Tag: Disabilities

En Colorado, reevalúan leyes formuladas para proteger a los menores

Hace más de 60 años, legisladores en Colorado adoptaron la idea de que la intervención temprana podría prevenir el abuso infantil y salvar vidas. El requisito del estado de que ciertos profesionales informaran a las autoridades cuando sospechaban que un niño había sido maltratado o descuidado fue una de las primeras leyes de informes obligatorios en la nación.

Desde entonces, estas leyes se han expandido a nivel nacional para abarcar más tipos de maltrato, incluido el abandono, que ahora representa la mayoría de los informes, y han aumentado el número de profesiones obligadas a informar. En algunos estados, se requiere que todos los adultos informen lo que sospechan que pueda ser un caso de abuso o negligencia.

Pero ahora hay esfuerzos en Colorado y otros estados para revertir estas leyes, argumentando que el resultado ha sido demasiados informes infundados, que perjudican desproporcionadamente a las familias que son pobres, negras, indígenas o tienen miembros con discapacidades.

“Hay una larga y deprimente historia basada en el enfoque de que nuestra respuesta principal a una familia en dificultades es reportar”, dijo Mical Raz, médica e historiadora de la Universidad de Rochester en Nueva York. “Ahora hay una gran cantidad de evidencia que demuestra que más informes no están asociados con mejores resultados para los niños”.

Stephanie Villafuerte, defensora del pueblo para la protección infantil de Colorado, supervisa un grupo de trabajo para reexaminar las leyes de informes obligatorios del estado. Dijo que el grupo busca equilibrar la necesidad de informar casos legítimos de abuso y negligencia con el deseo de eliminar informes inapropiados.

“Esto está diseñado para ayudar a las personas que se ven afectadas de manera desproporcionada”, dijo Villafuerte. “Espero que la combinación de estos esfuerzos pueda marcar la diferencia”.

A algunos críticos les preocupa que los cambios a la ley pueda dar lugar a que se pasen por alto casos de abuso. Los trabajadores médicos y de cuidado infantil que forman parte del grupo de trabajo han expresado preocupación sobre la responsabilidad legal.

Aunque es raro que las personas sean acusadas penalmente por no informar, también pueden enfrentar responsabilidad civil o repercusiones profesionales, incluidas amenazas a sus licencias.

El ser reportado a los servicios de protección infantil se está volviendo cada vez más común. Más de 1 de cada 3 niños en el país será objeto de una investigación de abuso y negligencia infantil para cuando cumplan 18 años, según una estimación que se cita con frecuencia, un estudio de 2017 financiado por la Oficina de Niños del Departamento de Salud y Servicios Humanos.

A las familias negras y nativas americanas, las familias pobres y los padres o niños con discapacidades se las mira con lupa. La investigación ha encontrado que, entre estos grupos, los padres tienen más probabilidades de perder los derechos parentales y los niños tienen más probabilidades de terminar en hogares temporales.

En una abrumadora mayoría de investigaciones, no se confirma ningún abuso o negligencia. Sin embargo, los que estudian cómo afectan estas investigaciones a las familias las describen como aterradoras y aislantes.

En Colorado, el número de informes de abuso y negligencia infantil ha aumentado un 42% en la última década, y alcanzó un récord de 117,762 el año pasado, según datos estatales. Aproximadamente, otras 100,000 llamadas a la línea directa no se contaron como informes porque eran solicitudes de información o se referían a asuntos como la manutención de los hijos o la protección de adultos, dijeron oficiales del Departamento de Servicios Humanos de Colorado.

El aumento de los informes se puede rastrear hasta una política que alienta a una amplia gama de profesionales —incluidos el personal escolar y médico, terapeutas, entrenadores, miembros del clero, bomberos, veterinarios, dentistas y trabajadores sociales— a llamar a una línea directa cada vez que tengan una preocupación.   

Estas llamadas no reflejan un aumento en el maltrato. Más de dos tercios de los informes que reciben las agencias en Colorado se desestiman porque no cumplen con el umbral para la investigación. De los niños cuyos casos se evalúan, se comprueba que el 21% ha sufrido abuso o negligencia. El número real de casos confirmados no ha aumentado en la última década.

