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Cómo afecta el cierre del gobierno a los programas de salud

No parece haber un final a la vista para el actual cierre parcial del gobierno, el tercero desde el inicio de la administración Trump.

Sin embargo, para la gran mayoría de los esfuerzos de salud pública del gobierno federal, el negocio sigue como siempre.

Esto se debe a que el Congreso ya ha aprobado cinco de sus principales proyectos de ley de asignaciones, financiando a cerca de tres cuartas partes del gobierno federal, incluido el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) y el Departamento de Asuntos de Veteranos (VA).

Pero hay siete proyectos de ley pendientes, incluidos los que financian a los departamentos de Interior, Agricultura y Justicia, y eso restringe algunas iniciativas importantes relacionadas con la salud.

El cierre en sí no se trata de políticas de salud. Es el resultado de las diferencias de opinión entre la administración y los demócratas del Congreso con respecto al muro que Trump quiere construir en la frontera. Pero, sin embargo, es de largo alcance. Así es cómo están las cosas:

La financiación para los programas de salud de “alto impacto” ya está en marcha, aliviando gran parte del impacto potencial inmediato del cierre.

Dado que los fondos del HHS se establecen hasta septiembre, los programas gubernamentales de atención médica más importantes, como Obamacare, Medicare y Medicaid, están protegidos.

Esto también se aplica a la vigilancia de salud pública, como el seguimiento del virus de la gripe, una responsabilidad de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC). Los Institutos Nacionales de Salud (NIH), que supervisan las principales investigaciones biomédicas, también están seguros. Es un marcado contraste con el cierre de enero de 2018, que envió a casa a casi la mitad del personal de HHS.

Pero algunas otras operaciones de salud pública son vulnerables debido a flujos de financiamiento más complicados.

Aunque la Administración de Drogas y Alimentos (FDA) se encuentra bajo el paraguas del HHS, recibe fondos importantes para sus operaciones de inocuidad de los alimentos a través del proyecto de ley de gastos del Departamento de Agricultura, que está totalmente atrapado en el cierre.

El año pasado, eso contabilizó un estimado de $2.9 mil millones para respaldar, entre otras cosas, estos esfuerzos de supervisión de la FDA, que involucran de todo, desde el retiro de alimentos por posibles contaminaciones hasta las inspecciones de rutina de las instalaciones y la regulación de cosméticos. No tener esos dólares ahora significa, según el plan de contingencia de la FDA, que aproximadamente el 40% de la agencia, miles de trabajadores federales, se mantendrá suspendido hasta nuevo aviso.

Las responsabilidades de la FDA para la aprobación y supervisión de medicamentos están financiadas por las tarifas de los usuarios y generalmente no se ven afectadas. La regulación de los productos del tabaco también continúa.

Los servicios de salud para los nativos americanos también están suspendidos.

Debido a que el Congreso aún tiene que aprobar los fondos para el Servicio de Salud para Indígenas (IHS), que está a cargo del HHS, pero obtiene su dinero a través del Departamento del Interior, IHS siente todo el peso del cierre. Los únicos servicios que pueden continuar son aquellos que satisfacen las “necesidades inmediatas de los pacientes, el personal médico y las instalaciones médicas”, según el plan de contingencia frente al cierre.

Eso incluye clínicas administradas por IHS, que brindan atención médica directa a tribus de todo el país. Estas instalaciones están abiertas y muchos empleados se reportan a trabajar porque se los considera “exceptuados”, dijo Jennifer Buschik, vocera de la agencia. Pero no se les pagará hasta que el Congreso y la administración lleguen a un acuerdo.

Otros programas de IHS están teniendo un impacto más directo. Por ejemplo, la agencia ha suspendido las subvenciones que apoyan los programas de salud tribales, así como las clínicas de salud preventivas administradas por la Oficina de Programas Urbanos de Salud Indígena.

Los esfuerzos de salud pública del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) enfrentan serias limitaciones.

La Oficina de Asuntos de Salud del Departamento de Seguridad Nacional evalúa las amenazas que presentan enfermedades infecciosas, pandemias y ataques biológicos y químicos. En estos días tiene menos personal, y se seguirá reduciendo, según el plan de contingencia de cierre del departamento.

Es probable que otros trabajadores de salud del DHS trabajen sin remuneración, por ejemplo, inspectores de salud en la frontera, dijo Peter Boogaard, quien fue vocero de la agencia bajo la administración Obama. Según el plan de DHS, la gran mayoría de los empleados de la patrulla fronteriza continuarán trabajando durante el cierre.

EPA también se ha quedado sin fondos. De acuerdo con su plan de contingencia, mantiene a más de 700 empleados sin paga, incluidos aquellos que trabajan en actividades donde la “amenaza para la vida o la propiedad es inminente”. (Más de 13,000 trabajadores de EPA han sido despedidos).

