 3,7 millones de niños que nacen en el país cada año.
Pfizer y GSK están fabricando vacunas tradicionales contra el VRS y esperan la aprobación de la FDA a finales de este año. La inyección de Pfizer inicialmente se administraría a las mujeres embarazadas, para proteger a sus bebés de la enfermedad, mientras que la de GSK sería para los adultos mayores.
Las vacunas para lactantes se encuentran en fase de desarrollo, pero expertos aún están un poco nerviosos al respecto. En 1966 fracasó estrepitosamente el ensayo de una vacuna contra este virus en el que murieron dos bebés, y los inmunólogos no se ponen totalmente de acuerdo sobre la causa del desastre, según el doctor Barney Graham, científico jubilado de VRS y covid.
Después que los aislamientos y las máscaras por covid ralentizaran su transmisión durante dos años, el VRS estalló este año en todo Estados Unidos, inundando las unidades de cuidados intensivos pediátricos.
Sanofi y AstraZeneca, los fabricantes de nirvisemab, esperan que la FDA lo apruebe, que los CDC lo recomienden y que se aplique en todo el país antes del otoño para prevenir nuevas epidemias del VRS.
Su producto está diseñado para administrarse antes de la primera temporada invernal del VRS de cada bebé. En los ensayos clínicos los anticuerpos ofrecieron una protección de hasta cinco meses; la mayoría de los menores no necesitarían una segunda dosis porque el virus no es un peligro mortal para los niños sanos de más de un año, dijo Jon Heinrichs, miembro principal de la división de vacunas de Sanofi.
Si no se acepta el tratamiento con anticuerpos para el programa Vacunas para Niños, habrá un acceso limitado a la vacuna para los que no tienen seguro médico y para los beneficiarios de Medicaid, la mayoría de los cuales son negros e hispanos (que pueden ser de cualquier raza), indicó Moore. Las farmacéuticas tendrían que negociar con el programa Medicaid de cada estado para incluirlo en sus formularios.
Excluir la vacuna del programa Vacunas para Niños “sólo empeoraría las disparidades sanitarias existentes”, dijo el doctor Sean O’Leary, profesor de pediatría de la Universidad de Colorado y presidente del comité de enfermedades infecciosas de la Academia Americana de Pediatría.
El VRS afecta a bebés de todas las clases sociales, pero tiende a perjudicar más a los hogares pobres y hacinados, dijo Graham. “Los antecedentes familiares de asma o alergia lo empeoran, y si son muy prematuros”, dijo.
Aunque entre el 2% y el 3% de los lactantes son hospitalizados cada año por el virus respiratorio sincitial, hay una alta supervivencia. Pero hasta 10,000 adultos mayores mueren cada año a causa de estas infecciones. Esto cambiará con el fin de pagos de bolsillo para todas las vacunas bajo Medicare, incluida la del VRS, bajo la Ley de Reducción de la Inflación de 2022.
Jennifer Reich, socióloga de la Universidad de Colorado que estudia las actitudes en materia de vacunación, afirmó que es probable que el alto grado de indecisión sobre las vacunas reduzca su aceptación, independientemente de quién las pague.
Los nuevos tipos de vacunas, como los anticuerpos de Sanofi/AstraZeneca, suelen asustar a los padres, y es probable que la vacuna de Pfizer para las mujeres embarazadas también provoque temor.
Los responsables de salud pública “no parecen saber cómo superar la desinformación” de que las vacunas merman la fertilidad o perjudican de algún otro modo a las personas, dijo Reich.
Por otra parte, la epidemia del VRS de este año será significativa para muchas madres, dijo Heidi Larson, líder del Vaccine Confidence Project y profesora de antropología en la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres.
“Tener a un hijo hospitalizado por el VRS da miedo”, afirmó.
Aunque desafortunado, “el elevado número de niños que murieron o ingresaron en la UCI en la última temporada con VRS es, en cierto modo, útil”, dijo la doctora Laura Riley, catedrática de obstetricia y ginecología de Weill Cornell Medicine en Nueva York.
Los especialistas de su campo no han empezado realmente a hablar de cómo informar a las mujeres sobre la vacuna, dijo Riley, presidenta del grupo de inmunización del Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos.
“Todo el mundo ha estado esperando a ver si se aprobaba”, señaló. “La educación tiene que empezar pronto, pero es difícil educar antes de lanzar la vacuna”.
La grave escasez de camas pediátricas que azota a la nación este otoño es en parte producto de las decisiones financieras tomadas por los hospitales durante la última década, como cerrar las salas infantiles, que a menudo operan en números rojos, y ampliar la cantidad de camas disponibles para proyectos más rentables como reemplazos articulares y atención del cáncer.
Para hacer frente a la avalancha de niños enfermos por una convergencia radical de virus desagradables, especialmente el virus respiratorio sincitial (VRS), la influenza y el coronavirus, los centros médicos de todo el país han desplegado carpas de triage, retrasado cirugías electivas y trasladado fuera del estado a menores gravemente enfermos.