Si bien los estudios no demuestran que las leyes que obligan a informar mantengan seguros a los niños, informó el grupo de trabajo de Colorado en enero, hay evidencia de daño. “El informe obligatorio impacta desproporcionadamente a las familias de color”, iniciando el contacto entre los servicios de protección infantil y familias que no presentan preocupaciones por abuso o negligencia, dijo el grupo de trabajo.

Este grupo también está analizando si una mejor selección podría mitigar “el impacto desproporcionado del informe obligatorio en comunidades con recursos limitados, comunidades de color y personas con discapacidades”.

También señaló que la única forma de informar preocupaciones sobre un niño es con un informe formal a una línea directa. Sin embargo, muchas de esas llamadas no son para informar sobre abuso en absoluto, sino intentos de conectar a niños y familias con recursos como alimentos o asistencia para la vivienda.

Los que llaman a la línea directa pueden querer ayudar, pero las familias que son objeto de informes erróneos de abuso y negligencia rara vez lo ven de esa manera.

Esto incluye a Meighen Lovelace, que vive en una zona rural de Colorado y que pidió a KFF Health News que no revelara su ciudad natal por temor a atraer la atención no deseada de funcionarios locales. Para la hija de Lovelace, que es neurodivergente y tiene discapacidades físicas, los informes comenzaron en 2015, cuando empezó el preescolar a los 4 años.

Los maestros y proveedores médicos que hacían los informes a menudo sugerían que la agencia de servicios humanos del condado podría ayudar a la familia de Lovelace. Pero las investigaciones que siguieron fueron invasivas y traumáticas.

“Nuestro mayor temor latente es, ‘¿van a llevarse a nuestros hijos?’”, dijo Lovelace, quien es defensora de la Colorado Cross-Disability Coalition, una organización que aboga por los derechos civiles de las personas con discapacidades.

“Tenemos miedo de pedir ayuda. Nos está impidiendo ingresar a los servicios debido al miedo al bienestar infantil”, expresó.

Funcionarios de servicios humanos, estatales y del condado, dijeron que no podían comentar sobre casos específicos.

El grupo de trabajo de Colorado planea sugerir aclarar las definiciones de abuso y negligencia bajo la ley de informe obligatorio del estado. Los que tienen que informar no deben “hacer un informe únicamente debido a la raza, clase o género de una familia/niño”, ni debido a una vivienda, muebles, ingresos o ropa inadecuados. Además, no debe haber un informe basado únicamente en el “estado de discapacidad del menor, padre o tutor”, según la recomendación preliminar del grupo.

También planean recomendar capacitación adicional para los que tienen la obligación de informar, ayuda para profesionales que están decidiendo si hacer una llamada o no, y un número de teléfono alternativo, o “línea directa cálida”, para casos en los que los que llaman creen que una familia necesita ayuda material, en lugar de vigilancia.

Los críticos dicen que estos cambios podrían dejar a más niños vulnerables a abusos no denunciados.

“Me preocupa que agregando sistemas como la línea directa cálida, se nos escabullan los casos en lo que los niños están en verdadero peligro, y que no reciban ayuda”, dijo Hollynd Hoskins, abogada que representa a víctimas de abuso infantil.

Hoskins ha demandado a profesionales que no informan sus sospechas.

El grupo de trabajo de Colorado incluye a funcionarios de salud y educación, fiscales, defensores de las víctimas, representantes del bienestar infantil del condado y abogados, así como a cinco personas que tienen experiencia en el sistema de bienestar infantil. Planea finalizar sus recomendaciones a principios del próximo año con la esperanza de que los legisladores estatales consideren cambios en la política en 2025. La implementación de cualquier nueva ley podría llevar varios años.

Colorado es uno de varios estados, incluidos Nueva York y California, que han considerado recientemente cambios para restringir, en lugar de expandir, el informe sobre supuestos abusos.

En la ciudad de Nueva York, se está capacitando a los maestros para que lo piensen dos veces antes de hacer un informe, mientras que el estado de Nueva York introdujo una “línea directa cálida” para ayudar a conectar a las familias con recursos como vivienda y cuidado infantil.

En California, un grupo de trabajo estatal destinado a cambiar del “informe obligatorio al apoyo comunitario” está planeando recomendaciones similares a las de Colorado.