Eso limita la capacidad de la agencia para realizar actividades que incluyen inspeccionar el agua que beben las personas y regular los pesticidas.

Pero no se trata solo sobre regulaciones. Los riesgos para la salud pública son viscerales y, a veces, francamente, bastante desagradables.

Solo hay que mirar las noticias sobre el Servicio de Parques Nacionales, que ha interrumpido el mantenimiento de baños y el servicio de recolección de basura por falta de fondos. El domingo 30, el Parque Nacional de Yosemite en California cerró sus campamentos. El miércoles 2, el Parque Nacional Joshua Tree, también en California, hizo lo mismo.

¿Por qué? Según un comunicado de prensa: “El parque se ve obligado a tomar esta acción por motivos de salud y seguridad a medida que se llenan los contenedores de los inodoros”.

How The Government Shutdown Affects Health Programs

There seems to be no end in sight for the current partial government shutdown, the third since the beginning of the Trump administration.

For the vast majority of the federal government’s public health efforts, though, it’s business as usual.

That’s because Congress has already passed five of its major appropriations bills, funding about three-fourths of the federal government, including the Department of Health and Human Services and the Department of Veterans Affairs.

But seven bills are outstanding — including those that fund the Interior, Agriculture and Justice departments — and that puts the squeeze on some important health-related initiatives.

The shutdown itself is not about health policies. It’s the result of differences of opinion between the administration and congressional Democrats regarding Trump’s so-called border wall. But it’s far-reaching, nonetheless. Here’s where things stand:

Funding for “big-ticket” health programs is already in place, alleviating much of the shutdown’s immediate potential impact.

Since HHS funding is set through September, the flagship government health care programs — think Obamacare, Medicare and Medicaid — are insulated.

That’s also true of public health surveillance, like tracking the flu virus, a responsibility of the Centers for Disease Control and Prevention. The National Institutes of Health, which oversees major biomedical research, is also fine. It’s a stark contrast to last January’s shutdown, which sent home about half of HHS’s staff.

But some other public health operations are vulnerable because of complicated funding streams.  

Although the Food and Drug Administration falls under the HHS umbrella, it receives significant funding for its food safety operations through the Department of Agriculture, which is entirely caught up in the shutdown.

The USDA provided an estimated $2.9 billion last year to the FDA for these oversight efforts, which involve everything from food recalls to routine facility inspections and cosmetics regulation. Not having those dollars now means, according to the FDA contingency plan, that about 40 percent of the agency — thousands of government workers — is furloughed.

The FDA’s responsibilities for drug approval and oversight are funded by user fees and are not affected. Regulation of tobacco products is also continuing.

Health services for Native Americans are also on hold.

Because Congress has yet to approve funding for the Indian Health Service, which is run by HHS but gets its money through the Department of the Interior, IHS feels the full weight of the shutdown. The only services that can continue are those that meet “immediate needs of the patients, medical staff, and medical facilities,” according to the shutdown contingency plan.

 

That includes IHS-run clinics, which provide direct health care to tribes around the country. These facilities are open, and many staffers are reporting to work because they are deemed “excepted,” said Jennifer Buschik, an agency spokeswoman. But they will not be paid until Congress and the administration reach a deal.

Other IHS programs are taking a more direct hit. For example, the agency has suspended grants that support tribal health programs, as well as preventive health clinics run by the Office of Urban Indian Health Programs.

Public health efforts by Homeland Security and the EPA face serious constraints.

The Department of Homeland Security’s Office of Health Affairs assesses threats posed by infectious diseases, pandemics and biological and chemical attacks. It is supposed to be scaling back, according to the department’s shutdown contingency plan. This office is just one component of the 204-person Countering Weapons of Mass Destruction Office, which is retaining about 65 employees during the funding gap.

Other DHS health workers are likely to work without pay — for instance, health inspectors at the border, said Peter Boogaard, who was an agency spokesman under the Obama administration. According to DHS’s plan, the vast majority of border patrol employees will continue working through the shutdown.

The Environmental Protection Agency has also run out of funding. According to its contingency plan, it’s keeping on more than 700 employees without pay, including those who work on Superfund sites or other activities where the “threat to life or property is imminent.” (More than 13,000 EPA workers have been furloughed.)

That limits the agency’s capacity for activities including inspecting water that people drink and regulating pesticides.

But it’s not just regulation. The public health stakes are visceral — and sometimes, frankly, pretty gross.

Just look at the National Park Service, which has halted restroom maintenance and trash service for lack of funding. On Sunday, Yosemite National Park in California closed its campgrounds. On Wednesday, Joshua Tree National Park, also in California, did the same.

Why? Per a park service press release: “The park is being forced to take this action for health and safety concerns as vault toilets reach capacity.”