Un factor importante en la escasez de camas es una tendencia de muchos años entre los hospitales de eliminar las unidades pediátricas, que tienden a ser menos rentables que las de adultos, dijo Mark Wietecha, director ejecutivo de la Children’s Hospital Association.
Los hospitales optimizan los ingresos tratando de mantener sus camas llenas al 100 %, y llenas de pacientes con condiciones que las aseguradoras reembolsan bien.
“Realmente tiene que ver con los dólares”, dijo el doctor Scott Krugman, vicepresidente de pediatría del Hospital Pediátrico Herman and Walter Samuelson en Baltimore. “Los hospitales dependen de procedimientos de alto volumen y alto reembolso de seguros que paguen bien para ganar dinero”.
El número de unidades pediátricas para pacientes internados en los hospitales cayó un 19% entre 2008 y 2018, según un estudio publicado en 2021 en la revista Pediatrics. Solo este año, los hospitales han cerrado unidades pediátricas en Boston y Springfield, Massachusetts; Richmond, Virginia; y Tulsa, Oklahoma.
El aumento actual de enfermedades respiratorias peligrosas para los niños es otro ejemplo de cómo covid-19 ha alterado el sistema de atención médica. Los bloqueos y el aislamiento que marcaron los primeros años de la pandemia dejaron a los niños en gran medida sin exposición, y aún vulnerables, a virus distintos al covid durante dos inviernos, y los médicos ahora están tratando esencialmente enfermedades respiratorias de varios años.
La pandemia también aceleró los cambios en la industria de la atención de salud que han dejado a muchas comunidades con menos camas de hospital disponibles para niños gravemente enfermos, junto con menos médicos y enfermeras para atenderlos.
Cuando las unidades de cuidados intensivos se inundaron con pacientes mayores con covid en 2020, algunos hospitales comenzaron a usar camas infantiles para tratar a adultos. Muchas de esas camas pediátricas no se han repuesto, dijo el doctor Daniel Rauch, presidente del comité de atención hospitalaria de la Academia Estadounidense de Pediatría.
“Simplemente no hay suficiente espacio para todos los niños que necesitan camas”, dijo la doctora Megan Ranney, quien trabaja en varios departamentos de emergencia en Providence, Rhode Island, incluido el Hasbro Children’s Hospital. La cantidad de niños que buscaron atención de emergencia en las últimas semanas fue un 25% más alta que el récord anterior del hospital.
“Tenemos médicos que limpian las camas para que podamos acomodar a los niños más rápido”, dijo Ranney, vicedecana de la Escuela de Salud Pública de la Universidad Brown.
No hay mucho dinero en el tratamiento de niños. Alrededor del 40% de los niños estadounidenses están cubiertos por Medicaid, un programa federal y estatal conjunto para pacientes de bajos ingresos y personas con discapacidades. Las tarifas básicas de Medicaid suelen ser más de un 20% inferiores a las que paga Medicare, el programa de seguro del gobierno para adultos mayores, y son aún más bajas en comparación con los seguros privados.
Si bien la atención especializada para una variedad de procedimientos comunes para adultos, desde reemplazos de rodilla y cadera hasta cirugías cardíacas y tratamientos contra el cáncer, genera importantes ganancias para los centros médicos, los hospitales se quejan de que generalmente pierden dinero en la atención pediátrica de pacientes hospitalizados.
Cuando Tufts Children’s Hospital cerró 41 camas pediátricas este verano, los funcionarios del hospital aseguraron a los residentes que los pacientes jóvenes podrían recibir atención en el cercano Boston Children’s Hospital. Ahora, Boston Children’s está retrasando algunas cirugías electivas para dejar espacio a los niños que están gravemente enfermos.
Rauch señaló que los hospitales infantiles, que se especializan en el tratamiento de enfermedades raras y graves como el cáncer pediátrico, la fibrosis quística y los defectos cardíacos, simplemente no están diseñados para manejar la avalancha de niños gravemente enfermos de esta temporada con virus respiratorios.
Incluso antes de la trifecta viral del otoño, las unidades pediátricas se esforzaban por absorber un número creciente de jóvenes con angustia mental aguda.
Abundan las historias de niños en crisis mentales que se quedan en el limbo durante semanas en las salas de emergencia mientras esperan ser transferidos a una unidad psiquiátrica pediátrica. En un buen día, dijo Ranney, el 20% de las camas de la sala de emergencias pediátrica del Hasbro Children’s Hospital están ocupadas por niños que experimentan problemas de salud mental.
Con la esperanza de aumentar la capacidad pediátrica, el mes pasado, la Academia Estadounidense de Pediatría se unió a la Asociación de Hospitales Infantiles para pedir a la Casa Blanca que declare una emergencia nacional debido a infecciones respiratorias infantiles y proporcione recursos adicionales para ayudar a cubrir los costos de la atención.
La administración Biden ha dicho que la flexibilidad que se les ha dado a los sistemas hospitalarios y a los proveedores durante la pandemia para eludir ciertos requisitos de personal también se aplica al VRS y la gripe.