Entre los que abogan por el cambio están las personas con experiencia en el sistema de bienestar infantil. Incluyen a Maleeka Jihad, quien lidera la Coalición MJCF con sede en Denver, que aboga por la abolición del informe obligatorio junto con el resto del sistema de bienestar infantil, citando su daño a las comunidades negras, nativas americanas y latinas.

“El informe obligatorio es otra forma de mantenernos vigilados por blancos [no hispanos]”, dijo Jihad. A él mismo cuando era niño lo arrebataron del cuidado de un padre amoroso y lo colocaron en el sistema temporal.

La reforma no es suficiente, dijo. “Sabemos lo que necesitamos, y generalmente son fondos y recursos”. Algunos de estos recursos —como vivienda asequible y cuidado infantil— no existen a un nivel suficiente para todas las familias de Colorado que los necesitan, dijo Jihad.  

Otros servicios están disponibles, pero hay que encontrarlos. Lovelace dijo que los informes disminuyeron después que la familia obtuvo la ayuda que necesitaba, en forma de una exención de Medicaid que pagaba por atención especializada para las discapacidades de su hija.

Ahora, la niña está en séptimo grado y le va bien. Ninguno de los trabajadores sociales que visitaron a la familia mencionó la exención, dijo Lovelace. “Realmente creo que no sabían nada al respecto”.

Related Topics


Contact Us

Submit a Story Tip

Mandatory Reporting Laws Meant To Protect Children Get Another Look

More than 60 years ago, policymakers in Colorado embraced the idea that early intervention could prevent child abuse and save lives. The state’s requirement that certain professionals tell officials when they suspect a child has been abused or neglected was among the first mandatory reporting laws in the nation.

Since then, mandatory reporting laws have expanded nationally to include more types of maltreatment — including neglect, which now accounts for most reports — and have increased the number of professions required to report. In some states, all adults are required to report what they suspect may be abuse or neglect.

But now there are efforts in Colorado and other states to roll back these laws, saying the result has been too many unfounded reports, and that they disproportionately harm families that are poor, Black, or Indigenous, or have members with disabilities.

“There’s a long, depressing history based on the approach that our primary response to a struggling family is reporting,” said Mical Raz, a physician and historian at the University of Rochester in New York. “There’s now a wealth of evidence that demonstrates that more reporting is not associated with better outcomes for children.”

Stephanie Villafuerte, Colorado’s child protection ombudsman, oversees a task force to reexamine the state’s mandatory reporting laws. She said the group is seeking to balance a need to report legitimate cases of abuse and neglect with a desire to weed out inappropriate reports.

“This is designed to help individuals who are disproportionately impacted,” Villafuerte said. “I’m hoping it’s the combination of these efforts that could make a difference.”

Some critics worry that changes to the law could result in missed cases of abuse. Medical and child care workers on the task force have expressed concern about legal liability. While it’s rare for people to be criminally charged for failure to report, they can also face civil liability or professional repercussions, including threats to their licenses.

Being reported to child protective services is becoming increasingly common. More than 1 in 3 children in the United States will be the subject of a child abuse and neglect investigation by the time they turn 18, according to the most frequently cited estimate, a 2017 study funded by the Department of Health and Human Services’ Children’s Bureau.

Black and Native American families, poor families, and parents or children with disabilities experience even more oversight. Research has found that, among these groups, parents are more likely to lose parental rights and children are more likely to wind up in foster care.

In an overwhelming majority of investigations, no abuse or neglect is substantiated. Nonetheless, researchers who study how these investigations affect families describe them as terrifying and isolating.

In Colorado, the number of child abuse and neglect reports has increased 42% in the past decade and reached a record 117,762 last year, according to state data. Roughly 100,000 other calls to the hotline weren’t counted as reports because they were requests for information or were about matters like child support or adult protection, said officials from the Colorado Department of Human Services.

The increase in reports can be traced to a policy of encouraging a broad array of professionals — including school and medical staff, therapists, coaches, clergy members, firefighters, veterinarians, dentists, and social workers — to call a hotline whenever they have a concern.