El Doernbecher Children’s Hospital de Oregon Health & Science University ha cambiado a “estándares de atención de crisis”, lo que permite que las enfermeras de cuidados intensivos traten a más pacientes de los que normalmente se les asignan. Mientras tanto, los hospitales en Atlanta, Pittsburgh y Aurora, Colorado, han recurrido al tratamiento de pacientes jóvenes en carpas desbordadas en estacionamientos.
El doctor Alex Kon, pediatra de cuidados intensivos en el Centro Médico Comunitario en Missoula, Montana, dijo que los proveedores han hecho planes para cuidar a los niños mayores en la unidad de cuidados intensivos para adultos y desviar las ambulancias a otras instalaciones cuando sea necesario. Con solo tres UCI pediátricas en el estado, eso significa que los pacientes jóvenes pueden volar hasta Seattle o Spokane, Washington o Idaho.
Hollis Lillard llevó a su hijo de 1 año, Calder, a un hospital del ejército en el norte de Virginia el mes pasado después de experimentar varios días de fiebre, tos y dificultad para respirar. Pasaron siete horas angustiosas en la sala de emergencias antes de que el hospital encontrara una cama abierta y los trasladaran en ambulancia al Centro Médico Militar Nacional Walter Reed en Maryland.
Con la terapia adecuada y las instrucciones para el cuidado en el hogar, el virus de Calder fue fácilmente tratable: se recuperó después de que le administraran oxígeno y lo trataran con esteroides, que combaten la inflamación, y albuterol, que controla los broncoespasmos. Fue dado de alta al día siguiente.
Aunque las hospitalizaciones por VRS están disminuyendo, las tasas se mantienen muy por encima de la media para esta época del año. Y es posible que los hospitales no tengan mucho alivio.
Las personas pueden infectarse con este virus más de una vez al año, y Krugman se preocupa por un resurgimiento en los próximos meses. Debido al coronavirus, que compite con otros virus, “el patrón estacional habitual de virus se ha ido por la ventana”, dijo.
Al igual que el VRS, la influenza llegó temprano esta temporada. Ambos virus suelen alcanzar su punto máximo alrededor de enero. Tres cepas de la gripe están circulando y han causado aproximadamente 8,7 millones de casos, 78,000 hospitalizaciones y 4,500 muertes, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).
Krugman duda que la industria de la atención de salud aprenda lecciones rápidas de la crisis actual. “A menos que haya un cambio radical en la forma en que pagamos la atención hospitalaria pediátrica”, dijo Krugman, “la escasez de camas solo empeorará”.
Antes de que comenzara la emergencia de salud pública por covid-19 en 2020, millones de niños entraban y salían de Medicaid cada año, un indicio de que muchos perdían la cobertura por problemas administrativos, y no porque sus familias ganaran más y ya no fueran elegibles.
Ahora, varios estados del oeste del país, como California, buscan cambiar esta situación con nuevas políticas de inscripción continua para los miembros más jóvenes de Medicaid. La posibilidad de cambiar estas normas, vigentes por décadas, surge cuando los estados valoran los cambios causados por la pandemia.
Los legisladores de California han aprobado una propuesta —pendiente de la autorización federal— para que los niños que cumplan los requisitos para recibir Medicaid se inscriban al nacer y permanezcan inscritos hasta los 5 años, a partir de 2025.
Oregon ya ha conseguido la aprobación de una política similar. En 2023, cuando se espera que termine la emergencia de salud pública, Oregon se convertirá en el primer estado en permitir que los niños elegibles para recibir Medicaid se inscriban al nacer y permanezcan en el programa hasta que cumplan 6 años, independientemente de los cambios en los ingresos familiares y sin tener que volver a solicitarlo.
“Se trata de una medida obvia en términos de apoyo a los niños”, dijo Jenifer Wagley, directora ejecutiva de la organización Our Children Oregon. Según Wagley, mantener a los niños con cobertura —sobre todo temprano en su desarrollo— garantizará que no pierdan importantes chequeos y cuidados debido a las brechas en la cobertura.
La inscripción en Medicaid ha alcanzado niveles récord después que el gobierno federal prohibiera a los estados dar de baja a sus miembros durante la emergencia de salud pública, a menos que murieran o se trasladaran fuera del estado. Esta norma ha contribuido a que la tasa de no asegurados del país alcance un mínimo histórico.
De las casi 90 millones de personas que reciben Medicaid y el Programa de Seguro de Salud Infantil (CHIP), unos 41 millones son niños. CHIP es un programa federal-estatal que cubre a los niños de hogares con ingresos superiores a los que se pueden acoger a Medicaid.
Joan Alker, directora ejecutiva del Centro para la Infancia y la Familia de la Universidad de Georgetown, calificó el hecho de que los estados pasen a tener períodos más largos de cobertura continua para los menores como “una consecuencia positiva de la pandemia”.
Señaló que desde el cuarto trimestre de 2020 hasta el primero de 2022, la proporción de niños sin seguro en Estados Unidos se redujo del 6,7% al 3,7%, en gran parte debido a la norma de emergencia que ha impedido a los estados dejar sin cobertura a los inscritos en Medicaid.
“Los estados tendrán que hacer mucha divulgación sobre esta nueva política para que todos los bebés salgan del hospital con seguro médico y los padres no tengan que preocuparse por la cobertura hasta que el niño vaya al jardín”, señaló Alker.
Si la emergencia de salud pública finaliza el año que viene, casi 5,3 millones de niños podrían perder la cobertura de Medicaid, según un análisis federal publicado en agosto. De ellos, alrededor de 1,4 millones saldrían de las listas porque ya no cumplen los requisitos, pero casi 4 millones de niños que reúnen los requisitos perderían la cobertura por motivos administrativos, como no haber presentado la documentación a tiempo.
Dado que los umbrales de ingresos familiares de Medicaid suelen ser más altos para los niños que para los adultos, es menos probable que los niños pierdan la cobertura por pequeños cambios en los ingresos. Pero pueden perder su derecho a la cobertura si los padres no la renuevan cada año, o no responden cuando el estado busca información para confirmar que los ingresos de la familia se han mantenido lo suficientemente bajos pra mantener la elegibilidad.
Por lo general, los inscritos en Medicaid deben informar de cualquier cambio en los ingresos de la familia u otros criterios que puedan afectar a su elegibilidad durante el año, y los estados deben actuar sobre estos cambios.
Esto supone un reto para los beneficiarios de Medicaid y las agencias estatales, ya que los ingresos de las personas suelen fluctuar. Como resultado, los inscritos pueden perder la cobertura, verse obligados a cambiar entre Medicaid y la cobertura subvencionada del mercado de seguros de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA), o experimentar brechas de cobertura si el papeleo resulta difícil de completar.
Para solucionar este problema, casi la mitad de los estados dan a los niños un año de elegibilidad continua de Medicaid, independientemente de los cambios en los ingresos familiares. Ese grupo incluye estados controlados tanto por republicanos como por demócratas, y estados como Alabama y Mississippi, que no han ampliado Medicaid bajo ACA.
Antes de pasar a la cobertura continua para los niños hasta los 6 años, Oregon les ofrecía 12 meses de elegibilidad continua. Sin embargo, los funcionarios estatales de Medicaid estiman que en 2019, antes del comienzo de la pandemia, más de 70,000 menores de 6 años —un tercio de los inscritos— entraron y salieron de Medicaid. Alrededor de 29,000 de esos niños tuvieron lagunas de cobertura que superaron los seis meses, según dijeron funcionarios estatales a KHN.
Los funcionarios de Oregon estiman que, tras cuatro años de aplicación, la nueva política de inscripción beneficiará a más de 51,000 niños en 2027, a un costo de $177 millones.
“La emergencia de salud pública ha demostrado claramente el valor de tener un seguro de salud continuo, particularmente para las poblaciones que experimentan disparidades de salud y han tenido barreras históricas para el acceso a la atención médica”, afirmó Elizabeth Gharst, vocera de la Autoridad de Salud de Oregon, que supervisa el programa estatal de Medicaid.
La garantía de seis años también reducirá los costos administrativos de Oregon, ya que no tendrá que tramitar algunas solicitudes cada año. Y los funcionarios esperan que reduzca los gastos médicos del programa, ya que los niños que permanezcan en Medicaid tendrán acceso a servicios de atención primaria y preventiva que pueden reducir la necesidad de tratamientos relacionados con los atrasos en la búsqueda de atención.
Oregon ofrece cobertura de Medicaid y CHIP a los niños de familias con ingresos de hasta el 300% del nivel federal de pobreza, que es de $83,250 para una familia de cuatro miembros.
Lori Coyner, asesora principal de políticas de Medicaid en Oregon, dijo que el cambio reducirá las desigualdades en materia de salud porque ayudará a los niños de color a conservar la cobertura y el acceso a la atención médica.
Además de mantener a los niños en Medicaid durante más tiempo, Oregon obtuvo la aprobación federal en octubre para convertirse en el primer estado en dar a los niños de 6 años o más y a los adultos dos años de elegibilidad continua, independientemente de los cambios en los ingresos de su hogar.
A nivel nacional, KFF estima que alrededor del 11% de los niños inscritos en Medicaid perdieron su cobertura durante al menos un día en 2019. El estado de Washington también reporta un 11%.
En California, funcionarios de Medicaid estiman que unos 64,000 —el 6%— de los inscritos menores de 5 años fueron retirados de las listas y luego volvieron a inscribirse en el mismo año.
Mike Odeh, director de salud del grupo Children Now de California, espera que el estado se sume pronto. “Preferiríamos que el estado pagara para que los niños recibieran atención en lugar de pagar por el papeleo”, señaló, y añadió que tener que volver a inscribirse cada año puede ser un obstáculo para las familias de bajos ingresos. “Queremos que estén sanos y preparados para la escuela”, afirmó Odeh.