These calls don’t reflect a surge in mistreatment. More than two-thirds of the reports received by agencies in Colorado don’t meet the threshold for investigation. Of the children whose cases are assessed, 21% are found to have experienced abuse or neglect. The actual number of substantiated cases has not risen over the past decade.

While studies do not demonstrate that mandatory reporting laws keep children safe, the Colorado task force reported in January, there is evidence of harm. “Mandatory reporting disproportionately impacts families of color” — initiating contact between child protection services and families who routinely do not present concerns of abuse or neglect, the task force said.

The task force said it is analyzing whether better screening might mitigate “the disproportionate impact of mandatory reporting on under-resourced communities, communities of color and persons with disabilities.”

The task force pointed out that the only way to report concerns about a child is with a formal report to a hotline. Yet many of those calls are not to report abuse at all but rather attempts to connect children and families with resources like food or housing assistance.

Hotline callers may mean to help, but the families who are the subjects of mistaken reports of abuse and neglect rarely see it that way.

That includes Meighen Lovelace, a rural Colorado resident who asked KFF Health News not to disclose their hometown for fear of attracting unwanted attention from local officials. For Lovelace’s daughter, who is neurodivergent and has physical disabilities, the reports started when she entered preschool at age 4 in 2015. The teachers and medical providers making the reports frequently suggested that the county human services agency could assist Lovelace’s family. But the investigations that followed were invasive and traumatic.

“Our biggest looming fear is, ‘Are you going to take our children away?’” said Lovelace, who is an advocate for the Colorado Cross-Disability Coalition, an organization that lobbies for the civil rights of people with disabilities. “We’re afraid to ask for help. It’s keeping us from entering services because of the fear of child welfare.”

State and county human services officials said they could not comment on specific cases.

The Colorado task force plans to suggest clarifying the definitions of abuse and neglect under the state’s mandatory reporting statute. Mandatory reporters should not “make a report solely due to a family/child’s race, class or gender,” nor because of inadequate housing, furnishings, income or clothing. Also, there should not be a report based solely on the “disability status of the minor, parent or guardian,” according to the group’s draft recommendation.

The task force plans to recommend additional training for mandatory reporters, help for professionals who are deciding whether to make a call, and an alternative phone number, or “warmline,” for cases in which callers believe a family needs material assistance, rather than surveillance.

Critics say such changes could leave more children vulnerable to unreported abuse.

“I’m concerned about adding systems such as the warmline, that kids who are in real danger are going to slip through the cracks and not be helped,” said Hollynd Hoskins, an attorney who represents victims of child abuse. Hoskins has sued professionals who fail to report their suspicions.

The Colorado task force includes health and education officials, prosecutors, victim advocates, county child welfare representatives and attorneys, as well as five people who have experience in the child welfare system. It intends to finalize its recommendations by early next year in the hope that state legislators will consider policy changes in 2025. Implementation of any new laws could take several years.

Colorado is one of several states — including New York and California — that have recently considered changes to restrain, rather than expand, reporting of abuse. In New York City, teachers are being trained to think twice before making a report, while New York state introduced a warmline to help connect families with resources like housing and child care. In California, a state task force aimed at shifting “mandated reporting to community supporting” is planning recommendations similar to Colorado’s.

Among those advocating for change are people with experience in the child welfare system. They include Maleeka Jihad, who leads the Denver-based MJCF Coalition, which advocates for the abolition of mandatory reporting along with the rest of the child welfare system, citing its damage to Black, Native American, and Latino communities.

“Mandatory reporting is another form of keeping us policed and surveillanced by whiteness,” said Jihad, who as a child was taken from the care of a loving parent and placed temporarily into the foster system. Reform isn’t enough, she said. “We know what we need, and it’s usually funding and resources.”

Some of these resources — like affordable housing and child care — don’t exist at a level sufficient for all the Colorado families that need them, Jihad said.

Other services are out there, but it’s a matter of finding them. Lovelace said the reports ebbed after the family got the help it needed, in the form of a Medicaid waiver that paid for specialized care for their daughter’s disabilities. Their daughter is now in seventh grade and doing well.

None of the caseworkers who visited the family ever mentioned the waiver, Lovelace said. “I really think they didn’t know about it.”

Related Topics


Contact Us

Submit a Story Tip