El Departamento de Servicios de Atención Sanitaria de California, que supervisa Medi-Cal, calcula que el cambio de política costaría $39,1 millones en 2025, suponiendo que se aplique en enero, y $68 millones para el año fiscal 2025-26. El estado todavía está sopesando cuándo buscar la aprobación federal.
Los funcionarios de Medicaid en el estado de Washington aseguraron que hace tiempo que consideran la posibilidad de dar a los niños elegibilidad continua durante varios años. “Las familias de Medicaid están muy ocupadas, y lo último en lo que pueden pensar es en renovar su cobertura, por lo que esto queda relegado al final de su lista de prioridades”, explicó Amy Dobbins, directora de sección en la Oficina de Elegibilidad y Política de Medicaid.
Dobbins señaló que la emergencia de salud pública por covid, durante la cual más niños han tenido cobertura y han recibido servicios de salud, fortaleció la idea de la elegibilidad continua.
Dianne Hasselman, directora ejecutiva interina de la Asociación Nacional de Directores de Medicaid, piensa que algunos estados serían cautelosos a la hora de seguir el ejemplo de Oregon. “A los legisladores estatales también les podría preocupar el aumento de las inscripciones en el programa Medicaid, especialmente en un momento en el que las inscripciones ya han crecido significativamente”, expresó.
Además, los legisladores no verían con buenos ojos ampliar la cobertura a personas con otras opciones de seguro, como el del lugar de trabajo de los padres, agregó Hasselman.
Aunque se alegra de que algunos estados mantengan a los niños en Medicaid hasta los 6 años, Alker, de Georgetown, subrayó que la nueva política de Oregon entrará en vigor —al final de la emergencia sanitaria— justo cuando millones de niños pierdan la cobertura.
“Los estados que no presten atención a las necesidades de los niños cuando termine la emergencia de salud pública probablemente verán un aumento masivo de niños sin seguro”, señaló Alker. “Así que se avecinan situaciones muy diferentes”.
Es probable que los republicanos tomen el control de una o ambas cámaras del Congreso cuando todos los votos estén contados. Pero los demócratas están celebrando el hecho de que su partido desafió las pérdidas pronosticadas para estas elecciones de medio término.
La reacción a la decisión de la Corte Suprema en junio pasado de anular 49 años de derecho al aborto aparentemente fue una de las principales razones.
Como mostraron consistentemente las encuestas pre electorales, la inflación y la economía fueron los temas de votación más importantes, citados por el 51% de los votantes en las encuestas a boca de urna realizadas por Associated Press y analizadas por encuestadores de KFF.
Pero el aborto fue el tema más importante para una cuarta parte de todos los votantes y para una tercera parte de las mujeres menores de 50 años. Las encuestas a boca de urna de NBC News indicaron que la inflación fue el principal tema para votar para un 32%, y en segundo lugar el aborto, 27%.
La pronosticada “ola roja” de republicanos derrocando a los demócratas en la Cámara y el Senado no sucedió, aunque a partir del miércoles por la mañana parecía probable que los republicanos obtuvieran el puñado de escaños que necesitaban para lograr la mayoría de la Cámara.
En el Senado, donde los republicanos solo necesitaban un asiento para tomar el control, ningún titular había perdido oficialmente, aunque los demócratas capturaron el escaño de Pennsylvania que dejó vacante el senador republicano Pat Toomey.
Aún no se habían convocado varias otras contiendas reñidas, y el control de la cámara bien podría descansar en una posible segunda vuelta en diciembre en Georgia entre el actual senador demócrata Raphael Warnock y el republicano Herschel Walker.
Entre otros problemas que enfrentaron los votantes el martes, los residentes de Dakota del Sur aprobaron una expansión de Medicaid bajo la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA). Se convirtió así en el séptimo estado en expandir el programa a pesar de las objeciones de su gobernador republicano y/o la legislatura estatal.
Antes, medidas similares fueron aprobadas en Idaho, Maine, Missouri, Nebraska, Oklahoma y Utah. La aprobación de Dakota del Sur reducirá a 11 el número de estados que no han ampliado el programa a personas con ingresos de hasta el 138 % de la línea de pobreza, entre ellos Texas, Florida y Georgia.
Sobre el tema del derecho al aborto, los votantes de media docena de estados de todo el espectro político mostraron su apoyo directo a través de iniciativas electorales. En la más observada de esas medidas, los votantes de Michigan aprobaron una enmienda constitucional que garantiza la libertad reproductiva, evitando así que entre en vigencia una prohibición de 1931.
Los votantes de Kentucky rechazaron por poco margen una enmienda que habría declarado en su constitución que no había derecho al aborto. Eso lo convirtió en el primer estado del sur en expresar su apoyo directo al derecho al aborto.
Se aprobaron otras preguntas sobre el derecho al aborto en Vermont y California. La medida de California, que fue aprobada con el 65% de los votos, consolidó el derecho al aborto y a la anticoncepción.
En Montana, una medida electoral para exigir que los bebés nacidos vivos después de un intento de aborto reciban atención médica estaba perdiendo con el 80% de los votos. Este requisito ya existe en la ley federal.
Además, en varios estados clave donde la legalidad del aborto está en juego, los gobernadores y candidatos a favor del derecho al aborto derrotaron a los opositores al aborto, incluidos Pennsylvania, Wisconsin y Michigan.
El aborto también fue un tema en las elecciones de la Corte Suprema en al menos seis estados, donde los desafíos a las leyes del aborto o las interpretaciones constitucionales podrían decidir si sigue o no siendo legal.
En Kentucky, la jueza Michelle Keller estaba liderando sobre Joe Fischer, un legislador estatal republicano que patrocinó la ley de activación del aborto de Kentucky. La jueza titular de Montana, Ingrid Gustafson, derrotó a su rival, James Brown, un republicano respaldado por el gobernador republicano del estado y los líderes del partido que buscaban revertir un fallo judicial de 1999 de que la constitución estatal protege el derecho al aborto.
Pero el aborto no fue el único problema de salud en las papeletas estatales del martes.
En Arizona, una pregunta electoral para limitar el interés de la deuda médica estaba ganando fácilmente con el 60% de los votos contados. En Oregon, sin embargo, una cuestión en su mayoría inaplicable que declaraba un “derecho a la atención médica” en la constitución estatal estaba perdiendo por poco con el 64% de los votos escrutados.
En medidas más específicas, los votantes de California aprobaron la prohibición de los productos de tabaco con sabor, mientras que los votantes de Massachusetts apoyaron a los dentistas sobre las compañías de seguros al aprobar el requisito de que al menos el 83% de las primas del seguro dental se gasten en atención dental directa. Massachusetts no es el primer estado en imponer tal requisito.
En Iowa, los defensores del derecho a portar armas lograron una victoria con la fácil aprobación de una enmienda constitucional que declara que los habitantes del estado tienen “un derecho individual fundamental” a poseer y portar armas, y que cualquier restricción sobre las armas debe pasar por un “escrutinio estricto” en los tribunales. Para el miércoles por la mañana, con 97 de 99 condados reportando boletas, la enmienda tenía el respaldo del 65% de los votantes de Iowa.
Durante varias semanas al año, el trabajo de la enfermera-comadrona Karen Sheffield-Abdullah es detectivesco. Con un equipo de investigadores médicos del Departamento de Salud Pública de Carolina del Norte examina los registros hospitalarios y los informes forenses de las madres que murieron después de dar a luz.
Estos comités de revisión de la mortalidad materna buscan pistas sobre lo que ha contribuido a estas muertes —recetas que nunca se recogieron, faltar a citas médicas postnatales, señales de alerta que los médicos pasaron por alto—, para averiguar cuántas podrían haberse evitado y cómo.
Los comités trabajan en 36 estados, y en la última y mayor recopilación de datos de este tipo, publicada en septiembre por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), un sorprendente 84% de las muertes relacionadas con el embarazo se consideraron prevenibles.
Lo que resulta aún más alarmante para enfermeras-detectives como Sheffield-Abdullah es que el 53% de las muertes se produjeron mucho después de que las mujeres fueran dadas de alta del hospital, entre siete días y un año después del parto.
“Estamos muy centrados en el bebé”, afirma. “Una vez que el bebé está aquí, es casi como si la madre fuera descartada… Y en lo que realmente tenemos que pensar es en ese cuarto trimestre, ese tiempo después del nacimiento del bebé”.
Las condiciones de salud mental fueron la principal causa subyacente de muertes maternas entre 2017 y 2019. Las blancas no hispanas y las hispanas fueron las más propensas a morir por suicidio o sobredosis de drogas, mientras que los problemas cardíacos fueron la principal causa de muerte para las mujeres negras no hispanas.
Ambas circunstancias ocurren desproporcionadamente más tarde en el período posparto, según el informe de los CDC.
Los datos revelan múltiples deficiencias en el sistema de atención a las nuevas madres, desde los obstetras que no están adiestrados (o bien pagados) para buscar signos de problemas mentales o de adicción, hasta las pólizas que despojan a las mujeres de la cobertura médica poco después de dar a luz.
El principal problema es que el típico control postnatal de seis semanas es demasiado tarde, según Sheffield-Abdullah. En los datos de Carolina del Norte, las nuevas madres que murieron más tarde no acudieron a esta cita porque tenían que volver al trabajo o tenían otros niños pequeños, agregó.
“Tenemos que estar realmente en contacto mientras están en el hospital”, dijo Sheffield-Abdullah, y luego asegurarnos de que las pacientes reciban la atención de seguimiento adecuada “una o dos semanas después del parto”.
Otra de las recomendaciones de los CDC es más pruebas de detección de depresión y ansiedad posparto, durante todo el año posterior al parto, así como una mejor coordinación de la atención entre los servicios médicos y sociales, según David Goodman, que dirige el equipo de prevención de mortalidad materna de la División de Salud Reproductiva de los CDC, que publicó el informe.
Una crisis frecuente es que la adicción de uno de los padres se agrava tanto que los servicios de protección infantil se llevan al bebé, lo que precipita una sobredosis accidental o intencionada de la madre. Tener acceso al tratamiento y asegurarse de que las visitas a los niños se produzcan con regularidad podría ser la clave para prevenir estas muertes, apuntó Goodman.
El cambio político más importante ha sido la ampliación de la cobertura sanitaria gratuita a través de Medicaid, indicó. Hasta hace poco, la cobertura de Medicaid relacionada con el embarazo solía expirar dos meses después del parto, lo que obligaba a las mujeres a dejar de tomar medicamentos o de acudir a un terapeuta o a un médico porque no podían pagar el costo sin seguro médico.
Ahora, 36 estados han ampliado o tienen previsto ampliar la cobertura de Medicaid hasta un año completo después del parto, en parte como respuesta a los primeros trabajos de los comités de revisión de la mortalidad materna.
“Si esto no es una llamada a la acción, no sé qué es”, señaló Adrienne Griffen, directora ejecutiva de la Maternal Mental Health Leadership Alliance, una organización sin fines de lucro centrada en la política nacional. “Hace tiempo que sabemos que los problemas de salud mental son la complicación más común del embarazo y el parto. Solo que no hemos tenido la voluntad de hacer algo al respecto”.
El último estudio de los CDC de septiembre analizó 1,018 muertes en 36 estados, casi el doble de los 14 estados que participaron en el informe anterior. Los CDC están dando aún más fondos para las revisiones de la mortalidad materna, dijo Goodman, con la esperanza de captar datos más completos de más estados en el futuro.
El aumento de la concientización y la atención sobre la mortalidad materna les ha dado esperanza a activistas y médicos, especialmente por los esfuerzos para corregir las disparidades raciales: las mujeres negras tienen tres veces más probabilidades de morir por complicaciones relacionadas con el embarazo que las blancas.
Pero muchos de estos mismos partidarios de una mejor atención materna dicen estar consternados por la reciente decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos de erradicar el derecho federal al aborto; las restricciones en torno a la atención de la salud reproductiva, dicen, erosionarán los avances.
“Cada vez más el mensaje es que ‘no eres dueña de tu cuerpo’”, dijo Jameta Nicole Barlow, profesora adjunta de redacción, política y gestión sanitaria en la Universidad George Washington.
Según Barlow, esto no hará más que agravar los problemas de salud mental que experimentan las mujeres en torno al embarazo, especialmente las mujeres negras, que también se enfrentan a la larga historia intergeneracional de la esclavitud y el embarazo forzado. Sospecha que las cifras de mortalidad materna empeorarán antes de mejorar, debido a la interrelación entre la política y la psicología.
“Hasta que no abordemos lo que está ocurriendo políticamente”, dijo, “no vamos a poder ayudar a lo que está ocurriendo psicológicamente”.
Esta historia es parte de una alianza que incluye a KQED, NPR, y KHN.
Cuando Katie Couric compartió la noticia de su diagnóstico de cáncer de mama, la ex presentadora del programa Today de NBC dijo que veía este nuevo reto de salud como un momento para animar a la gente a hacerse pruebas de detección de cáncer.
“Por favor, háganse su mamografía anual”, escribió en su página web el mes pasado. “Pero igual de importante, averigüen si necesitan pruebas adicionales”.
En el ensayo, Couric, de 65 años, explicaba que, como tiene senos densos, se hace una prueba de ultrasonido además de la mamografía todos los años para detectar el cáncer de seno. La ecografía mamaria, también llamada sonograma, utiliza ondas sonoras para tomar imágenes del tejido mamario.
A veces puede identificar tumores malignos que son difíciles de detectar en una mamografía en mujeres con pechos densos, que significa tener una alta proporción de tejido fibroso y glándulas, y menos tejido graso.
Couric, que se sometió a una colonoscopía en vivo en televisión después de que su primer esposo muriera de cáncer de colon, y que perdió a una hermana por cáncer de páncreas, lleva mucho tiempo abogando por mejores opciones de detección.
Expertos en cáncer de seno aplaudieron a Couric por llamar la atención sobre la densidad mamaria como factor de riesgo de cáncer. Pero no coinciden con su defensa de las pruebas complementarias.
“No tenemos pruebas de que la revisión auxiliar reduzca la mortalidad por cáncer de mama o mejore la calidad de vida”, dijo la doctora Carol Mangione, profesora de medicina y salud pública de UCLA que preside el Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de Estados Unidos, un grupo de expertos médicos que hace recomendaciones sobre servicios preventivos tras sopesar beneficios y daños.
Couric no respondió al pedido de comentarios.
Además de la mamografía anual, algunas mujeres con mamas densas se hacen una ecografía o una resonancia magnética para tratar de identificar las células cancerosas que no se detectan en la mamografía. En la mamografía, el tejido fibroso denso aparece de color blanco y hace más difícil ver un cáncer, que también se ve blanco. El tejido mamario graso, que aparece oscuro en la mamografía, no oculta los cánceres de mama.
Dado que la tomosíntesis digital de las mamas, o mamografía en 3D, está cada vez más extendida, un número creciente de mujeres se hace esta prueba de chequeo en lugar de la mamografía estándar en 2D.
La mamografía 3D reduce el número de falsos positivos y parece identificar más cánceres en algunas mujeres con mamas densas, aunque se desconoce el impacto en la mortalidad.
El grupo de trabajo da una calificación de “I” a la ecografía para las mujeres con mamas densas cuyos resultados de la mamografía no indican ningún problema. Esto significa que la evidencia actual es insuficiente para evaluar si los beneficios superan los daños del examen adicional.
Uno de los principales efectos nocivos que preocupa a los investigadores son los falsos positivos.
Las imágenes complementarias en mujeres que no tienen un riesgo elevado de padecer cáncer de mama pueden identificar posibles puntos problemáticos, lo que puede dar lugar a pruebas de seguimiento, como biopsias, que son invasivas y suelen aumentar el temor de las pacientes al cáncer. Pero la investigación ha descubierto que muy a menudo estos resultados resultan ser falsas alarmas.
Si 1,000 mujeres con senos densos se someten a una ecografía tras una mamografía negativa, la ecografía identificará entre dos y tres cánceres, según los estudios. Pero las imágenes adicionales también identificarán hasta 117 problemas potenciales que llevan a visitas y pruebas de seguimiento, pero que finalmente se determinan como falsos positivos.
“Por un lado, queremos hacer todo lo posible para mejorar la detección”, dijo la doctora Sharon Mass, ginecóloga y obstetra en Morristown, New Jersey, y ex presidenta de la sección de New Jersey del Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos. “Pero, por otro lado, hay muchos costos y angustia emocional” asociados a los resultados falsos positivos.
“Recomendamos tener una conversación con un proveedor de atención médica, y que las pacientes entiendan si sus senos son densos”, dijo Mass. “Pero no recomendamos que todo el mundo se haga la prueba”.
En particular, para aproximadamente el 8% de las mujeres que tienen senos extremadamente densos, vale la pena tener una conversación con un médico sobre la detección adicional, dijo Mass.
Del mismo modo, para las mujeres con senos densos que tienen factores de riesgo adicionales para el cáncer de mama, como antecedentes familiares de la enfermedad o un historial personal de biopsias de mama para comprobar los cánceres sospechosos, la ecografía puede tener sentido, dijo.
Las mamas densas son relativamente comunes. En Estados Unidos, se calcula que el 43% de las mujeres mayores de 40 años tiene mamas consideradas densas o extremadamente densas. Además de dificultar la interpretación de las mamografías, las mujeres con mamas densas tienen hasta el doble de probabilidades de desarrollar cáncer de mama que las mujeres con senos de densidad media, según las investigaciones.
Estudios han demostrado que las mamografías reducen la mortalidad por cáncer de seno. Sin embargo, aunque parece intuitivo que un mayor número de pruebas mejore las probabilidades de vencer al cáncer, las investigaciones no han demostrado que las mujeres tengan menos probabilidades de morir de cáncer de mama si se hacen una ecografía o una resonancia magnética suplementaria tras un resultado negativo de la mamografía.
Treinta y ocho estados y el Distrito de Columbia tienen leyes que exigen que se notifique a las pacientes sobre la densidad mamaria después de una mamografía, aunque no todas ordenan que se informe a las mujeres sobre su propia situación. Algunos estados exigen que las aseguradoras cubran las pruebas complementarias.
En 2019, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) propuso que la información sobre la densidad mamaria se incorporara a las cartas que reciben las pacientes después de una mamografía. Esa regla aún no se ha concretado, pero la agencia indicó a los legisladores que espera emitirla a más tardar a principios de 2023.
Las pruebas de imagen complementarias pueden ser caras si el plan de salud no las cubre. Una ecografía puede costar $250, mientras que un MRI puede salir $1,084 si se paga del propio bolsillo, según la Brem Foundation to Defeat Breast Cancer.
La diputada Rosa DeLauro (demócrata de Connecticut) tuiteó que está trabajando en un proyecto de ley con Couric que cubriría los MRI y las ecografías para las mujeres con mamas densas.
Algunos médicos recomiendan otras medidas que pueden ser más eficaces que las pruebas adicionales para las mujeres con senos densos que quieren reducir su riesgo de cáncer de mama.
“Si realmente quieres ayudarte a tí misma, pierde peso”, dijo la doctora Karla Kerlikowske, profesora de medicina y epidemiología/bioestadística de la Universidad de California-San Francisco, que ha desarrollado calculadoras para ayudar a las personas a evaluar su riesgo de cáncer de mama. “Modera su consumo de alcohol y evita la sustitución hormonal a largo plazo. Son cosas que puedes controlar”.
